Alberto Reyero: "Se optó por el plató televisivo de IFEMA para desviar la atención de las residencias"

Alberto Reyero (Madrid, 1962) atesora en su cabeza un ovillo de fechas, datos y nombres propios que acaban en un mismo punto: lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid durante las primeras fases de la pandemia, y las decisiones políticas que propiciaron esta situación.

Reyero fue consejero de Políticas Sociales con Ciudadanos, dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desde agosto de 2019 hasta el 2 de octubre de 2020, cuando dimitió. En junio ya tenía claro que quería dejar el puesto, después de tres meses ‘peleándose’ con sus propios compañeros del Gobierno, denunciando lo que consideraba falto de ética y “posiblemente ilegal”, optando por no callarse mientras, a sus espaldas, se redactaban y firmaban lo que después se conocería como protocolos de la vergüenza.

En aquel protocolo, emitido en la fase más letal de la epidemia por covid, se ordenaba que las personas que vivían en residencias y tenían cierto grado de dependencia o discapacidad no fueran trasladadas a los hospitales para ser tratadas. Reyero accedió a este escrito casi por casualidad, y en un principio no dio crédito. Quiso asegurarse de que era un error enviando una serie de correos a los responsables sanitarios de la región, entre ellos el todavía consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este nunca respondió.

La versión oficial que dio posteriormente la Comunidad de Madrid es que estos documentos eran “borradores”, lo cual desmiente con rotundidad el exconsejero Reyero. Las residencias dejaron de derivar pacientes por norma general y tampoco fueron medicalizadas, como se prometió en un principio. Entretanto, el hospital de campaña de IFEMA se levantó a contrarreloj. En el mes y medio en el que se utilizó, 16 personas murieron en este centro, frente a las aproximadamente 5.000 que lo hicieron en residencias madrileñas.

Lo que a todas luces era un escándalo acabó sepultado por el torrente de información de aquellas fechas, por la propaganda política –al menos a juicio de Reyero–, y luego por parte del Partido Popular y Vox, que tumbaron la propuesta para conformar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el drama de las residencias. A falta de dicha investigación, Reyero cuenta su versión de lo ocurrido en Morirán de forma indigna, editado por Libros del K.O.

Usted dice que no le gusta dar la cifra de muertes por miles, porque así se deshumaniza. Pero las 7.000 personas fallecidas suponen que murió casi uno de cada cinco usuarios de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. ¿Cómo es posible que un Gobierno, una sociedad, una opinión pública y una Fiscalía hayan considerado tolerable esto?

En la sociedad española en general se ha instalado lo que se llama edadismo, que no deja de ser discriminación a las personas de mayor edad. Parece que hasta sobran, porque no son personas productivas, y creo que es algo contra lo que nos tenemos que rebelar. Recuerdo un artículo de Adela Cortina en El País, que luego se convirtió en un libro. Decía que la sociedad española respiró con alivio al descubrir que esta epidemia afectaba sobre todo a las personas mayores, y no como había ocurrido hace un siglo con la gripe española, que afectó principalmente a los niños y los adolescentes. 

Se ha instalado esa sensación difusa, que ninguno querríamos reconocer, de que, bueno, al fin y al cabo, les tocaba ya morirse, así que, ¿qué más da? Ante eso, yo me rebelo y me resisto. Porque en la mayoría de los casos no les tocaba morir. Me da igual que pudieran morir dentro de dos o tres años. Cualquiera de nosotros tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda por delante. Es algo contra lo que tenemos que luchar como sociedad. En el fondo, es una discriminación y una violación de los derechos humanos. Las personas mayores tienen el mismo derecho que el resto a recibir atención sanitaria pública; no se les pueden poner barreras simplemente por una cuestión de edad, o de discapacidad, o por una cuestión de dependencia o de vivir en una residencia. 

Dice que se decidió a escribir el libro básicamente porque no tuvo oportunidad de contar todo esto en una comisión de investigación en la Asamblea. ¿Por qué la vetaron PP y Vox?

Realmente hubo una primera comisión que sí salió adelante. En ese momento el voto del PP no era decisivo, así que no pudo oponerse, y votó a favor. Después de mayo de 2021 [cuando Ayuso adelantó y ganó las elecciones], ahí ya se opuso. En el caso del PP, lo repudio, pero hasta lo puedo llegar a entender humanamente. Lo que han intentado siempre es taparlo como sea, que no se hable de este tema, y eso entra en la línea de actuación. Pero en el caso de Vox, es absolutamente incomprensible. Para la primera comisión de investigación ellos presentaron una solicitud de apertura, y en la segunda, un lunes preguntaron a la señora Rocío Monasterio qué iba a hacer en la votación y contestó que sería irresponsable que no se abriera una investigación. El jueves o el viernes, ya dijo que no, que no quería que se abriera la comisión porque era una cosa de rojos o de comunistas, porque la había solicitado la izquierda.

