El Supremo pone a disposición del Tribunal de Cuentas los 2,1 millones consignados como fianza por el gasto del 1-O

El Tribunal Supremo ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los investigados por el proceso independentista catalán de cara a cubrir la responsabilidad contable, según ha informado este lunes el órgano fiscalizador, que ha solicitado igualmente la cantidad que se ha aportado en el Juzgado de Instrucción número 13 ―que rondaría los cinco millones de euros―, el cual también tiene abierto un procedimiento penal en este sentido.

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas calcula que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 es de 4.146.000 euros.

El objetivo de hacer esta reclamación ahora es “evitar duplicidades”, motivo por el cual ofició tanto al Supremo como al juzgado de Barcelona un requerimiento para que remitiran testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria tramitadas en el ámbito penal.

De momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha enviado el suyo y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado que la cantidad de 2.135.948,60 euros quede a disposición del órgano fiscalizador o bien sea transferida a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe.

El Tribunal de Cuentas también ha pedido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que informe de las fianzas impuestas allí a los implicados en el ‘procés’, en su mayoría exaltos cargos de la Generalitat. La cifra exigida por la magistrada Alejandra Gil a los 30 procesados en esa causa se elevó a 5,8 millones de euros. Sin embargo, no todos los procesados por este Juzgado de Barcelona han sido requeridos por el Tribunal contable.

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de enero el acta de liquidación provisional de la responsabilidad contable por el ‘procés’, con la que impuso fianzas solidarias a 28 investigados para asegurar el reintegro de los 4,1 millones de euros al erario público en caso de que sean condenados.

Esos 28 investigados son tanto los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont ya juzgados en el Supremo como los huidos, así como ex altos cargos de la Generalitat que han sido procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Sus defensas ya pidieron por escrito utilizar las fianzas depositadas tanto en una como en otra instancia para cubrir esos 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador.

13 partidas diferenciadas

Según el Tribunal de Cuentas, los 4,1 millones se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo ‘referendum.cat’ y ‘crida extra’ (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web ‘cataloniavotes.eu’ (136.579,37).

Asimismo, identificó la responsabilidad de cada uno de los investigados, a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado. Así, cree que el exvicepresidente Oriol Junqueras tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros ―de forma solidaria junto con otros miembros del Govern―; mientras que considera que Puigdemont participó en gastos que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con la del que fuera el ‘número dos’ de la Generalitat, por lo que no se puede realizar una suma de ambas.

Hay otros investigados a los que se les atribuyen más partidas que al expresidente de la Generalitat como a los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, que se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros o la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, a quien se atribuyen 3,7 millones de euros.