Al colegio por narices
Niños que no van a clase por tener patologías o convivir con personas vulnerables, padres acusados de absentismo y escuelas que se niegan a facilitarles los deberes en plena pandemia.
“No voy a permitir que mis hijos estén en una clase con 30 personas con la enfermedad que tengo”, afirma con rotundidad Pilar (nombre ficticio). “No tengo cualquier cosa. Tengo un cáncer de mama desde hace ocho años. No llevo tanto tiempo cuidándome y luchando para que ahora por narices, incluso teniendo justificación, mis hijos tengan que ir presencialmente a clase y se vaya todo a la mierda”, lanza la mujer.
Pilar es madre de tres hijos de 9, 15 y 17 años escolarizados en León. En septiembre solicitó educación online para los niños presentando en sus centros un informe del oncólogo en el que señalaba que Pilar era paciente de riesgo. No sirvió de nada. “Cuando hablé con un inspector para contarle mi caso, me respondió que me aislara yo de mis hijos si quería estar protegida. ¿Pero cómo me voy a aislar, si soy su madre?”, se pregunta.
En noviembre, su médico de cabecera redactó otro informe en el que no sólo especificaba que su caso era “de muy alto riesgo frente a enfermedades infecciosas”, sino que además ponía por escrito que “desaconsejaba que mis hijos asistieran presencialmente a clase”, cuenta la madre.
El colegio del pequeño empezó a dar por justificadas sus faltas, pero no le facilitó la enseñanza online hasta finales de enero, cuando Pilar comunicó al centro que no le quedaba otra que recurrir a la vía judicial. El instituto al que van los mayores rechazó directamente el informe, y se escuda en que, hasta que no haya una orden explícita por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en el centro no pueden hacer nada.
“Al final quienes salen perjudicados son mis hijos”
Pilar ha escrito a casi una decena de organismos pidiendo una solución para los menores. En todos los casos, le han dado largas, o se han pasado la pelota de unos a otros sin ofrecerle algo claro. “Escribí al presidente de la Junta de Castilla y León y me contestaron que lo sentían mucho, que se pondrían en contacto con la Consejería de Educación para resolverlo. Esta semana he hablado con la Consejería de Educación en Valladolid. Y me dicen que lo están estudiando, que ya me darán una respuesta. Pero es que no puedo esperar más. Llevo así desde septiembre”, repite.
La mujer siente que está en medio de un “tira y afloja” entre las administraciones; “pero al final quienes salen perjudicados son mis hijos”, lamenta. “Estoy desesperada, no sé qué hacer... No me queda más remedio que tirar por lo judicial”, se queja Pilar. “Mis hijos no tienen la culpa de que yo tenga una enfermedad. Mis hijos tienen derecho a la educación”.
En junio, el Ministerio de Educación acordó, junto con las comunidades autónomas, priorizar las clases presenciales durante el curso 2020-2021. No obstante, ese “principio general” de la presencialidad no está saliendo todo lo bien que se esperaba. A principios de curso, el ministerio cifró en un 1% el porcentaje de alumnado que no estaba yendo a clase por miedo al covid. Ese 1% equivale a 80.000 niños, una cantidad nada desdeñable.
Los hijos de Pilar, Magda, Leticia y Jerónimo forman parte de ese 1%. Desde el primer día de clase, los padres avisaron al colegio de que, por su situación de riesgo, sus hijos no irían presencialmente al aula mientras no estuviera bajo control la epidemia de coronavirus, y adjuntaron informes médicos para justificarlo. Cinco meses después, siguen inmersos en una maraña burocrática que acaba en acusaciones de absentismo, en amenazas de quitas de custodia y en la negativa del centro a facilitar a sus hijos deberes y materiales de forma virtual. Estas familias defienden que su caso no es ningún capricho, y que no son absentistas.
“Quiero que no me toméis por una madre absentista”
“¿Que qué quiero? Quiero que no me toméis por una madre absentista y pasota. Estoy desde septiembre mandando emails, llamando, preguntando… y estáis pasando de mí”, respondió Magda, madre de una niña de 14 años, cuando el trabajador social del instituto de su hija le preguntó a qué venía su llamada.
