El lío de El Prat en seis preguntas y respuestas

El milmillonario plan para convertir el aeropuerto barcelonés de El Prat en un hub intercontinental se ha quedado en tierra. El Gobierno acordó el 2 de agosto con el Govern de Cataluña invertir 1.700 millones en diez años con la promesa de crear empleo y cumplir con una demanda histórica del empresariado catalán. 

El problema es que el proyecto ha tenido que tomar tierra apenas un mes después de echar a volar, víctima de un complejo juego de intereses que ha abierto un choque entre Moncloa y Govern a 24 horas de la Diada y con la Mesa de Diálogo entre ejecutivos prevista en Barcelona para el jueves o viernes de la semana que viene, según ha confirmado Pere Aragonès.

Hay un elemento clave para entender el desarrollo de los acontecimientos: la zona protegida de La Ricarda, incluida en la Red Natura 2000 de protección de la biodiversidad que impulsa la Unión Europea. 

Lo cierto es que el plano de ampliación del aeropuerto implica afectar una parte de La Ricarda para alargar una de las pistas. Esa es la piedra angular de la maraña de un proyecto que ha contado desde el principio con el rechazo de los ‘comunes’, capitaneados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y también de Unidas Podemos, cuya líder en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vistió el enclave para mostrar el rechazo de su partido a un plan de su propio Ejecutivo.

¿Por qué se ha paralizado la inversión?

La explicación del Gobierno es que la obra no puede llevarse a cabo si los socios del Govern no se entienden y llegar a un acuerdo sobre la ampliación de El Prat.

La situación entre ERC y Junts se había tensado hasta el punto de que los republicanos, al mando de la Generalitat, anunciaron este miércoles su intención de asistir a la manifestación en contra de la ampliación que habían negociado sus socios de Junts a través del vicepresidente, Jordi Puigneró.

Que el partido del presidente de la Generalitat anunciara su rechazo al plan fue la señal necesitó Moncloa para frenar la inversión.

¿Cómo ha afectado a las relaciones entre socios de Govern?

Lo cierto es que el presidente Aragonès evitó este jueves señalar a su socio de Gobierno y se limitó a culpar al Gobierno central, al que acusó de organizar una operación de chantaje.

La realidad es que tras el fiasco se esconden las diferencias entre socios: por un lado Junts, sensible a las reclamaciones del empresariado catalán que pide desde hace tiempo la ampliación de El Prat, y, por otro, ERC, comprometido con el crecimiento sostenible y la bandera ecologista.

¿Y entre Gobierno central y Generalitat?

El freno del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado en la semana en que se organiza la Diada. Este sábado, los catalanes están llamados a celebrar ‘la fiesta nacional’ que conmemora la caída de Barcelona a manos de las tropas francesas, en 1714. Y la semana que viene está prevista la reunión de la Mesa de Diálogo entre La Moncloa y la Generalitat.

No obstante, pese al encontronazo, tanto el presidente Aragonès, como el Gobierno central han sacado la confrontación por El Prat de la Mesa y han asegurado que no afectará al contenido del encuentro.

¿Cómo ha sentado la paralización en el sector empresarial y sindical?

Mal. La patronal catalana ha reñido al Gobierno de la Generalitat. Es más, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, no ha dejado títere con cabeza. Tras conocerse el fracaso del plan, convocó a la prensa y en su intervención lamentó que el Govern no haya salido de “la cultura del no a todo”.

Además, Sánchez Llibre alertó de que el frenazo al proyecto tendrá consecuencias: “Los empresarios no nos quedaremos quietos ante unos hechos que pueden llevar a la ruina económica de Cataluña, de las empresas y de las familias”.

El máximo responsable de la patronal catalana también se acordó de los ‘comunes’, al mando del, según dijo, “negligente”, Ayuntamiento de Barcelona. Y remachó su intervención llamando “desleal” a Yolanda Díaz por inclinar con su visita la balanza en favor del fin del plan.

Entre los sindicatos el sentir es similar. Tanto Comisiones Obreras como UGT exigieron que se retomen las negociaciones para aprovechar la inversión anunciada por Aena. “Es un desastre [el frenazo a la inversión], pero creemos que hay margen y tiempo para la negociación”, contó a El País Camil Ros, secretario general de UGT, para quien que Barcelona se convierta en hub internacional es “algo que no se puede dejar perder”.

¿Qué ha pasado?

Según la reconstrucción de los acontecimientos que hace eldiario.es, Puigneró pactó antes con Aragonès la postura de la Generalitat el día que cerró el acuerdo en Madrid. Lo sorprendente es que al apretón de manos no le siguió firma alguna en ningún documento, sino un acuerdo verbal que comprometía a las partes a que el daño medioambiental a La Ricarda fuera mínimo y se justificara muy bien para que la Unión Europea, la competente, diera el visto bueno.

Todo estalló hace siete días, cuando se filtró el documento de ordenación aeroportuaria que especificaba textualmente que zona protegida se vería afectada. Puigneró dijo a sus socios que no se pusieran nerviosos, pero en ese momento, la ampliación ya se hizo difícil de tragar para Aragonès, quien cree que el Gobierno central estaba decidido a cerrar un plan para construir en una zona protegida, algo que inquieta a su partido, una formación de izquierdas sensible a las cuestiones medioambientales y con voces internas muy críticas con el plan de ampliación.

La CUP, apoyo parlamentario del Govern, es clave para la legislatura de Aragonès y sacar adelante una obra así, tocando una zona protegida, iba a pasarle factura.

El president empezó a recular y avisó en Twitter de que el documento de ordenación no se correspondía con lo acordado en el seno del Govern. La presión terminó por arrastrar a ERC. Los republicanos se desentendieron apuntándose este miércoles una manifestación para mostrar su oposición, mientras los posconvergentes intercedieron para convencer a Aragonès de que el acuerdo tiene un lado positivo para los intereses de Cataluña y de que la cuestión medioambiental puede resolverse en el plan director. Pero el plan ya estaba muerto sin el apoyo de ERC.

Según El País, en el Ministerio de Transportes, en Aena y en La Moncloa salta el piloto rojo cuando ERC abandona: sin Aragonés dentro, no hay inversión.

¿Qué puede pasar?

Es muy complicado que la situación se desencalle pese a la petición de los empresarios. Tanto la ministra Sánchez como el propio presidente Aragonès han sido contundentes. Pero en política nunca se sabe. Es el arte de lo imposible.