El juez pide al Consejo de Ministros que desclasifique toda la información de la operación Kitchen

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha librado este viernes el auto para solicitar al Consejo de Ministros que desclasifique toda la documentación relativa a la operación policial denominada Kitchen, que presuntamente se puso en marcha para conseguir información sensible que el extesorero del PPLuis Bárcenas habría sustraído del partido cuando le despidieron.

Conforme adelantó Europa Press, el juez tenía intención de poner en marcha esta medida para poder comenzar a recabar declaraciones al respecto, dado que las informaciones disponibles apuntan a que se trató de un operativo de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sufragada con fondos reservados y por tanto, sería materia de secretos oficiales.

Se trata, por tanto, no de que el Gobierno autorice a una persona en concreto a prestar declaración sin los límites de las leyes de secretos oficiales o de fondos reservados, sino de levantar el velo que pesa sobre el operativo para que cualquier individuo que tenga información sobre él, sea investigado o testigo, pueda exponerla libremente en sede judicial.

El auto, librado este viernes según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, hace referencia al supuesto operativo que se habría desplegado en 2013 y en el que habrían estado implicados el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo y su socio, el también comisario Enrique García Castaño, ambos ya investigados en la Audiencia Nacional.

En concreto, la operación Kitchen habría consistido en convertir al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en confidente de la policía a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a los fondos reservados para que se encargase de recavar esa documentación que tanto el extesorero del PP como su mujer mientras él estuvo en prisión, habrían estado trasladando.

No sería la primera vez

El Consejo de Ministros, como ha dicho de forma escueta este viernes en rueda de prensa su portavoz, Isabel Celáa, no ha abordado aún este asunto.

No sería la primera vez que un Gobierno desclasifica documentación secreta a instancias de un juez. Así sucedió con los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, o con el atestado del siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán en 2005 en el que perdieron la vida 17 militares.

En todo caso, la diligencia del juez se desvincula de las peticiones elevadas por uno de los investigados, el comisario Enrique García Castaño, que viene solicitando al instructor que curse petición al Consejo de Ministros para poder declarar con libertad sobre secretos oficiales.

Lo hizo en dos ocasiones sobre asuntos materia de investigación en Tándem relacionados con los clientes de Villarejo y volvió a pedirlo cuando salió a la luz la existencia de la operación Kitchen. El juez no pide permiso para él, que podría solicitarlo individualmente al Gobierno, sino que solicita que se desclasifique todo el operativo.

Kitchen es la séptima pieza del llamado Caso Tándem, que investiga las actividades de Villarejo y sus socios así como a varios de sus clientes y que instruye De Egea desde hace más de un año en la Audiencia Nacional, el mismo tiempo que el comisario jubilado lleva en prisión preventiva investigado por delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Pide información a Interior

Se da la circunstancia de que otro juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, se ha interesado por este mismo operativo, dado que investiga la existencia de una caja b en el Partido Popular y los papeles que aquel despliegue policial pudo haber sustraído a Bárcenas, serían de interés para su causa.

Este juez libró auto la semana pasada para requerir que la Secretaría de Estado de Seguridad le remita a la "máxima urgencia" toda la información que tenga sobre aquel operativo, incluida la relación de personas implicadas en su desarrollo, así como los documentos que fruto del despliegue se pudieran haber intervenido, dado que no le consta que se entregase ningún informe sobre esto a la Audiencia Nacional.

Esta es la clave de la cuestión, pues se trata de esclarecer si el despliegue de este operativo policial obedecía a fines fuera de la legalidad, dado que si bien es legítimo articular operaciones con cargo a fondos reservados y trabajar con confidentes, el hecho de que ningún detalle de aquel despliegue llegase a un juzgado de instrucción suscita el recelo de los investigadores, según las fuentes consultadas por Europa Press.

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