El Supremo revisará la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y paraliza sus efectos
Sorpresa judicial.
Sorpresa mayúscula. El Tribunal Supremo ha anunciado este viernes a mediodía algo totalmente inaudito: revisará la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y paraliza sus efectos.
El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formado por 31 magistrados, decidirá quién es el responsable de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) que se firma un préstamo hipotecario.
Existen dos sentencias del Supremo que difieren: una, fechada en febrero, señala que tienen que ser los clientes y otra, conocida este jueves, que dice que tienen que ser las entidades financieras.
El magistrado toma dos decisiones:
- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.
- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.
Con esta decisión, el presidente de la sala, Luis María Díaz-Picazo, paraliza los efectos de la sentencia hasta que haya una decisión final. El magistrado reconoce que se ha producido "un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado".
La razón para realizar esta paralización es el "enorme impacto económico y social" que generó la sentencia conocida este jueves. Las entidades financieras perdieron de manera conjunta casi 6.000 millones de capitalización (el valor en Bolsa) en solo un día, como cuenta Cinco Días.
Esta decisión de Díaz-Picazo supone que ocho millones de familias que tiene una hipoteca en este momento tendrán que esperar a conocer la decisión final. La intervención del pleno de la Sala puede suponer que se vuelva al criterio anterior, es decir, que los clientes sean quienes tengan que pagar el impuesto
¿Qué es el impuesto sobre actos jurídicos?
El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un impuesto que paga el cliente cuando se constituye una hipoteca. Esta tasa está gestionada directamente por las comunidades autónomas.
Representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice la hipoteca. Ese porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se haya firmado la hipoteca. Se mueve en una horquilla entre el 0,5% de Madrid y el 1,5% de Andalucía.
El pago de este impuesto se situaría de media entre los 3.000 y 4.000 euros, según los despachos de abogados.
Sorpresa en el Gobierno
Esta decisión del Supremo ha pillado por sorpresa al Gobierno. Cuando se ha conocido la noticia, la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encontraban en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Montero ha reaccionado de manera muy elocuente al ser preguntada al respecto.