El histórico acuerdo de coalición llega en Navidad

Se acabó el secreto. El nuevo acuerdo por España que guiará la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha visto la luz en la tarde de este lunes. Y pretende revolucionar el legado de siete años de Gobierno del PP, ya que prevé la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012; una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas; el punto final a la ley mordaza y una fuerte subida del salario mínimo.

El Ejecutivo que Sánchez e Iglesias quieren armar en la sala de mandos de la Moncloa será útil, según el presidente en funciones, si permanece el espíritu del acuerdo. El programa, ha presumido Iglesias, combina la experiencia del PSOE y la frescura de Unidas Podemos. Lo nuevo y lo viejo con ganas de gobernar juntos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado este martes a los representantes parlamentarios su intención de convocar el Pleno de investidura para los días 4, 5 y 7 de enero.

Ambos líderes, sonrientes, han repetido el abrazo de noviembre flanqueados por los principales negociadores que han hecho posible el entendimiento en la izquierda, pero no por periodistas, que no han podido entrar a la sala habilitada por el Congreso donde han presentado su criatura en sociedad. Pablo Echenique, Ione Belarra, Alberto Garzón, Iván Redondo, Rafael Simancas y Adriana Lastra no se lo han querido perder.

Sánchez ha sacado pecho tras la firma y ha recalcado que el documento está lleno de “oportunidades para España”. “Nos pagan y estamos en política para mejorar la vida la gente”, ha defendido. Ese es el objetivo que se marcan los dos dirigentes y que ha resumido el líder morado: “Convertir nuestra patria en un referente de políticas de justicia social, cambio climático y feminismo”.

La década de 2010 está a punto de terminar e Iglesias ha hecho balance para justificar la trascendencia del momento: “La última década ha sido de crisis económica; de conflicto territorial mal gestionado por la derecha. Ha sido la década del 15-M, de los pensionistas y las mareas que han defendido los servicios públicos. También del movimiento feminista. Todos han venido a decir que sí se puede. Y este Gobierno debe convertir ese sí se puede en políticas activas de gobierno”.

Los astros que han permitido a PSOE y Unidas Podemos presentar en sociedad su plan para el país se han alineado casi un mes y medio después del primer achuchón que se dieron los dos líderes tras el 10-N. El proyecto está condensado en 50 páginas que guiarán el primer Gobierno conjunto desde la Segunda República y marcará una legislatura incierta con un gran reto: resolver el “conflicto político” en Cataluña que lo condiciona casi todo.

El presidente en funciones es consciente de que el plan de Gobierno que ha presentado depende de 9 partidos en el Congreso. Y eso es todo un reto: “No tenemos mayoría parlamentaria. Pero sí tenemos algo muy valioso, y es la voluntad y la determinación de forjar una mayoría día a día, ley a ley, presupuesto a presupuesto. La voluntad en definitiva de hacer camino al andar”, ha dicho.

Las entrañas del pacto

El acuerdo devuelve a la agenda proyectos de ley que llevan meses en cajones ministeriales por el desarrollo de las negociaciones y la interinidad del Gobierno. El programa pone especial acento en las políticas sociales. Y también se ocupa de Cataluña.

PSOE y Podemos se comprometen a abordar “el conflicto político” catalán, impulsando el diálogo en busca de un acuerdo “entre las partes” que permita superar la situación actual. Ambas formaciones quieren actualizar el “imperfecto” Estado Autonómico a partir del “respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía”.

Mientras las comunidades continúan a la espera de que se resuelva el modelo de financiación autonómica que no acaba de cuajar y que debe preocuparse de la despoblación, Sánchez e Iglesias se preocupan de la España que se vacía y fijan tres medidas para contrarrestar sus efectos: Estrategia Nacional frente al reto demográfico, creación de oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente y medidas para la sostenibilidad del medio rural.