Magda afirma que su caso “es de libro”. “Mi marido tiene EPOC, hipertensión arterial y obesidad. Yo soy minusválida, tengo diabetes y estoy inmunodeprimida por tener un tratamiento con inmunosupresores. Tengo informes del especialista en el que se especifica que soy paciente de riesgo”, explica a El HuffPost por teléfono.
La mujer, que reside en un pueblo de Lleida junto con su marido y su hija, asegura estar viviendo “un circo”. En septiembre presentó los informes médicos y le denegaron la opción de recibir educación telemática. Dos meses más tarde, recibió una carta del colegio en la que le avisaban de que un trabajador social del instituto se pondría en contacto con la familia “por el absentismo continuo e injustificado de la niña”.
La espera infinita
“El chico me llamó, me dijo que él sólo cumplía con su deber, y que me iba a llegar una denuncia de Servicios Sociales. Me puse a llorar, me dio un ataque de ansiedad, le pregunté si eso era justo. Me dijo que a él no le quedaba otra”, relata la mujer. “Le pregunté si había leído todos los documentos que habíamos mandado, se quedó callado, y me dijo que él no sabía nada de esos documentos. Quedamos en que volvería a llamarme cuando los leyera, y no me volvió a llamar”, prosigue Magda.
En enero, la Generalitat de Cataluña publicó un documento por el que daba la posibilidad de que los alumnos recibieran educación no presencial en caso de enfermedad grave del menor o de patologías de riesgo de los padres, presentando una solicitud firmada por un médico.
Después de un primer trimestre ‘perdido’, en el que la niña —una alumna “excelente”— siguió haciendo los deberes que le pasaban sus compañeros, Magda volvió a la carga presentando esta solicitud debidamente cumplimentada en el centro de su hija.
“Nos dijeron que sería un mero trámite, pero todavía no nos han respondido. Llamo cada dos días para preguntar cómo va la cosa y siempre me dicen que la jefa de estudios está reunida. La pedagoga del centro me llamó a principios de febrero para decirme que la solicitud ya está presentada, que sólo esperan una decisión de Educación. Le pedí que mientras tanto nos dieran las contraseñas para acceder a los libros digitales. Me dijo que sí, que me enviaría un mail. Y sigo esperando”, cuenta la mujer.
Qué significa ‘absentismo’
El Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (IAPAE) asesora a lo largo de todo este proceso a Pilar, Magda y a otras 2.000 personas como ellas en toda España. La asociación, que normalmente se centra en casos de bullying, se ha visto desbordada este año por las peticiones de padres que piden ayuda para no ser acusados de absentismo, y para que los centros educativos no ignoren a sus hijos por quedarse en casa este curso.
Rafael Romero, presidente de IAPAE, considera “una barbaridad” que los padres se enfrenten a acusaciones de absentismo por esto. “Con la figura del absentismo se trata de proteger al menor frente a la desprotección o al abandono por parte de sus familiares. Es un caso de absentismo cuando la familia omite o vulnera el derecho del menor a estar escolarizado de forma presencial en el ámbito educativo”, explica Romero, que lleva más de 20 años gestionando casos “reales” de absentismo escolar.
Los casos que está recibiendo este año, defiende Romero, no se producen porque las familias hayan abandonado a sus hijos. Más bien al contrario.
“En el colegio nos dijeron que les preocupaba el impacto psicológico que pudiera tener en mi hijo el no asistir a clase. Más impacto psicológico tendrá, y mucho peor puede ser para él, si pierde a uno de sus padres o a los dos”, señala Jerónimo, padre de un niño de 10 años.
Jerónimo es asmático y tiene sobrepeso, “pero el caso de mi mujer es más grave”, advierte. “Ella tiene una enfermedad rara de origen desconocido, aunque creen que pudo producirse por una infección vírica. Sus problemas son similares a los de alguien con parálisis cerebral, pero no tiene parálisis cerebral. Mi mujer tiene una discapacidad física que le afecta a la médula espinal y a la movilidad de cintura para abajo, además de problemas severos de circulación”, enumera. “Evidentemente, es vulnerable”.
