El Supremo abre la puerta a 10.000 nuevas licencias para Uber y Cabify
El sector del taxi llama a nuevas movilizaciones tras una sentencia que otorga 80 licencias en Madrid.
Miedo y rabia. Esos eran los principales sentimientos del sector del taxi al conocer este miércoles que el Tribunal Supremo ha concedido 80 licencias de vehículos con conductor (VTC) que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid. Estos permisos son los utilizados por plataformas como Uber y Cabify. Parecen pocas, pero el sector califica la decisión de "precedente muy negativo", puesto que sienta jurisprudencia y abre la puerta a que se concedan unas 10.000 más en los próximos meses que se encontraban paralizadas.
La sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo ha estimado en dos sentencias los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que les denegaba las peticiones de licencias, como adelantó El Confidencial. Esta decisión del máximo órgano judicial supone que las compañías recibirán 60 y 20 licencias, respectivamente.
¿Por qué son importantes estas sentencias?
Lo relevante es la fecha de solicitud de las licencias a las que se refieren las sentencias. En concreto son permisos solicitados entre julio de 2013 y noviembre de 2015. Dos fechas clave para entender el conflicto. En julio de 2013, el Gobierno modificó la ley de Ordenación de Transporte Terrestre y estableció de nuevo una ratio: una licencia VTC por cada 30 de taxi.
Una proporción que no se cumple. A nivel estatal, hay 64.429 licencias de taxi frente a 6.421 de VTC, según los datos del Ministerio de Fomento a fecha 2 de noviembre. Es decir, un vehículo de alquiler con conductor por cada 10 taxis. La situación se agrava en las ciudades grandes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 15.383 licencias de taxi y 2.522 VTC. Un Uber o Cabify por cada seis taxis.
Sin embargo, el Gobierno no desarrolló esta modificación legal hasta noviembre de 2015 con la aprobación del real decreto que establecía el reglamento de la ley. Sobre ese real decreto existen otra serie de recursos presentados que aún no han sido resueltos. Uno de ellos fue presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que pedía la nulidad de varios preceptos de la norma por imponer requisitos que consideraba desproporcionados.
Licencias solicitadas entre 2013 y 2015
La duda que el Supremo debía aclarar era si se aplicaba directamente la ratio incluida en la ley (2013) o si era necesario el reglamento que la desarrollaba (2015). El Alto Tribunal ha concluido que no puede denegar esas licencias porque "aún no se había producido el desarrollo reglamentario de las limitaciones y restricciones que incluía, que finalmente se produjo en noviembre de 2015".
Durante los años 2013 y 2015, muchas empresas solicitaron licencias VTC que han sido denegadas o paralizadas en las comunidades autónomas o tribunales. Se encontraban a la espera de la sentencia del Supremo. Debido a ello, los afectados creen que ahora que podrían suponer el inicio de una cascada de concesiones de licencias VTC.
La cifra de licencias pendientes de resolución la dio a conocer el Ayuntamiento de Madrid tras una reunión con Fomento, serían 10.000 en toda España. Las provincias de Madrid y Barcelona con más de 3.000 cada una. Eso incrementaría mucho la competencia.
¿Cómo han reaccionado ambos bandos?
Cabify se ha alegrado de la decisión, porque cree que aumentar la competencia sirve para favorecer a los ciudadanos. En el otro bando, el pánico se ha apoderado del sector del taxi. El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha solicitado por carta una reunión urgente al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
"El ministro debe ser consciente de la gravedad del problema y la importancia de actuar pronto y de forma coordinada para evitar que el terrible daño que una inundación de VTC haría al taxi, al transporte público y a los ciudadanos", ha afirmado Leal en un comunicado.
Pero no se quedarán únicamente en la carta. Fedetaxi, la asociación mayoritaria, tiene previsto realizar movilizaciones para "aumentar las medidas de presión a las Administraciones Públicas", que se unirán a la huelga ya convocada para el próximo 29 de noviembre en Madrid.