Vox, entre otras cosas, ahí ha demostrado un cinismo terrible. Sus discursos al principio de la pandemia sobre lo que estaba ocurriendo apelaban a los derechos humanos. Pero cuando han tenido la oportunidad de retratarse, cuando su voto ha sido decisivo –porque con él habría salido adelante–, han decidido que no tengamos comisión de investigación. Cuando cierren las puertas de sus casas, me parece que tendrán que preguntarse si están actuando correctamente. 

¿Qué habría preguntado usted en esa comisión de investigación?

Hubiera hecho muchas preguntas. Una esencial es por qué hicieron ese protocolo. Si estaban informados los superiores directos del firmante. Lo único que sabemos es que el director general de Coordinación Sociosanitaria [Carlos Mur] lo firmó. Él dijo que había informado a sus superiores directos. ¿Estaba informada la viceconsejera de Sanidad y el consejero de Sanidad? ¿Estaba informada la presidenta? ¿Conocía el contenido de esos protocolos? Porque lo ha negado absolutamente.

También les preguntaría por una reunión secreta que tuvieron el 11 de marzo y que conocimos muchos meses después porque uno de los asistentes, un ex alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, Antonio Burgueño, lo dijo en una entrevista en El País. En esa reunión estuvieron presentes el consejero de Sanidad, el consejero de Hacienda curiosamente, la presidenta [Díaz Ayuso], el jefe de gabinete [Miguel Ángel Rodríguez], y de ella no se informó ni al vicepresidente [Ignacio Aguado, de Ciudadanos] ni a mí. Por lo que cuenta Burgueño en esa entrevista, lo que hicieron fue encargarle un plan de choque contra el virus, también con medidas relacionadas con las residencias, de las que no se me informaron. El día 11 fue la reunión, el 12 se dio una rueda de prensa en la que se informó del plan, en el que estaba la medicalización de las residencias, y el día 13 a las 9 de la mañana tuvo lugar la primera reunión para elaborar el protocolo. ¿De qué se habló en esa reunión? ¿Del protocolo, de la medicalización? Son preguntas que me gustaría hacer. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué dijeron que eran borradores?

Era un documento firmado digitalmente por un alto cargo. Si empezamos a dudar de cualquier documento oficial que expide la Comunidad, pensaremos que todo es un borrador. Si nos llega una multa de tráfico, diremos que es un borrador, que no sirve de nada. Tenemos que ser serios y no tomar a los ciudadanos por tontos.

Y aunque en algún momento se vendiera como un borrador, lo cierto es que aplicó.

Fue un protocolo que tuvo consecuencias. Sólo hay que mirar las cifras sobre los traslados de residencias a hospitales en esa semana. Se ve que hubo más traslados en los meses anteriores a llegar la pandemia que en la época inmediatamente posterior, en lugar de aumentar por el virus. Los traslados se redujeron de manera considerable, porque había órdenes directas, órdenes políticas –y no médicas, que es lo grave–. Supuso un parón absoluto.

Habitualmente, el 20% de las personas residentes que fallecen lo hacen en la propia residencia y el 80% en los hospitales. Lo que ocurrió en las semanas posteriores a la aplicación del protocolo es que el 80% de las personas fallecieron en la residencia, y sólo el 20% en hospitales. Por supuesto que se aplicó, y hay multitud de testimonios, incluso entre las personas que comparecieron en la comisión inicial de investigación, directores y médicos de residencias, que comentaban conversaciones que tuvieron con los hospitales, que les decían que había un protocolo y que esa persona no podía ser admitida. 

¿Por qué se lo ocultaron a usted en un primer momento, siendo uno de los responsables?

Hubo un momento determinado en el que pasaron del ‘y tú más’ al ‘y tú también’. Cuando yo denuncié en la Asamblea la existencia de esos protocolos, me vinieron a decir que desde la Consejería de Políticas Sociales se había hecho lo mismo, lo cual es un absurdo. Nosotros no tomamos ninguna decisión de derivar a nadie. Podemos pedir que se derive a la gente, pero evidentemente quien decide si se hace o no es la Consejería de Sanidad. 