Su médico de cabecera se lo confirmó por teléfono a principios de curso, cuando decidieron que no era prudente llevar a su hijo a clase, después de leer y releer el plan de contingencia que había puesto en marcha su colegio, en un pueblo de Mallorca.
“Las palabras textuales del médico fueron que yo era ‘vulnerable’ y mi mujer, ‘especialmente vulnerable’”, relata Jerónimo.
Inspección educativa les había dicho que podrían proporcionar educación a distancia a su hijo siempre y cuando el servicio de salud lo reconociera como un caso de riesgo. El médico de familia se encargó de remitir a la inspección sanitaria su informe —sin que Jerónimo ni su mujer llegaran a verlo—, y más tarde los padres se enteraron de la conclusión de la administración: no eran población vulnerable y, por tanto, su hijo debía ir presencialmente a clase.
Los padres creen que hay algún tipo de presión sobre los médicos y sobre los colegios para evitar que los niños reciban educación telemática. Un médico de familia consultado por El HuffPost señala que no existe tal ‘orden’, pero entiende que haya facultativos “que no se mojen mucho, pero porque no tienen por qué hacerlo legalmente”, ya que “la responsabilidad de los niños recae sobre los padres y son ellos quienes han de justificar cualquier ausencia”.
Jerónimo cuenta que se ha reunido “tres o cuatro veces con el colegio”, y lo único que ha obtenido han sido “amenazas”: “Que van a llevar nuestro caso a la Fiscalía, que podríamos perder a nuestro hijo…”, apunta. “De momento, hemos solicitado que se le proporcionen los deberes y que se le evalúe. Los primeros días nos facilitaron el acceso a la plataforma de Moodle. Pero no sirvió de nada, porque no está recibiendo nada a través de ahí, a pesar de que sabemos que el colegio está utilizando esta plataforma para trabajos grupales”, lamenta.
Desde que comenzó la pandemia, la familia sólo ha ‘socializado’ con los abuelos, y siempre al aire libre y con mascarillas. “Ellos se cuidan mucho de ver a gente, porque tienen miedo de que lo pillemos nosotros”, cuenta Jerónimo.
Lo que dicen la Fiscalía y el Ministerio de Sanidad
A principios de septiembre, la Fiscalía emitió un informe en el que recordaba la obligatoriedad de acudir presencialmente a clase para los menores de entre 6 y 16 años, pero también señalaba que se estudiaría “individualmente” cada caso cuando se produjera un expediente de absentismo. “Sólo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aun temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado al centro motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias”, reza el documento.
El Ministerio de Educación pidió posteriormente a la Abogacía del Estado un nuevo informe para aclarar esta cuestión, y este organismo dio parcialmente la razón a los padres, considerando justificado que un alumno no vaya a clase “por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes”. “Deberá valorarse [...] la situación particular de cada menor”, concluyen.
En la última versión de la guía de Sanidad para la prevención del covid en centros educativos, actualizada el pasado 8 de febrero, el ministerio que dirige Carolina Darias incluye por primera vez una lista de patologías “de especial riesgo” por las que los niños “podrían quedar exentos de forma transitoria de la educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores legales tras una evaluación individualizada médica y pedagógica y una decisión informada”.
No obstante, el listado de enfermedades sólo se aplica a los menores, y no a los adultos que puedan convivir con ellos. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, aseguró en rueda de prensa que el documento se seguirá “revisando” para adecuarlo a las nuevas evidencias. De momento, el ministerio “aconseja individualizar cada caso concreto” para su estudio.
La “autoridad educativa” tiene la última palabra
Además, Sanidad especifica en su guía que los profesionales médicos “no realizarán justificantes sobre la asistencia o no de los niños/as al centro educativo”, y que la familia será “la responsable de justificar su decisión ante la autoridad educativa”.
