El movimiento estudiantil para frente a Castells: "Toda reforma universitaria debe situarse en el camino de avanzar"

Parón estudiantil. Este jueves, alumnos universitarios de toda España se plantan contra las dos reformas promovidas por el Ministerio de Manuel Castells, en defensa de “una Universidad pública, democrática y de calidad”. En concreto, se oponen a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) aprobada este miércoles en el Congreso.

El rechazo a la primera, explican, se debe a que a su entender, queda “lejos de contener mejoras y retrocede en los derechos de los estudiantes”, mientras que en el caso de la segunda, consideran que elimina la mediación y las alternativas a las sanciones, convirtiendo en grave cualquier tipo de acción como forma de protesta.

El Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), que reúne a representantes de todas las universidades españolas, emitía este martes un informe desfavorable al proyecto de la LOSU en una sesión presidida por el propio ministro, y a su vez, incorporaba en el acta su apoyo a la convocatoria de movilizaciones realizada por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) para este 18 de noviembre.

Oposición a las enmiendas

Con ello, se sumaba a la oposición a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, Unidas Podemos y PSOE a la LCU al estimar que borran de la Ley de Convivencia Universitaria el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto, el cuál sí recibió informe favorable por parte del órgano estudiantil.

El texto de la norma ya aprobada se vertebraba en un inicio en torno a la mediación a través de dos procedimientos: por un lado un arbitraje informal para resolver conflictos de manera amistosa, y por otro, los conocidos como “procedimientos de mediación”, dos órganos con representación de todos los colectivos que se reunirían para sancionar determinadas conductas.

Sin embargo, la negociaciones políticas del Gobierno con ERC acabaron  dejando en manos de cada campus público la libertad de gestionar la convivencia de manera autónoma, sin necesidad de recurrir a la mediación. Finalmente, en la noche del martes y a pocas horas de dar el pase final a la ley, el Ejecutivo pactó con el PNV que cada centro, sin perjuicio de sus competencias, “desarrolle un sistema de mediación que se aplique con anterioridad y durante el procedimiento disciplinario”.

A pesar de todo, la enmienda no convence ni a la Conferencia de Rectores (CRUE) ni al movimiento estudiantil. “Venimos negociando desde hace un año, y al final, frente al espíritu de mediación y convivencia, las enmiendas lo que hacen es acabar con él y trasladar a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de los mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos, lo que impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español”, explica Andrea Paricio Henares, presidenta de la CREUP.

Sus demandas son compartidas tanto por los órganos superiores de la Universidad como por el resto de organizaciones representativas del estudiantado. “Con estos cambios se anula la principal aportación de lo consensuado con el Ministerio, que es el desplazamiento del eje del sistema de convivencia del ámbito puramente disciplinario a la resolución pactada de los conflictos”, sostiene.

“Se da prioridad a las sanciones disciplinarias, convirtiendo la convivencia universitaria en un mero régimen sancionador”, añade. “Hacen de una ley moderna una ley como la franquista, con algún retoque, y vuelven punible lo que consideramos formas legítimas de lucha por nuestros derechos”, expone.

En sentido contrario, Castells defendía este miércoles tras la aprobación de la norma, cómo la LCU “en lo esencial, consagra la mediación como la fórmula preferible en la resolución de conflictos” y “obliga a todas las universidades a constituir una comisión con presentación de todos los estamentos universitarios”.

El titular del departamento también reconocía el “escándalo” que suponía la supervivencia del código franquista en un contexto democrático.

Para las asociaciones estudiantiles que convocan el parón, no obstante, “tanto la LOSU como la LCU culminan una reforma elitista que añade aún más barreras a la educación superior”. “La Universidad Pública está en juego. La pandemia y posterior crisis han agravado muchos de los problemas que la Universidad arrastra desde hace tiempo y, en ese contexto, el proyecto de reforma parece que no va a resolverlos, sino a empeorarlos”, destacan. 

Los alumnos reclaman una Universidad que no expulse al alumnado por su capacidad socioeconómica y reconocen que las consecuencias del “tasazo” de Wert siguen sin remediarse, teniendo los estudiantes que costear matrículas abusivas. Algo que, en muchos casos, no se pueden permitir. “Unido a esto, el sistema de becas y ayudas al estudio es completamente insuficiente en cantidad y extensión para cubrir nuestras necesidades y llega demasiado tarde, fallando a su propósito original”, añaden. 

Derechos y garantías para la comunidad universitaria

El manifiesto también apunta hacia una mejora de las condiciones del personal administrativo, docente e investigador. “Se debe garantizar la estabilidad laboral y mejorar la situación de la carrera académica y profesional, eliminando, en primera instancia, la tasa de reposición y facilitando los criterios de promoción dentro de la Universidad”, sostienen.

“La falta de personal, junto a la infrafinanciación universitaria, supone una gran carga de trabajo que no permite desarrollar las labores de docencia e investigación de manera satisfactoria. Asimismo, al colectivo de trabajadoras y trabajadores predoctorales se les debe garantizar una remuneración adecuada y reconocerles derechos como la indemnización por finalización de contrato predoctoral”, exponen.

Pero por encima de todo, los estudiantes reclaman un espacio donde se les escuche y respete. “El colectivo mayoritario de la Universidad debe tener una representatividad y poder determinantes en la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta su opinión de manera efectiva al mismo nivel que el resto de colectivos y que sus posturas no se vean menospreciadas ni infravaloradas por el hecho de ser estudiantes”, argumentan. “La reforma debe lograr estos objetivos, garantizando que la comunidad universitaria pueda realmente participar y que sus decisiones sean tenidas en cuenta de manera vinculante”, añaden.

Por ello, reivindican al Gobierno y distintos partidos políticos que respeten los consensos, dejando a un lado intereses particulares “que dan pie a negociar con la educación superior como un bien de mercado”.

“Este 18 de noviembre nos manifestamos para exigir que se nos respete y se nos oiga”, demandan, “que toda reforma universitaria se sitúe en el camino de avanzar en derechos y garantías para el conjunto del estudiantado y la comunidad universitaria, y, en definitiva, para reclamar la Universidad que nos merecemos”.