No me informaron sobre ese protocolo. Me lo enseñó una persona que dependía de mí, el responsable de las residencias públicas, y fue cuando empecé un proceso en el que advertí al consejero de Sanidad sobre lo que podía ocurrir con eso. También tenía una sensación de incredulidad. Lo comenté incluso con el gerente que me enseñó ese protocolo. No dejaba de ser un papel. Pensaba: esto es imposible que se llegue a aplicar, son unas barbaridades. Luego me di cuenta de que eso era de aplicación, que se aplicó y que tuvo consecuencias directas. 

Usted explica que estos protocolos no constituían un triaje como tal, que consistieron en una discriminación por norma.  

Claro. Muchas veces, los que solicitaban la derivación de los residentes no eran particulares sin idea de medicina, eran los propios médicos que consideraban que algunas personas necesitaban un traslado. Y en muchos casos les decían que no era posible porque había unas órdenes que lo prohibían. De hecho, El Confidencial publicó un parte de alta en un hospital de una persona que quería ingresar y llegó al hospital pero se la rechazó. En el parte de alta decía que era por órdenes de la dirección médica. Esa persona falleció a los tres días en la residencia.

¿Cómo se hizo en el resto de comunidades autónomas?

No lo conozco al detalle. Por las informaciones que tenemos, hubo otras comunidades que aplicaron criterios similares, y todo el mundo cita Cataluña, pero quizá el hecho diferencial es que en Madrid esos criterios se pusieron por escrito. Eso es también lo realmente grave. Me gustaría preguntarles por qué pusieron por escrito esos criterios de exclusión. La conclusión a la que yo llego es porque hubo resistencias. Había ya órdenes anteriores pero hubo resistencias, de que si no llegaba por escrito no lo aplicaban. Es la única comunidad autónoma en la que hay un protocolo donde se dice lo que se dice. 

¿Qué papel juega en esto Carlos Mur, el firmante del documento?

Es el autor y el que la propia presidencia de la Comunidad de Madrid señaló como responsable. Se le cesó el 13 de mayo, y el propio diario El Mundo, en una noticia con un titular bastante terrible, lo señaló como el responsable de que no se hubiera derivado a los mayores a los hospitales. Él lo firmo. ¿Recibió órdenes o actuó por su cuenta? Es algo que deberíamos saber, en una comisión de investigación, o directamente en un juzgado. Es que no se ha preguntado a ningún responsable político que perseguían con este protocolo. Me parece bastante sorprendente. 

Si de por sí ya son perversos los criterios de exclusión que se publicaron en el protocolo de la vergüenza, ¿cómo se sintió al entender que los medios que no se dedicaban a las residencias estaban yendo a parar al hospital IFEMA y a la campaña propagandística que giró alrededor? 

Tengo una sensación de impotencia terrible. Al final, lo que gestiona la Consejería de Políticas Sociales son fundamentalmente recursos externalizados; prácticamente el 90% de las plazas son de empresas externas que tienen firmado un contrato con la Administración. Las residencias son lugares que sirven para cuidar, no para curar. Cuando llega una emergencia, tienen que actuar los sanitarios, y los sanitarios que hay en las residencias son limitados. Las que tienen médico, enfermero o enfermera –porque hay otras que no– suelen estar especializados en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión… cuando en una residencia la persona tiene problemas y está en una situación aguda, se llama al 112 inmediatamente para que acuda una ambulancia para llevarla al hospital. Eso no ocurrió. 

Con el tiempo se fueron sabiendo más datos, como que las personas mayores con seguro privado sí fueron trasladadas desde la residencia al hospital. ¿Cómo explicar a esas familias que sus seres queridos fueron doblemente discriminados?

Eso ya directamente es una absoluta aberración, una quiebra del estado de derecho y de la asistencia pública sanitaria a la que tenemos derecho todas las personas que vivimos en España. Hubo un compareciente en esa comisión de investigación a propuesta del PP, el presidente de los hospitales de Madrid, Juan Abarca, a quien preguntaron que cuántas personas habían sido derivadas de una residencia a un hospital privado y su respuesta fue que ninguna, sólo aquellas personas que tenían póliza privada, porque las ambulancias de los seguros privados les permitían sortear esta barrera que les habían puesto. Me parece intolerable. Se me parece a la imagen del Titanic: los que iban en primera se salvaron, y a los que iban en tercera clase se les condenó. Creo que eso no puede ocurrir nunca. 

Tal como usted y algunos familiares lo plantean, era una especie de carrera de obstáculos, un darse constantemente con un muro y esperar a que, en algunos casos, sonara la flauta y se pudiera sortear ese bloqueo. ¿Hay consuelo para las familias, o incluso para usted, al preguntarse si en algún momento se pudo hacer más, y presionar más?