Al fin y al cabo, es la autoridad educativa la que se encarga de comunicar a Servicios Sociales el supuesto absentismo de un niño. Es decir, es el director de un centro el que decide si una falta está o no justificada, atendiendo a lo que presenten los progenitores para tratar de explicarla. Tanto los padres como la asociación IAPAE estiman que, muchas veces, estas decisiones son aleatorias. Las cuatro familias consultadas conocen casos de niños a los que sí se les está facilitando la educación telemática.
El HuffPost se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación, que se limita a remitirse al informe de la Abogacía del Estado y a recalcar que “la gestión directa de los centros educativos es competencia de las comunidades autónomas”. Fuentes del sindicato del profesorado ANPE sostienen que “los directores de los centros están actuando muy escrupulosamente según la normativa”. La titular de Educación, Isabel Celaá, anunció hace unos días que, tras el pico de enero, actualmente están cerradas por cuarentena el 1,4% de las aulas en España.
“La única solución es educación presencial”
El colegio de El Espinar (Segovia) donde Inés está escolarizada no considera justificadas sus faltas, y sus madres reciben cada mes una carta de absentismo. La niña, de 9 años, es asmática de nacimiento y, después de darle muchas vueltas al tema, Leticia, su madre, decidió que este año Inés estudiaría desde casa.
“Cualquier resfriado o gripe nos manda a urgencias casi siempre. Se le cierran los bronquios, tiene espasmos y demás”, describe la madre. “Del coronavirus hay todavía mucho por descubrir, pero sí sabemos que ataca a las vías respiratorias, por tanto consideramos que es un factor de riesgo”, dice.
A principios de curso, Leticia adjuntó al centro una serie de documentos para justificar la no asistencia de la niña, además de su historial médico. El colegio respondió que daría a su hija educación presencial, o nada.
“Hemos escrito a todas las instituciones solicitando enseñanza telemática o alguna solución. Hemos escrito a la Consejería de Educación, al Procurador del menor, al Ayuntamiento, a Servicios Sociales… En todas nos han respondido que la única solución es educación presencial”, cuenta la madre.
“Hacemos los deberes gracias a una madre que nos los pasa”
Leticia pidió al colegio de su hija recibir las tareas que iban haciendo en clase para mantener a la niña al día. “El primer día nos dijeron que, como ya nos había advertido la profesora, la educación es únicamente presencial. Desde entonces, silencio absoluto. No contestan absolutamente a nada, ni siquiera cuando la niña mandó un vídeo vestida de Halloween y cantando una canción en inglés, como habían hecho sus compañeros”, lamenta Leticia.
“Ahora hacemos los deberes gracias a una madre, que me cuenta a diario más o menos lo que ha hecho su hija en clase. Todos los días, sin faltar uno solo, hemos enviado por correo electrónico los deberes hechos por la niña”, asegura. La respuesta del centro sigue siendo la misma: ninguna.
Como Leticia, Pilar, Magda y Jerónimo están peleando por que sus hijos no pierdan finalmente el curso y por que sus casos no se consideren como ‘absentismo’. “Creo que aquí no hay ningún delito”, defiende Leticia. “Vamos a hacer todo lo posible para que el niño no pierda el año educativo, pero en cualquier caso, ¿qué es peor? ¿Que mi hijo pierda un año de curso o que pierda a alguno de sus padres?”, plantea Jerónimo.
Leticia intenta que su hija no pierda contacto con otros niños llevándola al parque y dejando que juegue en espacios al aire libre, con mascarilla y distancia. Aunque la niña ya está acostumbrada a seguir con su madre la lección desde casa, a veces Leticia se pregunta si hace bien privándola de ir al colegio. Luego piensa en las medidas que se están llevando a cabo en las aulas para prevenir los contagios, principalmente la ventilación. “Imagínate aquí en El Espinar, a 5 grados bajo cero, nevando y con la ventana abierta. Si no pillan el coronavirus pillan una pulmonía”, dice.