El PP no descarta acudir a los tribunales por el impuesto a los ricos del Gobierno

El PP no descarta una nueva batalla judicial con el Gobierno, en esta ocasión por los impuestos. Con el consentimiento de la dirección nacional, los equipos jurídicos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía van a estudiar al detalle el ambicioso paquete de reformas fiscales de Pedro Sánchez para analizar si tienen margen de victoria en el Tribunal Constitucional por lo que consideran una “clara” invasión de competencias.

El nuevo impuesto “de solidaridad” lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%. En total, 23.000 contribuyentes se verían afectados por este nuevo gravamen. La medida está diseñada para combatir las bonificaciones de las comunidades autónomas que han eliminado el impuesto de Patrimonio.

Tanto Isabel Díaz Ayuso, primero, como Juan Manuel Moreno, después, anunciaron en los últimos meses la supresión de este impuesto. Se sumó también, pero solo parcialmente, el gallego Alfonso Rueda. Y precisamente esta ofensiva fiscal de las Comunidades Autónomas del PP ha provocado que el Ejecutivo reaccionara con un tributo estatal a las grandes fortunas, además de la aplicación de otras medidas como una bajada impositiva para los trabajadores con ingresos de hasta 21.000 euros.

Para el PP, el Ejecutivo invade competencias autonómicas. “Lo que hacen es crear un impuesto para ahuyentar el patrimonio y la inversión. Creemos que están suplantando a las comunidades que tenemos las competencias atribuidas sobre la imposición del patrimonio. El Gobierno nos suplanta y se inventa un impuesto que es igual para dar un hachazo fiscal en Madrid y también ahora en Andalucía“, sostiene Javier Fernández Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En la sesión del control al Gobierno en Andalucía, Juanma Moreno también se mostró muy crítico con Sánchez por las medidas anunciadas y su equipo también avanzó que ya evalúan la vía judicial. Habló de “incertidumbre” e “inseguridad” y se jactó de la incongruencia en la toma de decisiones de algunos dirigentes socialistas: “Decían que bajar impuestos era desmontar los servicios públicos y se tiran en tropel las comunidades autónomas socialistas y ahora con la ministra en cabeza a imitar al PP”, destacó.

“El Gobierno va a remolque del PP”

Tal y como avanzó el HuffPost, desde Génova se muestran muy críticos con el proyecto fiscal del Ejecutivo: “Una vez más el Gobierno va a remolque del PP y rectifica, pero una vez más lo hace a medias y de forma equivocada”, según fuentes solventes. Alberto Núñez Feijóo, eso sí, no se refirió a una hipotética batalla legal. “Lo que hace el Gobierno es un enjuague que no acaba de ayudar a los que más lo necesitan, que se compensa con un castigo a otros contribuyentes y que le permite seguir manteniendo una recaudación extraordinaria que no repercute en los ciudadanos. Es decepcionante. Han perdido una oportunidad de rectificar y siguen pensando más en la resistencia del Gobierno que en ayudar a los españoles”, según el PP.

¿Un primer paso para los Presupuestos de 2023?

Por su parte, el Gobierno espera con esta acción que se relaje la salvaje guerra fiscal que se había abierto entre las diferentes CC.AA. y que ya había contagiado, para disgusto de Moncloa, a las regiones presididas por socialistas. De hecho, el Gobierno pidió a Ximo Puig que no anunciara su bajada de impuestos al salirse de la línea marcada por Moncloa.

Después, fue Fernández Vara en Extremadura y Lambán en Aragón los que siguieron un camino similar para regocijo de un PP que ya se ha arrogado la defensa de las rebajas fiscales en un momento de fuerte presión para el ciudadano por la salvaje inflación.

Además, este pacto fiscal del Gobierno de coalición ha allanado el camino para continuar con la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado de 2023, que buscan el sello del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.