El problema de las universidades privadas no es el que usted cree

¿Una universidad puede ser una empresa? En España, sí. Hay tres modelos de propiedad que conviven en el sistema universitario español: pública, privada religiosa —cuyo fin es reforzar la presencia católica en la sociedad— y privada empresa. La mayoría de estas últimas pertenecían a conglomerados familiares hasta finales del 2018, cuando dos fondos de inversión se hicieron con la propiedad de la Universidad Europea y la Universidad Alfonso X El Sabio.

¿Acaso es ilegítimo ser una empresa? No, la cuestión es si cualquier actividad puede tener como objetivo dar beneficios a un grupo de accionistas. Obviamente, las instituciones, públicas y privadas, tienen que buscar la sostenibilidad económica. Las primeras, por respeto al dinero de todos los contribuyentes. Las segundas, porque de ello depende su existencia. Pero otra cosa es obtener plusvalías a toda costa.

Hay algunas instituciones que tienen un valor social, no comercial. Estas buscan cuidar o mejorar a los ciudadanos para mejorar a su vez el nivel de toda la comunidad. La universidad es un buen ejemplo: busca explicar el sistema de ideas y leyes que gobierna el mundo para incrementar el nivel profesional y personal de los ciudadanos. Este objetivo es idéntico para todas las universidades, con independencia de su propiedad. Por esta razón están auditadas por los diferentes responsables educativos y todas tienen que cumplir las mismas reglas.

¿Dónde está el problema entonces? Que en España la ley permite que las universidades sean una empresa más y puedan tener como objetivo ganar cada vez más dinero.

Esta situación provoca algunas incoherencias en la Universidad Europea. La junta de accionistas nombra a la rectora y no la comunidad educativa, como ha sido desde la Edad Media. Los decanos nunca han dado clase y tienen “coche de empresa”. Hay un grupo directivo paralelo al docente e investigador, que impone su jerga: el alumno pasa a ser un cliente, el grado pasa a ser un producto y las decisiones docentes se subordinan al márquetin.

La sospecha de que el director general de la Europea haya plagiado presuntamente parte de su tesis doctoral, según publicó El Salto, arrasa con el prestigio que profesores y alumnos han construido durante años.

Con el marco regulatorio actual, basta con que un fondo desaprensivo como Permira quiera subir el ebitda aplicando la ecuación de costumbre de aumentar las ingresos y bajar los gastos, para que se traduzca en despidos de profesores y en la multiplicación del ratio de alumnos por aula. El objetivo ya no es formar buenos profesionales para el futuro, sino ganar más dinero a costa de una institución común.

La sociedad española se juega mucho en estos días. Si el expediente de regulación empleo (ERE) de la Universidad Europea se lleva a cabo, mostrará el camino para que otros fondos buitres lo vuelvan a hacer en otras universidades, pero también en otros sectores sociales como la sanidad o el transporte.

Por todo esto, los profesores e investigadores de la Universidad Europea hemos pedido a la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Universidades y a todos los partidos políticos una ley específica de la universidad privada que aleje a los especuladores del bien común.

Una ley que prohíba las ganancias y obligue a reinvertir los beneficios para remunerar a los profesores, sufragar la investigación, mejorar las condiciones y medios de los alumnos e instaurar un sistema de becas. Una ley que permita que la propiedad universitaria esté en manos de cooperativas de profesores y no de fondos buitres. Una ley que asegure que las universidades se dediquen por encima de cualquier cosa a investigar y divulgar el fruto de la investigación entre sus alumnos para que la sociedad en general sea mejor. Una ley que devuelva el protagonismo de la universidad a sus únicos propietarios: profesores y alumnos.