Elecciones, esa palabra que no pasa de moda, pero que a veces vale tan poco

Los presidentes de Euskadi y Galicia, los señores Urkullu y Feijóo, han anunciado esta semana elecciones para sus comunidades autónomas, adelantándose a las que esperamos sucedan también en 2020 en Catalunya.

Ellos tienen la suerte de poder decidir de manera estratégica cuándo se toman las decisiones en sus instituciones, contando con plena independencia y autonomía para tomarlas.

Las comunidades autónomas están recogidas ya en la Constitución de 1978, y el 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, acordaron los primeros pactos autonómicos, complementados en 1995 con los segundos pactos autonómicos. Todo muy regulado y atado.

Sin entrar a hacer un análisis político de estas elecciones que tendrán lugar en primavera, y mucho menos en las leyes que rigen el funcionamiento de estas comunidades autónomas, sí que me gustaría entrar en la flexibilidad extraña de la leyes y reglamentos para con otras instituciones reguladas en el Estado español, ya que no todas tienen la seguridad de los plazos que dictan las leyes y a veces parece que solo se siguen las reglas si le apetece al Gobierno de turno.

Hay una lectura muy interesante, que es el Real Decreto 1960.2009 de 18 de diciembre, por el que se regulan los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero.

En este decreto, por ejemplo, en su artículo séptimo nos dice que el mandato de los consejeros tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la constitución del Consejo.

Cuando miramos duraciones de algunos de los mandatos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que van en paralelo con los Consejos de Residentes, podemos ver una extraña variación en la duración, con ocasiones en las que no estuvo claro el periodo electoral, ya que atrasaron el proceso sin ninguna conexión con lo que el reglamento impone.

Sería muy curioso pensar que un gobierno autonómico pudiera llamar a elecciones entre 4 o 5 años según le convenga a su libre albedrío, y que no se llamara a elecciones en el periodo establecido por ley.

En el reglamento de funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado en Madrid el 26 de octubre de 2015 y modificado el 30 de enero de 2017, en su artículo 7 también nos dice, en su punto 2, que “el Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año, y las sesiones extraordinarias que considere pertinentes el presidente, bien por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, el cincuenta por ciento de sus miembros”.

Pues, o bien estoy confundido, o quizás para el Gobierno el año 2019 no acabó el 31 de diciembre de 2019. La última reunión plenaria fue en el lejano verano de 2018, y seguimos esperando. Un reglamento y unas leyes que se ajustan a conveniencia de quien dirige, menoscabando y despreciando a cargos electos.

Quizás es que la función de este Consejo General, que es consultiva y asesora, al no ser ni consultada ni asesorar en nada, debería replantearse y reescribirse como “institución de turismo, folclore y pleitesía a nuestros dirigentes y accesoria a las necesidades reales de la Secretaria de Estado de Migraciones”.

Galicia y Euskadi, si miramos su población, se parecen mucho a la población española en exterior. Van de 2′7 millones de personas en Galicia, a 2,1 millones en Euskadi, y la estimación de españoles en el exterior supera los 2 millones y medio (que será mayor cuando se apruebe la nueva ley de nacionalidad que priva a muchos hijos, nietos y biznietos de una nacionalidad que les pertenece).

Todos los medios publican con grandes titulares el anuncio de esta semana de elecciones en estas comunidades, y todos los programas de opinión de radio comienzan a discutir la idoneidad y las razones de este adelanto electoral.

Pues bien, sólo el 5% de los emigrantes conocen la existencia de los Consejos de Residentes de españoles en el exterior, y de la gente que he conocido que se ha enterado de nuestra presencia tras mucho tiempo, no he conocido a nadie que le haya parecido mala idea o no tenga sentido.

¿Por qué hay consulados que ayudan en el proceso e informan, y otros que ponen palos en las ruedas? ¿Por qué el ente público no informa en su multitud de plataformas en radio y televisión sobre nuestros plenos, o nuestro trabajo por la comunidad?

Así andamos los emigrantes y así nos va. Somos ciudadanos de segunda, que se convertirán de primera durante las elecciones en Galicia y Euskadi, cuando necesiten nuestros votos, y en Galicia en particular, debido al número de gallegos esparcidos por el mundo, los grandes partidos no escatimarán esfuerzos viajando a Argentina y a Brasil, a Venezuela, a Uruguay, y entre ahora y mayo, los españoles de estos países van a ver a los mismos partidos que ponen trabas a nuestros derechos visitando y dando abrazos y besos y sonrisas a kilos.

La emigración en Galicia pondrá y quitará diputados, y entonces los emigrantes somos ciudadanos de primera, y tras las elecciones, rapidito, pondrán nuestras demandas en cajones y se las recordaremos dentro de cuatro años cuando vengan a recoger de nuevo nuestros votos.

Ninguno de estos partidos va a informar por igual cuando tengamos que elegir consejos de residentes y no habrá ni un insignificante tuit, o ningún comunicado de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias o Irene Arrimadas que ayude a dar a conocer que los emigrantes podemos votar para tener voz (muy pequeñita y silenciada, eso sí) en los consejos de residentes.

No voy a entrar de nuevo en el voto rogado… ese que TODOS los partidos quieren derogar, pero que veremos si mueven un dedo y de aquí a mayo nos dan la alegría de poder votar sin saltar por 23 aros, pero me parece a mí que su voluntad no es tan grande como nuestra necesidad por jubilar al infame voto rogado.