El Supremo decide que el cliente debe pagar el impuesto de las hipotecas
La votación ha sido ajustada: 15 votos a favor de que paguen los clientes y 13 votos a favor de que lo hagan los bancos.
Victoria para la banca. Los clientes tendrán que seguir pagando el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) cuando se firme un préstamo hipotecario. Así lo ha resuelto el pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo (Contencioso-Administrativo) este martes en torno a las 19:30 horas después de dos días de discusión en lo que supone una marcha atrás.
Los 28 magistrados de los 31 convocados que han acudido a la reunión presidida por Luis María Díez-Picazo han decidido anular la jurisprudencia establecida hace tres semanas por las tres sentencias dictadas por la sección segunda (la especializada en materia impositiva) que resultaron favorables a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas. Estas determinaban que eran las entidades financieras quienes debían pagar este impuesto y no los clientes.
La primera de estas tres sentencias se conoció el pasado 18 de octubre y provocó un revuelo en el mundo económico y judicial. Supuso un cambio de criterio respecto a otra sentencia anterior del Supremo, fechada en febrero, que señalaba que tenían que ser los clientes los que pagaran el impuesto.
También implicaba un cambio importante con lo que había ocurrido en España en las últimas décadas, ya que los clientes han afrontado el pago de este impuesto durante los últimos 23 años, desde que en 1995 se aprobara el reglamento que así lo establecía.
La decisión del Supremo de este martes supone un ahorro para los bancos de entre los 640 millones de euros al año, según la agencia Moody's y los 700 millones de euros, según DBRS.
Ajustada votación
La discusión sobre quién tenía que pagar el impuesto ha centrado la reunión. La división ha sido máxima en el pleno y finalmente se ha resuelto con una votación muy ajustada: 15 votos a favor de que paguen los clientes y 13 de que lo hagan los bancos, según ha adelantado El Independiente y ha confirmado El HuffPost.
"El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario", ha asegurado el Tribunal en una nota enviada a los medios.
El texto de las tres sentencias que debatía el Supremo este martes, a raíz de otros tres recursos presentados también por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, se conocerá "en los próximos días".
Voto determinante de Díez-Picazo
El voto de Luis María Díez-Picazo, presidente de la sala, ha resultado determinante para que se resolviera a favor de la banca. Este magistrado había defendido en su exposición que el impuesto recayera sobre la banca a partir de la sentencia, pero sin carácter retroactivo, según han informado laSexta y Europa Press. Se alineaba así con la propuesta de la magistrada Pilar Teso Gamello para buscar un consenso.
A pesar de haber defendido esto, Díez-Picazo ha cambiado de postura en el momento de la votación. El presidente ha votado en último lugar y lo ha hecho a favor de la banca, evitando que se produjera un empate a 14 votos.
Díez-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde 2008 y presidente de la sala tercera desde septiembre de 2015. Hasta hace un año era profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la fundación de la patronal de los bancos Asociación Española de Banca (AEB).
Tras conocerse la decisión, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha vuelto a pedir la dimisión de Díez-Picazo y también la del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, "por el daño a los ciudadanos y a la justicia".
Pero, ¿qué es el impuesto sobre actos jurídicos?
El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) se paga cuando se constituye una hipoteca. Representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial en la que se formalice el préstamo.
Ese porcentaje varía en función de la comunidad autónoma en la que se produzca la firma. Se mueve en una horquilla entre el 0,5% de Madrid y el 1,5% de Andalucía. El pago medio de este impuesto se sitúa entre los 3.000 y 4.000 euros.
La asociación de consumidores Asufin difundió en Twitter un ejemplo en el que se podía ver que el impuesto AJD en la firma de una hipoteca de 240.000 euros suponía un importe de 3.309 euros.
Esta tasa está gestionada directamente por las comunidades autónomas. Las regiones prevén recaudar más de 8.800 millones de euros gracias al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (compraventa de viviendas de segunda mano) y el de actos jurídicos documentados (hipotecas).
Varapalo para millones de familias
La decisión del Supremo supone un verdadero jarro de agua fría para millones de familias, que esperaban una sentencia favorable a los clientes. La OCU calcula que hay seis millones de familias que pagan en estos momentos una hipoteca. La Asociación de Usuarios Financieros eleva la cifra de préstamos hipotecarios vivos a 8 millones.
