El Tribunal Supremo británico analiza si el primer ministro conservador, Boris Johnson, “frustró la soberanía del Parlamento” al suspenderlo en vísperas del Brexit, cómo alegan sus críticos, o si, en cambio, actuó dentro de sus prerrogativas.

La máxima instancia judicial del Reino Unido inició este martes un juicio de tres días en el que examinará los dictámenes emitidos por el Tribunal Superior de Londres y la Corte de Apelaciones de Escocia, que fallaron a favor y en contra del Gobierno, respectivamente.

Al inaugurar el proceso, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, advirtió de que el asunto de la salida de la Unión Europea “no concierne” a los once jueces del tribunal, que dirimirán solo si fue constitucional la decisión de Johnson de levantar las sesiones en un momento crítico para el país.

El jefe del Ejecutivo suspendió las cámaras del 10 de septiembre al 14 de octubre, a poco de la fecha prevista para la retirada del bloque, el 31 de octubre, con el argumento de que necesitaba el tiempo para diseñar su nueva agenda legislativa.

Los demandantes en este proceso, entre ellos varios diputados, consideran en cambio que la decisión, que fue sancionada, como es protocolario, por la reina Isabel II, fue una artimaña para impedir que el Parlamento obstaculizara su radical plan de Brexit.

Los argumentos

Empezó los alegatos ante el Supremo David Pannick, el abogado de la empresaria Gina Miller, cuya demanda contra Johnson desestimó el Superior al concluir que el líder tory actuó dentro de su potestad al levantar las sesiones y que, en todo caso, fue una decisión política que no compete a las cortes.

Pannick argumentó, por un lado, que el asunto sí compete a la Justicia, puesto que si no se determina el alcance de la competencia gubernamental para aplazar la actividad parlamentaria podría suceder que “otro primer ministro lo suspendiera durante seis meses o un año”.

También adujo que en una democracia constitucional el principal poder es el legislativo, no el ejecutivo, por lo cual, aunque sea prerrogativa del Gobierno suspender las cámaras, solamente puede hacerlo por “motivos legítimos” y no de modo que “prive al Parlamento de sus funciones de escrutinio”.

Pannick sostuvo que el aplazamiento de cinco semanas en pleno debate sobre el Brexit tiene el efecto de “frustrar el principio constitucional de soberanía parlamentaria y su supremacía sobre el Ejecutivo”. El abogado reconoció que el caso es complejo porque “no hay ningún precedente” aplicable y serán los jueces quienes lo sienten, dado que el Reino Unido no tiene una Constitución escrita.

Recordó, no obstante, que el Supremo ya admitió la supremacía del Legislativo cuando en 2016 falló a favor de Miller, al concluir que el Ejecutivo necesitaba la autorización del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dio inicio a las negociaciones con Bruselas para la salida del bloque.

Pannick lamentó que Johnson, que hace unos días negó haber “mentido” a Isabel II sobre sus motivos para cancelar las sesiones, no haya testificado por escrito explicando su posición, y dijo que “hay que considerarlo en su contra”.

Por parte del Gobierno, intervino hoy Richard Keen, abogado del Estado conservador para Escocia, que recurrió el dictamen previo de la corte de apelaciones escocesa con el principal argumento de que la demanda presentada compete al ámbito de la política y no de la Justicia.

Keen insistió en que el aplazamiento de las sesiones se hizo por el “legítimo motivo” de preparar la agenda de cara al discurso de la reina del 14 de octubre, que inaugura el curso parlamentario y, como es habitual, por la época de congresos anuales de los partidos.

Mantuvo que en cualquier caso Johnson “cumplirá con el fallo del tribunal” Supremo (es decir, que estaría dispuesto a ordenar la reanudación del Parlamento), pero no precisó si sería capaz de decretar otra suspensión en el futuro.

El juicio en el Supremo, que puede afectar los planes del Gobierno de salir de la UE con o sin acuerdo el 31 de octubre, continuará mañana y el jueves en Londres con más alegatos, y se espera que el dictamen salga la semana próxima.