El Parlamento respalda el plan de Johnson para ignorar el acuerdo del Brexit

El plan del primer ministro británico, Boris Johnson, para ignorar unilateralmente las partes más controvertidas del acuerdo del Brexit ha superado este lunes su primer obstáculo parlamentario, a pesar de las críticas que suscita tanto desde la oposición como desde la propia bancada del Gobierno conservador.

Johnson ha hecho valer una vez más su amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, que ha respaldado con 295 votos a favor y 221 en contra un proyecto de ley con el que podrá reescribir el Protocolo para Irlanda del Norte, que regula el estatus de la región británica tras la ruptura con la Unión Europea (UE).

Algunos diputados tories, incluida la ex primera ministra Theresa May, han cargado contra los planes de su Ejecutivo al argumentar que socavan tanto la legalidad internacional como la reputación del Reino Unido, que firmó en 2019 un tratado del que ahora reniega al considerar que provoca demasiadas fricciones políticas y económicas.

Mientras, Johnson estaba reunido con varios dirigentes europeos en los Alpes bávaros en el marco de la cumbre del G7. “Podemos aprobarla muy rápidamente, si el Parlamento quiere”, ha afirmado el mandatario desde Alemania. Sin embargo, la ley podría tardar hasta un año en ser aprobada, sobre todo si se estanca en la Cámara de los Lores.

Con todo, Johnson ha evitado que ese conato de revuelta interna hiciera descarrilar la ley en su primera prueba parlamentaria. La votación de este lunes allana el camino para las siguientes fases en los Comunes, aunque persiste el temor a que la Cámara de los Lores (Alta), donde el Ejecutivo no tiene mayoría, trate de modificar o frenar la legislación.

Proyecto “legal” y “necesario”

La ministra de Exteriores, Liz Truss, ha insistido durante el debate en que su proyecto es “legal” y “necesario” para mantener la estabilidad en Irlanda del Norte.

El Ejecutivo autónomo de poder compartido en Belfast no se ha restaurado tras las elecciones de mayo, que ganó el republicano Sinn Féin, ante la negativa de los unionistas a desbloquearlo si Londres no da pasos para eliminar el Protocolo acordado con la UE.

Ese bloqueo político, junto con las fricciones comerciales en el paso entre Gran Bretaña a Irlanda del Norte, ha centrado los argumentos de Truss a favor de la ley.

Si el texto sale adelante, el Gobierno tendrá competencias, según la legislación británica, para limitar los controles aduaneros pactados con Bruselas y anular el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como última instancia para disputas comerciales en la región, que continúa integrada en el mercado comunitario.

También tendrá libertad para aplicar subsidios y desgravaciones fiscales en Irlanda del Norte, que según los acuerdos debe cumplir las reglas europeas para evitar competencia desleal con el resto del mercado, así como para que las empresas norirlandesas puedan prescindir de los estándares comunitarios si sus productos no están destinados a la UE.

Preocupación por la reputación del Reino Unido

La ex primera ministra Theresa May, que en 2019 intentó sin éxito en tres ocasiones que el Parlamento aprobara su propio acuerdo del Brexit, se ha situado este lunes entre las voces más críticas con Johnson.

“No doy la bienvenida a esta ley”, ha dicho May, que ha argumentado que el texto contraviene la legislación internacional y socava la “posición del Reino Unido a los ojos del mundo”.

El también conservador Simon Hoare, presidente del comité de los Comunes para Irlanda del Norte, ha recalcado asimismo su “enorme preocupación sobre la legalidad” del proyecto de su Gobierno.

Hoare ha defendido la necesidad de “desvincular” los intentos por restaurar el Ejecutivo de poder compartido norirlandés y las negociaciones con Bruselas sobre el Protocolo.

“Esta ley es un fracaso político que pone en riesgo la reputación del Reino Unido. Los argumentos que la respaldan son endebles, en el mejor de los casos, o incluso irracionales, en el peor”, ha agregado.

El portavoz de Exteriores de la oposición laborista, David Lammy, ha admitido por su parte que “las barreras y controles que eran inherentes (al Protocolo) han creado nuevas tensiones que deben ser resueltas”, pero ha subrayado que esta ley es “dañina y contraproducente”.

“La estrategia que la respalda es defectuosa, la justificación legal es débil y el precedente que sienta es peligroso”, ha dicho Lammy, que ha acusado de “hipocresía” a un Ejecutivo conservador que llama a otros países a “cumplir sus obligaciones internacionales” al tiempo que está dispuesto a saltarse las suyas.