La política económica, que controlará desde la vicepresidencia Nadia Calviño, será continuista. Pero abre la senda para mejorar las políticas de empleo, vivienda y protección de las familias, además de prestar especial atención al Estado de Bienestar y del feminismo. Y parte de los ingresos que lo sufragarán, vendrán de la subida de dos puntos del IRPF para las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros.

Para garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, PSOE y Podemos apuestan por una nueva Ley que equipare salarios e implante de planes de igualdad en empresas de 50 o más trabajadores.

La exhumación de Franco fue un paso importante para Podemos. Pero ahora en el acuerdo quiere dar un paso más: la recuperación de “manera inmediata” de la titularidad pública del Pazo de Meirás, actualmente propiedad de la familia del dictador.

La ficha de la Abogacía mueve el acuerdo

Sánchez e Iglesias han esperado hasta que se ha conocido el dictamen de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. Los 13 votos independentistas en forma de abstención son claves para que el motor de ese futuro Ejecutivo arranque.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia ha pedido al Supremo que permita a Junqueras salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado y pueda ejercer como tal mientras continúe gozando de la inmunidad que la justicia europea le reconoció en su sentencia de noviembre.

Ese ha sido el “gesto” que los republicanos pidieron al Gobierno y que, según avanzó la Cadena SER, es “aceptable” para el partido independentista. Los republicanos han dado este lunes por finalizadas las negociaciones con el PSOE y han trasladado al Consell Nacional del partido la decisión de abstenerse o no en la investidura de Sánchez, según la portavoz de la formación, Marta Vilalta.

El máximo órgano entre congresos de los republicanos se reunirá el próximo jueves 2 de enero a las 17.00 para resolver el sentido del voto de los independentistas. “Es este órgano el que tiene que pronunciarse sobre la posición de ERC y valorar el acuerdo al que hemos llegado con el PSOE, que será compartido en este foro”, ha dicho Vilalta, quien también ha mostrado el recelo de su formación: “Somos escépticos, no somos ingenuos, pero creemos que es una oportunidad para el independentismo y creemos que tenemos la obligación de intentarlo”.

Los abogados del Estado, que aunque han incidido en su independencia, siguen la estela del Ejecutivo, han estipulado que sea el Supremo, que condenó al líder de ERC a 13 años por sedición y malversación, el que decida en los próximos días cómo cumple con la resolución de los jueces de Luxemburgo.

El alto tribunal no tiene un plazo predeterminado para pronunciarse y su respuesta podría producirse a partir del día 3 o incluso después de Reyes. Este viernes, la Junta Electoral Central valorará si comunica o no a Bruselas que Junqueras está condenado por sentencia firme y, por tanto, no puede ni recoger el acta, ni ejercer su cargo como representante en la Eurocámara.

Antes, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, debería convocar el pleno de investidura para que el debate se celebre el día 2 de enero. Un día después, Sánchez se sometería a la primera votación en la que necesita una mayoría absoluta (176 votos) que no tiene. Y 48 horas después, el día 5,—víspera de Reyes—, encararía la segunda votación en la que debe obtener la mayoría simple (más síes que noes).

El ‘sí’ vasco

Este lunes, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, también ha presentado el acuerdo con el que arrastrará a los 6 diputados del PNV al ‘sí’ en su investidura. Los nacionalistas se han sumado a la presión a ERC tras la firma entre ambos líderes y se comprometen en iniciar junto al PSOE un nuevo ciclo político llamado a reformar el sistema político del 78. Un camino inexplorado.

El dirigente socialista se ha comprometido a impulsar las “modificaciones legales necesarias” para reconocer las identidades territoriales de España y encontrar una solución al contencioso catalán y la adecuación del nuevo Estatuto vasco que se está redactando en Bilbao y que defenderá una nueva relación entre Moncloa y el Gobierno de Euskadi.

Las cartas de PSOE y Podemos están encima de la mesa de los 350 diputados que componen el Congreso y que decidirán si otorgan o no la confianza a Pedro Sánchez para que dé forma al histórico acuerdo que ha llegado en Navidad.