El Gobierno prohíbe los desahucios y los cortes de suministros a familias vulnerables
La prohibición durará hasta el final del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.
Tras varias semanas de discusiones entre los socios de la coalición, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el decreto para prorrogar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo.
El decreto antidesahucios incluye la suspensión de cortes de suministros básicos, como la luz, el agua y el gas, a la población vulnerable y a las personas en riesgo de exclusión social.
Así lo han anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Esta reunión ha estado presidida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya que el presidente sigue en cuarentena hasta el 24 de diciembre tras haber mantenido contacto con el presidente francés, Emmanuel Macron.
La aprobación de este decreto había provocado una enorme discusión entre los ministros del PSOE y los de Unidas Podemos en las últimas semanas. Una de las últimas escena del enfrentamiento se vivió la semana pasada en los los pasillos del Congreso cuando la ministra Montero le soltó al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, un ya mítico “no seas cabezón”.
Se amplía la prohibición anterior hasta el 9 de mayo
Actualmente, los desahucios estaban prohibidos hasta el 31 de enero para las personas que están en situación de vulnerabilidad por el coronavirus.
Tras este real decreto, la prohibición se amplía hasta el final del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo. “Aplazar hasta la finalización del estado de alarma”, ha señalado Ábalos.
Se incluyen nuevos colectivos
El decreto también aumenta los colectivos que se pueden beneficiar de esta prohibición de los desahucios. “Extendemos la protección a las personas que previamente a la pandemia estaban ya en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia”, ha anunciado Ábalos.
Además, se incluye a aquellas personas que hayan ocupado una vivienda “sin violencia ni acción ilícita antes de que se hubiera aprobado este decreto y que se destine a vivienda habitual”.
Se compensará a los caseros
La normativa aprobada este martes incluye que los propietarios de los inmuebles que se sientan perjudicados podrán pedir una compensación si han transcurrido más de tres meses sin que las administraciones públicas encuentren una solución habitacional para los arrendatarios que no pueden pagar la renta.
El inquilino tendrá que presentar la solicitud de aplazamiento. El juez se dirigirá a los servicios sociales para que estos acrediten la condición de vulnerabilidad. Por su parte, las administraciones autonómicas tendrán que buscar una alternativa habitacional para la familia vulnerable.
Se prohíben los cortes de suministros
El decreto también incluye la prohibición de los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
La nueva norma prohibirá los cortes de suministros básicos a todas las familias consideradas en vulnerables o en riesgo de exclusión, incluidas aquellas que no son beneficiarias actualmente del bono social tras un informe de los servicios sociales.
“Garantizamos que mientras dure el estado de alarma aquellos consumidores considerados vulnerables sigan contando con total tranquilidad en sus hogares con los suministros de agua, luz y gas”, ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un comunicado.
