El juez suspende la investigación de las obras de la sede de Podemos

El juez del juzgado 42 de Madrid ha suspendido la investigación sobre las obras de la sede de Podemos, al no apreciar delito de apropiación indebida. El carpetazo del juez Juan José Escalonilla se suma al que ya dio a las pesquisas sobre los contratos de campaña de los morados con la consultora ABD y sobre la caja solidaridad del partido, supuestos focos de irregularidades contables de los que no existen indicios. Eso sí, mantiene al partido como investigado en la causa por el contrato firmado por Neurona de cara a las elecciones de 2019.

En el auto, fechado este martes 12 de enero y al que ha accedido el El HuffPost fe, Escalonilla acuerda el sobreseimiento provisional sobre el presunto delito de apropiación indebida en relación con las obras de rehabilitación ejecutadas en la nueva sede del partido de la madrileña calle Francisco Villaespesa.

También acuerda el archivo de la causa sobre el posible delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad de Marta Flor, letrada de Podemos en 2019, por el acceso a su ordenador supuestamente ordenado por dirigentes del partido sin su consentimiento, según denunció el exabogado de Podemos José Manuel Calvente en la querella que dio origen a todo el procedimiento.

“No constando acreditado que se produjera una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación (...), para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación, procede acordar el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto del delito de apropiación indebida”, detalla el auto.

El proyecto de reforma y acondicionamiento del edificio elaborado por el arquitecto el 3 de abril de 2.019 ascendía a 649.936 euros, aunque finalmente la obra se adjudicó por 1.361.055 euros el 3 de junio de 2.019, un incremento que el magistrado considera “insólito” y “totalmente contrario al procedimiento propio de una licitación pública”, ya que el precio inicial “no se correspondía con la realidad” y Podemos “no licitó realmente las obras”, incumpliendo la ley de financiación de partidos políticos.

Tras exponer estos hechos el magistrado reconoce que la falta de licitación pública de esas obras “no constituye delito alguno” y que la divergencia entre el precio de licitación y de adjudicación pudo tener como finalidad “pagar un importe inferior por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO), sin que conste por tanto que con el dinero por el que se adjudicaron las obras se haya realizado pagos ajenos a las obras de rehabilitación ejecutadas”.

Por eso el magistrado da traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por el arquitecto en el juzgado por si el Consistorio quiere realizar una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra.

Sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad de Marta Flor Núñez, el magistrado argumenta que ni la letrada ni el partido han interpuesto denuncia, por lo que “procede acordar el sobreseimiento provisional al faltar el requisito de procedibilidad de denuncia previa por parte de dichos perjudicados”.

Escalonilla ya ha archivado las investigaciones referidas a los contratos de campaña con la consultora ABD y a la caja de solidaridad del partido, y ahora centra su investigación en el contrato entre Podemos y la consultora Neurona para las elecciones generales de abril de 2019.

En otro auto fechado el mismo día el magistrado rechaza el archivo tanto provisional como definitivo de la causa en lo referido a Podemos, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que planteó que el partido siguiera investigado para tener mayores garantías, a pesar de que no veía indicios de delito.

El juez recuerda que el objeto del procedimiento es “la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos del partido político Podemos de un delito electoral” al “existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido político para las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral, que era el pago de los gastos electorales”.

El contrato con Neurona, sospecho de ser simulado

“Existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político y la sociedad Neurona Comunidad S.L. en fecha 25 de febrero de 2019 se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mejicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting”, relata.

Añade que ese desvió de dinero podría tener como objetivo, como denunció Calvente, financiar a partidos extranjeros o la financiación ilegal del propio partido, y todo ello supondría un delito de financiación ilegal del que debería responder el partido. E incide en que varios cargos del partido incumplieron el normativa interna.