El último desafío de la CUP: sus alcaldes no se presentarán cuando la Fiscalía los cite por facilitar el referéndum

"Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme". Con este tuit, el alcalde de la CUP en Argentona (Barcelona) ha resumido la postura de su partido respecto a la última, por ahora, advertencia del Estado sobre el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre.

La formación independentista, socio de gobierno en la Generalitat con el PDeCat, ha anunciado este mediodía que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por haber firmado el decreto por el que ceden colegios electorales para la consulta.

Es la respuesta de la CUP a la instrucción que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado este miércoles a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que se han comprometido a facilitar la celebración del 1-O.

En caso de que no comparezcan, como ya ha adelantado la CUP que va a suceder, serán los Mossos d'Esquadra los encargados de detenerlos.

Apenas unas horas desde la instrucción de la Fiscalía ha tardado el partido independentista en dar una nueva muestra de desobediencia. En un comunicado, los anticapitalistas han asegurado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y animan al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".

La CUP responde a la Fiscalía que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto "sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales". Denuncian los que consideran una "actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

La CUP gobierna en solitario en 28 ayuntamientos y, en otros dos, el de Sabadell y Badalona, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.

Según una lista de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), serían 712 de los 948 ediles de Cataluña los que se han comprometido a poner las urnas para celebrar la consulta.

"El 75% de los alcaldes catalanes", como ha querido recordar el presidente Carles Puigdemont en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, de las diez ciudades más pobladas de Cataluña, seis de ellas, incluidas Barcelona (con 1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (con 250.000) han rehusado hasta ahora implicarse directamente en la votación.

En el caso de la capital Barcelona, su alcaldesa lleva semanas con la estrategia del "sí pero no". En una entrevista este martes en Rac1, Ada Colau ha insistido en que el Ayuntamiento hará "todo lo posible" para que se pueda votar en la ciudad el 1 de octubre, pero ha recordado que la responsabilidad de poner las urnas es de la Generalitat porque es quien organiza el referéndum.

Preguntada sobre si ella misma irá a votar, ha dicho que sí porque considera "importante movilizarse ese día" aunque, al pedirle que desvelara el sentido de su voto, respondió con un "ya veremos".

Y aunque la CUP ha sido el primer partido en manifestar públicamente su intención de desobedecer, varios alcaldes del PDeCat han asegurado que también piensan hacerlo.

"Pues que nos arresten, ¡están locos!", le ha dicho el edil de Espluga de Francoli, David Rovira, a la agencia AFP en una conversación teléfonica.

"La demofobia del gobierno español no tiene freno: quieren perseguir y detener 720 alcaldes/esas x poner urnas", ha escrito en Twitter Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar.

"Si me detienen por defender los derechos fundamentales y mis creencias políticas por las que han luchado mis abuelos y mis padres, pues que me detengan", ha explicado el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramón Casals en un programa de Cuatro.

Hasta ahora, eran los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional los tres cuerpos de seguridad del Estado encargados de hacer cumplir la ley. Desde este miércoles, la Policía Local se suma a este operativo. Las Fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han cursado instrucciones a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes para investigar cualquier preparativo del referéndum.

Piden a los cuerpos locales que investiguen cualquier hecho "encaminado a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo". Los encargados de transmitir la orden son los jefes de las unidades de policía judicial de los Mossos d'Esquadra. Han de hacerlo por escrito y con un acuse de recibo dirigido a los jefes de las policías locales de cada demarcación.

Según la instrucción de Fiscalía, los policías locales "practicarán de forma inmediata las diligencias para acreditar los hechos delictivos y determinar responsabilidades penales". Asimismo, procederán "directamente" a adoptar medidas para intervenir instrumentos para celebrar el referéndum requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones, e impresos y propaganda electoral, entre otros".

Una advertencia para cumplir la ley, una más, que no parece haber tenido efecto en los alcaldes comprometidos con el referéndum ilegal. O en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel: "No nos sentimos culpables por nada".