El juez pide al Ayuntamiento de Madrid los correos que enviaron los comisionistas

El juez del caso mascarillas ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que aporte los correos electrónicos que le remitieron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño para la operación de compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia que se investiga como una supuesta estafa.

El magistrado Adolfo Carretero quiere saber si en 2020, cuando se produjo la operación investigada, existía en el consistorio un “correo electrónico general destinado a recibir” las ofertas de material sanitario y, en ese caso, solicita la “dirección concreta” y el “modo en que se publicitó”.

Por ello ha dado al Ayuntamiento un plazo de cinco días para que aporte esta información y entregue asimismo los correos que enviaron a dicha dirección los empresarios investigados y los archivos que se adjuntaron.

Lo hace en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que el titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acuerda las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular que ejerce Podemos.

Esta misma semana, una testigo, la presidenta de la universidad americana CIS, María Díaz de la Cebosa, explicó al juez que Luis Medina le pidió un contacto del Ayuntamiento para hablar con la persona que gestionara los contratos de emergencia y que, tras valorarlo, consultó a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, si podía dar su contacto a un empresario que ofrecía material, pero sin especificar que quien lo pedía era Medina.

El primo del alcalde aceptó y le dijo que le daría a ese empresario el correo genérico para esos casos.

Además de indagar en si existió o no este correo, el juez también se dirige a la Unidad Especializada de Policía en criminalidad informática para que recaben “los mensajes y documentación original” remitida por ambos imputados a los directores de dos sucursales bancarias donde ingresaron los 6,6 millones de euros que supuestamente se embolsaron en comisiones de los tres contratos con el consistorio investigados.

El juez también quiere que la Policía informe sobre la extracción de metadatos de los referidos documentos, y sobre la autoría y fecha de creación.

Podemos solicitó esta diligencia con el objetivo de conocer cuándo se enviaron o se modificaron esos correos y aclarar “si los contratos de los comisionistas con la empresa de Malasia han sido creados ad hoc una vez requeridos por los bancos”, según detalló la portavoz Alejandra Jacinto.