El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calculó que 1,5 millones de familias habían firmado un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años (plazo en el que prescriben los impuestos). Estas familias habrían podido reclamar la devolución de este impuesto por la vía administrativa si la decisión hubiera sido distinta.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había calculado este martes por la mañana en el Foro Cinco Días que las comunidades autónomas habrían tenido que devolver 5.000 millones de euros que fueron abonados por los clientes en los últimos cuatro años.
"El peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado. Se trata de una decisión tremendamente perjudicial para los clientes hipotecarios. El Alto Tribunal da la espalda a los prestatarios, obligándoles a asumir el pago", ha asegurado Ramiro Salamanca, director legal del portal reclamador.es.
Salamanca considera que los clientes deben continuar con su lucha en los tribunales. "Los consumidores pueden seguir reclamando en los juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, apoyando su reclamación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado que los efectos de la abusividad no se pueden moderar ni integrar".
El partido político Podemos ha convocado una concentración en Madrid frente al Tribunal Supremo para este sábado a las 18 horas. El objetivo de la concentración es "defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad", según ha publicado Pablo Iglesias, líder de la formación.
Indignación entre las asociaciones de consumidores
Las asociaciones de consumidores han mostrado su malestar con la decisión del Supremo. "Una aberración", ha publicado Facua en Twitter, que también ha recordado el varapalo recibido por la justicia española con las cláusulas suelo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha manifestado su indignación y ha recordado la tocada credibilidad de la justicia. "La sentencia afecta a la credibilidad del máximo tribunal de este país, que merma la confianza de la sociedad en un tribunal al servicio de los poderosos y que ha actuado en contra de los derechos de los consumidores", ha asegurado en un comunicado.
"Inexplicable cambio de postura del Supremo frente a una campaña orquestada de la banca de presión a la ciudadanía, pero que no elimina el derecho que tienen seis millones de hipotecas de reclamar por una cláusula abusiva declarada nula en firme por el Supremo en 2015. Los consumidores van a poder seguir reclamando", ha asegurado Fernando Herrero, portavoz de Adicae, en declaraciones a laSexta.
El Gobierno se mueve
Ante el descontento de los ciudadanos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido mover ficha y decidirá su posición en la reunión del Consejo de Ministros prevista para el jueves, ya que el viernes es festivo en Madrid. "El gobierno va a analizar y estudiar el impacto de la decisión del Tribunal Supremo sobre hipotecas y fijará su posición en el Consejo de Ministros del próximo jueves", han asegurado desde La Moncloa a El HuffPost.
Hasta que se decida la posición, la consigna es respetar la decisión del Alto Tribunal. "Hay que respetar las resoluciones judiciales", ha afirmado Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, en el Senado.
En la misma dirección se ha manifestado el PSOE en su cuenta de Twitter:
Los bancos y los portales inmobiliarios aplauden seguridad jurídica
Las entidades financieras han aplaudido el resultado de la reunión. " La decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado", han señalado en un comunicado conjunto de las patronales bancarias AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y UNACC (cajas rurales).
En el mismo sentido se han manifestado los portales inmobiliarios, que han asegurado que esta decisión supone una mayor seguridad jurídica. Además, han pedido que se acelere la tramitación de la nueva ley hipotecaria.
"Es importante recuperar la seguridad jurídica no solamente para las entidades financieras sino también para los propios clientes. El hecho de que sea el cliente quien tiene que pagar el AJD aporta luz al proceso hipotecario. El cliente sabe lo que paga en todo momento y este importe no se camufla en comisiones o subida de diferenciales dependiendo de la comunidad en la que se realice la operación", ha asegurado Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.
"La polémica ha puesto encima de la mesa al consumidor como sujeto pasivo definitivo, señalándolo como aquel que tiene realmente interés en la garantía hipotecaria y en su inscripción notarial. La decisión deja el asunto tal y como está. En el caso de una hipoteca de unos 100.000 euros, el impuesto oscilaría entre los 500 y los 2.000 euros, en función de la comunidad autónoma", ha señalado Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.
Y, ahora, ¿qué va a ocurrir?
La batalla judicial no está perdida. Por el momento, los clientes podrán seguir reclamando los gastos de notario y registro ante los tribunales. Además, varias asociaciones han anunciado que recurrirán esta decisión ante los tribunales europeos.
