El lugar donde más muertes hubo por coronavirus sigue estando desprotegido

Desamparar: abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o necesita, según el Diccionario de la Real Academia Española. Desamparo: situación en la que se dejó a los ancianos que vivían en residencias durante la pandemia de coronavirus, según un detallado informe elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF) tras visitar medio millar de estos centros en España.

Se calcula que el 69,1% de las personas fallecidas por COVID-19 en España vivían en residencias, y este porcentaje incluso podría ser superior, teniendo en cuenta que sólo entre el 6 de abril y el 20 de junio murieron 27.359 personas en residencias de mayores, de acuerdo con datos de Sanidad.

“Ya no es sólo una cuestión de edad, sino de dónde vivían”, constata Miriam Alía, coordinadora médica del equipo de Madrid para la emergencia Covid de MSF. Las deficiencias en el modelo español de residencias no son nuevas —ratios de personal muy bajos y con sueldos precarios, asistencia médica insuficiente, falta de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, prioridad del beneficio por encima del bienestar—, pero esta vez han hecho más daño.

“Un horror. Una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir”. Así describe la situación un jefe de bomberos que dirigió labores de desinfección con MSF en una residencia. “Yo tenía miedo de que Eugenia se dejase morir y empecé a sacarla cada día un rato [...]. Un día vinieron los de atención primaria justo cuando la teníamos fuera, y me dijeron que era una inconsciente y estaba poniendo en peligro a todo el mundo. No me quedó otro remedio que devolverla a la habitación; me hicieron sentir muy mal. Ella dejó de comer otra vez y a los pocos días se murió”, relata Carmen, directora de una pequeña residencia familiar. “Llamabas al hospital de referencia y te decían: ‘Lo siento, hoy solo podemos admitir a una persona de residencias, elijan ustedes’”, recuerda Luisa, una asistenta social.

Estos son sólo algunos de los testimonios que recoge Médicos Sin Fronteras en su informe. Miriam Alía, que ha participado en su elaboración, apenas tiene palabras para describir lo vivido. “La situación en las residencias ha sido dramática”, dice. “Para hacernos una idea, si en la residencia Reina Sofía de las Rozas se derivaba a 40 personas al hospital en un mes ‘normal’, en abril sólo se llevó al hospital a 16 personas. Este indicador te da una idea de cómo han estado”, señala.

“Las residencias no son establecimientos médicos”

“Las residencias no son establecimientos médicos, sino casas para personas mayores”, aclara Alía. “Algunos centros ofrecen servicios médicos que dependen de atención primaria, otros tienen servicios médicos propios, pero nunca especializados, y por supuesto sin capacidad de responder a una pandemia”, explica. “En una situación de colapso de los servicios sanitarios, se ha dejado de lado a una población tan vulnerable como la de personas mayores en residencias. Y esto ha tenido unos costes de mortalidad muy graves”, asegura.

Ha fallado el modelo, ha faltado coordinación, y todo apunta a que ahora, con la segunda oleada asomando su zarpa, el sistema sigue sin estar preparado. Este lunes, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se ha reunido con las comunidades autónomas para conocer la situación de las residencias, pero el 8% de los nuevos brotes registrados en España ya se dan en centros sociosanitarios —donde la mortalidad es mucho más alta que en cualquier otro entorno—, y cada residencia tiene la misión de redactar un plan de contingencia de cara a esta nueva ola epidémica.

No existe un protocolo unificado, sino indicaciones “vagas” —lamenta Alía— que cada centro debe implementar en función de sus características. Estas indicaciones hablan, entre otras cosas, de abastecimiento de material, de régimen de visitas y de zonas de aislamiento. ¿El problema? “No es lo mismo una residencia de cinco plantas en Madrid donde se pueda aislar varias de ellas que otra pequeñita en un pueblo de Segovia sin esa estructura, donde sólo se pueda aislar por pasillos”, ilustra la portavoz de MSF. “Las residencias están bastante perdidas”.

Para José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las residencias cuentan con un problema de base: la falta de inversión. “En todos los miles de millones de euros que se han repartido a las comunidades, no ha habido un dinero ex novo para el sistema de atención a la dependencia ni para las residencias”, señala. “Había mil millones de euros anunciados para los Servicios Sociales, pero el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, decidieron destinarlos a otros temas. Ha habido dinero para la Sanidad, 9.000 millones de euros, ha habido dinero para la educación, 2.000 millones de euros, ha habido 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital, ha habido 1.000 millones de euros para la investigación, 900 millones de euros para transporte, pero para el sistema de atención a la dependencia y para las residencias no ha habido dinero”, critica. 

Aun sabiendo que “no existe el riesgo cero”, Ramírez ha echado de menos “un sistema de alerta temprana” en las residencias con el que se monitoricen los datos rápidamente para tomar decisiones acorde. “Sólo alguna comunidad autónoma lo ha hecho de manera puntual, pero no existe a nivel estatal”, explica.

Las residencias, de algún modo, están en un limbo. “El sistema sociosanitario en España es muy complejo, porque hay 17 pequeños ministerios de Sanidad y otros 17 de Servicios Sociales. Además, hay una gran parte del sistema que es privada, otra parte pública y otra concertada”, cuenta Alía.  

Ante la pregunta de si la situación podría volver a repetirse en esta segunda oleada, salen a flote los miedos, en este caso justificados. “No sé si volverá a pasar lo mismo, pero el sector de las residencias es el que menos se ha tocado en estos meses de pandemia, así que es probable que los casos vuelvan a descontrolarse”, sostiene Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. “Son sitios en los que la gente está hacinada, así que en cuanto llega algún caso, ya sea por un familiar o por un trabajador, la posibilidad de expansión es muy grande”, explica.

“Hemos hablado mucho de lo que ha pasado en ellas, pero realmente han cambiado pocas cosas”, lamenta Gullón. “En principio, ahora hay más material de protección y más pruebas, también ha mejorado algún protocolo y se tiene alguna cosa más clara, pero no se ha hecho ningún cambio estructural: no se ha contratado a más gente, no se han cambiado modelos de atención, tampoco queda demasiado claro cómo se hace el drenaje entre casos positivos y negativos”, enumera. 

El aislamiento no es la solución

“Por ahora, parece que la única respuesta es el aislamiento, y no tengo muy claro que esa sea la solución y que las personas mayores puedan aguantar un aislamiento de tres o cuatro meses”, reconoce el epidemiólogo. “Ante la perspectiva de que la situación se repita, tampoco se ha elaborado ningún protocolo que diga cómo tienen que pasar estas personas sus últimos momentos de vida. Se quedan totalmente solas, y esos momentos de soledad afectan”, advierte.

Después de recopilar testimonios en decenas de residencias, Miriam Alía coincide en que este punto resulta clave si las cosas quieren hacerse mejor en la segunda ola. “Se necesita un protocolo de despedida para personas en una situación cercana a la muerte”, defiende. “Han muerto solas, no había una normativa que permitiera la visita de los familiares, no había protocolos para mantener los servicios de comedor, de rehabilitación, o algún tipo de actividad psicosocial”, lamenta la portavoz de MSF. “Hasta ahora, la única forma de proteger a los mayores ha sido aislándolos en su habitación, y esto no es sostenible. No se puede tener a personas mayores encerradas 24 horas al día durante semanas o meses, ni por su salud física ni por su salud mental”.