Hay muchos testimonios de personas que insistieron, o insistió la médica, el director de la residencia, o desde el hospital, y se consiguió [ingresar en el hospital]. En algún caso, había recomendaciones por parte de los directores, que pedían a los hijos que sacaran a su padre o a su madre de la residencia y directamente lo llevaran a Urgencias para superar esa barrera. Es que en cuanto las ambulancias oían que les llamaban de una residencia, directamente no iban. Si iban por la vía particular, esas personas sí podían ser atendidas en un hospital. Me parece terrible organizar un sistema para bloquear la llegada de las personas a los hospitales. 

Si eso hubiera sido así pero se hubiera atendido a las personas en las residencias, podría haber sido correcto. Pero lo cierto es que nunca se medicalizaron las residencias. Lo único que se hizo fue una operación denominada ‘Bicho’ con la hija de un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. Se le encargó medicalizar las residencias a una persona que estaba confinada en Castilla-La Mancha, que era autónoma y no tenía trabajadores. Eso no sólo condenó a las personas a no poder ir a un hospital, sino que además se las condenó a recibir unos cuidados que en muchos casos no fueron más allá de aplicarles morfina y sedación. Eso es terrible. No se les ofreció ninguna alternativa, porque tampoco tuvieron acceso al publicitado hospital de IFEMA. 

Entonces esa supuesta medicalización al final consistió en sedación.

Y en muchos casos ni siquiera eso. Las residencias no son lugares equipados con respiradores, ni con medicamentos para ayudar a morir dignamente a la gente. Fue una operación muy extraña. Es lamentable que una comunidad autónoma rica, con 8.000 millones de euros de presupuesto para Sanidad, contrate para la situación más dramática probablemente vivida en nuestra generación a una persona autónoma sin formación para hacer un trabajo que directamente debían haber hecho los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Se dijo que a unos mil médicos de Atención Primaria se les llevó a IFEMA, donde iba gente con un pronóstico no grave. ¿Qué hubiera ocurrido si a estos médicos, en lugar de a IFEMA, se les hubiera llevado a las residencias?

Al consejero de Sanidad le ponía siempre el ejemplo de lo que estaban haciendo otras comunidades, además con gobiernos de distinto signo: una era Andalucía, con un gobierno del PP y Ciudadanos, como nosotros; y otra era la Comunidad Valenciana, con el PSOE, Compromís y Podemos. En estas dos comunidades autónomas, cuando se detectaba un caso de covid en una residencia, esa residencia quedaba bajo el mando de la Consejería de Sanidad, como es lógico. En Madrid, en lugar de hacer eso, se optó por el plató televisivo de IFEMA, por lanzar una imagen que no se correspondía con la realidad y desviar la atención de las residencias, donde realmente estaba la tragedia. 

De toda la campaña de desprestigio que se lanzó contra usted desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿qué fue lo que más le dolió?

La campaña de desprestigio en general. Estar en política a veces es como la guerra, prácticamente todo se puede admitir. Pero que en una situación tan dramática como esa, alguien intente aprovecharlo para su propio beneficio me parece una auténtica aberración. En una guerra hay que apretar los dientes e ir todos juntos a por el enemigo, y no intentar culpar a alguien de dentro porque aspiras a que eso te salve. 

Esto también ocurrió con el bulo de Pablo Iglesias. Yo puedo criticar a Pablo Iglesias por muchísimas cosas, incluso de la gestión de la pandemia, pero no por lo que ocurrió en las residencias. La competencia era de las comunidades autónomas, sin ninguna duda. Lo establece la Constitución y el decreto de estado de alarma. Si Pablo Iglesias hubiera sido la autoridad competente, en Madrid no le habrían hecho una comisión de investigación, sino diez. Hay que ser serios. 

¿Puede usted ubicar de dónde venía esa campaña de desprestigio, esos bulos?

Directamente desde Puerta del Sol [sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid], creo que no hay que dar muchas pistas sobre qué grupo de personas se dedicaban a transmitir estos bulos. Son especialistas en comunicación y, además, puedo decir que son muy eficaces en colocar los mensajes que quieren colocar.

¿Cree que sí caló esa propaganda procedente de la presidencia de la Comunidad de Madrid?

