Entre un nuevo espectáculo y la operación sacrificio

Cuando el pasado miércoles Mariano Rajoy telefoneó a Pedro Sánchez para decirle que el Gobierno iba a pedir un informe al Consejo de Estado para recurrir preventivamente ante el TC la convocatoria del pleno de investidura en el Parlament, el secretario general del PSOE sólo le hizo una pregunta: "¿Estás seguro de que saldrá adelante?". La respuesta del presidente fue un sí rotundo. "Cuenta entonces con nuestro apoyo", le contestó el socialista.

Vista la respuesta negativa del Consejo de Estado y la zapatiesta del Constitucional durante el fin de semana, se puede colegir sin riesgo a equivocarse que Rajoy mintió a Sánchez bien porque La Moncloa no se garantizó con anterioridad la validez de la impugnación preventiva bien porque, aun a sabiendas del escaso rigor jurídico del exótico recurso impulsado por su vicepresidenta, siguió adelante con la iniciativa.

Que Rajoy a estas alturas mienta al jefe de la oposición no debe ser motivo de asombro teniendo en cuenta que lleva años haciendo lo propio con la opinión pública sobre Cataluña o sobre la fosa séptica de corrupción con la que creció electoralmente su partido. Da idea, sin embargo, de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para frenar al independentismo. Claro que habrá quien se pregunte también con razón si un partido como el PSOE no tiene a su alrededor asesores jurídicos a los que sondear sobre el recorrido de un recurso con tan escasa base jurídica o si es que hubiera apoyado al Gobierno en cualquier caso.

Sin pretenderlo, la decisión de Rajoy de no consultar con Albert Rivera lo que el Gobierno tramaba para paralizar preventivamente el pleno de investidura ha dejado a Ciudadanos fuera de toda responsabilidad por el espectáculo jurídico-político del todo vale al que hemos asistido en las últimas 72 horas. Porque, aunque los socialistas hayan dejado caer su malestar con el Gobierno por el "engaño" de Rajoy a Sánchez, lo cierto es que desde Ferraz se hizo saber desde el minuto uno que el PSOE apoyaba la decisión del Gobierno y todas cuantas sirvieran para defender la ley, la Constitución y el Estado de Derecho sin percatarse de que suspender un acto administrativo de forma preventiva forma más parte de un uso abusivo del derecho que de lo que realmente dicta nuestro ordenamiento jurídico.

Dirán que los independentistas también retorcieron los principios jurídicos; que llegados a este punto, el fin justifica los medios y que el Gobierno no se puede permitir un ridículo más -porque van varios- frente a un Puigdemont que es ,en realidad, quien marca los tiempos y los escenarios de esta tragicomedia de la política española. El límite es la ley en un Estado de Derecho, pero Rajoy ha preferido hacer de su capa un sayo y transitar, si no por los mismos sí por similares sendas a las del independentismo. Ya nunca podrá acusar sin sonrojo a los de Puigdemont de no atender los informes de los letrados del Parlament o del Consejo Consultivo cuando él ha hecho exactamente lo mismo con el Consejo de Estado y ha puesto en un colosal brete al Constitucional, el máximo garante de esa Carta Magna que el presidente defiende con tanta vehemencia frente al independentismo.

Y todavía quedan quienes defienden sin sonrojo que el TC ha dado la razón al Gobierno o que al final, sin dársela, ha impedido lo que Moncloa pretendía, que era una investidura telemática. En realidad, el Alto Tribunal no ha suspendido el pleno, como pretendía el Gobierno, ni ha requerido a Roger Torrent para ello. Lo que ha hecho es condicionar la investidura prevista a la presencia física del candidato Puigdemont en el Parlament con autorización del juez Llarena y añadir que no caben investiduras telemáticas ni delegaciones de votos de quienes permanecen en Bruselas. Una decisión salomónica que no suspende el pleno como pretendían Rajoy y Santamaría, pero tampoco permite que Puigdemont sea investido si no es de manera presencial.

Antes de redactar su dictamen, los magistrados del Constitucional tuvieron que escuchar a sus propios letrados defender que había que rechazar la admisión a trámite del recurso gubernamental y por tanto la suspensión de la investidura convocada para el martes tras recordar la propia jurisprudencia del TC sobre los "pronunciamientos preventivos" de hechos no producidos. Pero para no dejar a Rajoy y a Soraya a los pies de los caballos -como había hecho el día anterior el Consejo de Estado- y no aparecer el Tribunal por primera vez dividido ante el asunto catalán, se encontró una fórmula cuando menos inusual con la que posponer la decisión sobre la admisión a trámite del recurso y, mientras, avalar la investidura siempre y cuando se celebre de forma presencial con previo permiso judicial

Así que igual que el Gobierno decidió pasar la pelota de la investidura al Constitucional, éste ha decidido chutar hasta el Supremo y que sea el juez que instruye la causa sobre el procés, quien decida si Puigdemont puede o no acudir al Palau. Si Llarena dicta un auto que permita la presencia del candidato a president, Puigdemont podrá presentar su programa de Gobierno y será investido con mayoría del bloque independentista. Inmediatamente después, sería detenido y puesto a disposición judicial. El espectáculo estaría servido, el independentismo tendría una nueva imagen para el mundo y Cataluña seguiría en el bloqueo institucional bajo custodia del 155. Si, por el contrario, el juez deniega la petición, en ese momento habrá empezado lo que el republicano Joan Tardá ha llamado ya la 'operación sacrificio', que consiste ni más ni menos en el final de Puigdemont y la negociación en el bloque independentista para presentar otro candidato sin causas pendientes con la justicia, como ya adelantó el viernes El HuffPost.

En el fondo, el Gobierno, el Constitucional y Llarena habrán contribuido a desatascar la batalla que vive hoy el independentismo entre los partidarios de acabar de una vez con el relato de la resistencia y que Puigdemont se eche a un lado y quienes prefieren seguir con el jaque al Estado, incluida la Corona que este martes, por cierto, celebra el medio siglo de Felipe VI en medio de la crisis catalana y los ecos por la emisión de un video irreal sobre la Familia Real. ¡Y dicen que lo han hecho para humanizar! Más bien suena a una más de la política del pan y circo.