El Gobierno investiga a Iberdrola por vaciar embalses aprovechando el precio de la luz y lo califica de "escandaloso"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de “escandalosa” la situación que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la “drástica” reducción de sus aguas y ha asegurado que ya se está investigando a la eléctrica, a la que se ha remitido una carta.

“No es razonable vaciar en prácticamente en 6 semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora”, ha denunciado la vicepresidenta tercera en una entrevista en La Sexta.

La también ministra ha avanzado que se tendrá que aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por razones extraordinarias se puedan introducir limitaciones al vaciado del caudal de los embalses.

Ribera ha explicado que esta situación tiene que ver con las cláusulas concesionales, que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año. “Por eso la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso”, ha remarcado.

Así, ha confirmado que el secretario de Estado de Medio Ambiente se reunirá la próxima semana con los vecinos de las localidades que han acusado a Iberdrola de provocar una “falsa sequía” para beneficiarse de los precios altos de la energía al producir electricidad con una tecnología muy barata, como es la hidroeléctrica. “El agua es un bien escaso tan importante como la electricidad”, ha señalado.

El vaciado del embalse de Ricobayo sobre el río Esla, el mayor de los pantanos de producción hidroeléctrica de la provincia de Zamora, ha puesto en pie de guerra a una veintena de municipios que han llegado a llamar, incluso, a las puertas de la Comisión Europea para reclamar a Iberdrola cambios en la gestión de la presa.

Los municipios afectados han visto cómo ese embalse ha pasado en cuatro meses de estar al 95% de su capacidad a quedarse en el 12% debido a dos bruscas bajadas, una en abril y otra en julio, que la empresa gestora del pantano ha inscrito en el contexto de subida del precio del gas y la mayor demanda de producción hidroeléctrica.

En total, una treintena de pueblos han aludido a los daños económicos por el ocio asociado al embalse, los medioambientales derivados de la bajada de la cota y los problemas de abastecimiento de algunos pueblos debido a ello.

Por su parte, Iberdrola ha negado que se hayan producido consecuencias negativas en el medio acuático, ha recordado que la explotación hidroeléctrica se realiza “dentro del rango permitido y de la normalidad” y ha remarcado que ha duplicado los controles para asegurar la calidad del agua.

La vicepresidenta, no obstante, ha insistido en que desde el Ministerio se ha enviado una carta a la compañía para pedir explicaciones, asegurando que es legítimo lo sucedido -en la concesión no se tuvo en cuenta una distribución a lo largo del tiempo de los caudales, sino un volumen de agua-, pero que “no es razonable”.“Queremos intervenir cuanto antes”, ha subrayado.