Sí, claro. En su momento caló. Al final, como los mensajes no eran muy coherentes, mucha gente empezó a entender la realidad. Pero la campaña caló, igual que caló la campaña de comunicación de IFEMA. Si preguntas a alguien por la calle qué opina sobre [el hospital de] IFEMA, el 99% dará una opinión positiva. Fue positivo que se montara un hospital de campaña en 18 horas, pero si vamos a las cifras, vemos que 16 personas murieron en IFEMA frente a las 5.000 que murieron en residencias en el mismo período, vemos que de los 3.811 que ingresaron en IFEMA sólo 23 personas eran de residencias, y además sólo de dos residencias. No tiene sentido que de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, sólo se trasladara a algunos pacientes de dos residencias. 

Al final, instalaron esa imagen positiva. Incidiendo en lo que significó el plató televisivo, en IFEMA sólo hubo dos operaciones en esos meses. Qué casualidad que le tocó a un diputado del PP de la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso, que fue el que hizo una traqueotomía, muy publicitada además. Esto no sólo ocurrió en IFEMA; en el Zendal ocurrió exactamente lo mismo. Comunicativamente, está muy bien construido, hay que quitarse el sombrero. Pero me parece que es tener muy pocos escrúpulos éticos. 

¿Por qué aguantó hasta octubre sin dimitir, o por qué lo hizo entonces?

Tomé la decisión definitiva de dimitir en el mes de junio. Ahí vi que ya no tenía sentido seguir. No tenía sentido que estuviera en el Gobierno y estuviera más de acuerdo con lo que decía la oposición que con lo que decía mi presidenta. Era una situación totalmente absurda. Tampoco estaba cómodo sentándome en la misma mesa con personas que consideraba y considero que no tenían muchos escrúpulos. Ahí decidí marcharme. Pero también quería hacerlo con el beneplácito de mi partido [Ciudadanos]. Tenía que agradecerles que habían contado conmigo, y esperé a que me lo autorizaran. Pero me costó mucho trabajo estar en los Consejos de Gobiernos, se me hacía muy cuesta arriba, estaba muy incómodo. 

Antes de que llegara la pandemia, usted ya defendía que el sistema de las residencias necesitaba una reforma integral, profunda. Esto a día de hoy no se ha hecho. ¿Qué pasaría si llega a producirse de nuevo una crisis sanitaria como la del covid?

Yo llegué a la política por un caso personal. Mi madre tuvo un ictus, y de repente me encontré con el sistema de dependencia de la Comunidad de Madrid, que me parece absolutamente injusto. Así que me pongo a escribir un blog con un título que, leído ahora, resulta escalofriante: No es Madrid para viejos. Ocho años en la oposición me hicieron conocer las carencias del sistema. En 2016 o 2017 ya lo denuncié en la Asamblea de manera textual: las residencias de Madrid tienen un problema. Llegamos a la Consejería con afán de cambiar esto de cabo a rabo; y precisamente esto les ha permitido ahora sacar pecho de algo que en realidad iniciamos nosotros. 

Ese trabajo se lo llevó por delante la pandemia, evidentemente. Creo que si nos enfrentáramos ahora a una situación similar, ocurriría prácticamente lo mismo. No se ha hecho nada adicional, salvo algunos parches. Y en lo sanitario probablemente también volveríamos a excluir a las personas de las residencias. Como en Sanidad nadie ha dicho que lo que hicieron estaba mal, nos veríamos otra vez en la misma situación. 

El periodista Manuel Rico lleva un recuento en Twitter de los días que han pasado desde que el Gobierno de Ayuso aprobó el Protocolo de la vergüenza, de los muertos y de la falta de reacción de la Fiscalía. ¿Qué tiene que pasar para que la Fiscalía finalmente investigue esto?

No lo sé. Yo estudié Derecho en su momento, y posiblemente algo se me ha olvidado, pero no me entra en la cabeza que ni siquiera se haya llamado a declarar al autor de estos protocolos, para dar explicaciones de por qué se hizo, a quién se lo contó… y luego, que se decida si se imputa a alguien o si alguien es responsable. Me resulta realmente sorprendente que por parte de Fiscalía y de los jueces, a pesar de la multitud de querellas y de denuncias de los familiares y plataformas, no haya prosperado ninguna. No tengo ninguna explicación, y creo que la deberían dar los fiscales y los jueces.

¿Cree que todo quedará impune? ¿Las muertes, la discriminación, las mentiras?

El futuro es difícil de prever, pero todo lo ocurrido hasta ahora indica que sí. Se ha instalado determinada impunidad. Si en ese momento los responsables hubieran sido otros, no sé si tendrían la misma impunidad, lo dudo. Pero lo que ocurrió en el pasado nos abre pocas esperanzas. Los familiares están hablando incluso de que esto pueda llegar a Europa; no sé si esa vía abrirá judicialmente alguna posibilidad.