El Gobierno indemnizará con 600.000 euros a una madre cuya hija fue asesinada por su padre maltratador

El Gobierno indemnizará con 600.000 euros a una madre cuya hija fue asesinada por su padre maltratador

La hija de Ángela González fue asesinada por su padre en una visita sin supervisión.

EFE

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha asegurado que el Gobierno va a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre maltratador durante una visita sin supervisión, y considera que este dictamen es "un ejemplo de reparación de derechos" y "pone en evidencia la necesidad de mejorar la formación de los operadores jurídicos en términos de eficiencia".

"Nosotros somos un Gobierno en el que estamos reparando derechos y este es un ejemplo de reparación de derechos. Las reparaciones se tienen que hacer en términos de una cuantía, como en este caso, y nosotros en este sentido vamos a tener, como es nuestra pauta de actuación, una atención especial con este caso, y nos felicitamos por que haya sido resuelto a favor de los derechos de las mujeres", ha asegurado Murillo en declaraciones a Europa Press, para afirmar que 'sí' van a acatar la sentencia del TS.

A su juicio, este dictamen del Alto Tribunal supone 'una nueva fórmula para repensar hasta qué punto están protegidos los derechos de las mujeres' en los temas de separaciones, custodias de los hijos y violencia de género.

Murillo ha recordado que Ángela González llevaba luchando 15 años, desde que el padre de su hija asesinara a la menor en el año 2003 durante una visita sin supervisión. "Ángela González había denunciado no una vez sino 47 veces", ha enfatizado la secretaria de Estado.

En este sentido, ha precisado que la sentencia del TS y previamente el dictamen de 2015 del Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), supone "el reconocimiento de la necesidad de una mejora en términos de formación y eficiencia de los operadores jurídicos" para que no vuelva a suceder un caso como el de esta madre. "Su hija fue asesinada y no se pidieron las suficientes pruebas ni se prestó la debida atención", ha añadido.

Por ello, la secretaria de Estado de Igualdad ha mostrado su 'alegría' por la sentencia del TS y ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también está "absolutamente implicada" en este caso que ha seguido "desde siempre", que estaba "en la mente de todas" como 'mujeres feministas y comprometidas'.

Reunión de Carmen Calvo con Women's Link

Precisamente, ha anunciado que Calvo convocará a una reunión a la asociación que ha llevado este caso hasta la ONU, Women's Link, a la que ha felicitado por su "trabajo riguroso" que supone "un conocimiento exhaustivo de la estructura institucional en derechos humanos". Con este encuentro el Gobierno quiere mostrar su "más alta preocupación e interés" por la reparación de derechos y, especialmente, los de las mujeres.

"Quiero felicitar a Women's Link porque el éxito es suyo y, primero, de la propia Ángela González por haber seguido, por haber buscado los medios, porque esto supone un precedente a efectos de jurisprudencia. Va a tener todo el apoyo en nuestro Gobierno y todo lo que supone el vincularnos con la decisión del Comité de la ONU", ha subrayado.

Sobre los casos que aún se producen en España de menores asesinados por los maltratadores de sus madres -un total de 25 desde 2013, cuando empezaron a registrarse, en cinco de ellos con una denuncia previa de la madre-, Murillo ha destacado la importancia del mecanismo 'Viogen', impulsado desde el Ministerio del Interior, en lo que se refiere al acompañamiento a la víctima.

Asimismo, ha asegurado que desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, cuya responsable es Pilar Llop, están "analizando caso por caso" y llamando a delegados de Gobierno y Policía para que les "informen detalladamente de cada caso". Su intención, según ha agregado, es "aumentar el proceso de información y vigilancia" y "emprender medidas" porque "no se puede hacer de otra forma sino saber dónde ha podido tener algún tipo de problema la cadena de protección".

Según ha recordado Murillo, no se trata de 21 víctimas mortales de violencia de género, que son las que se han contabilizado en lo que va de 2018, sino de 946 desde el 1 de enero de 2003. "Tenemos que decir el número de víctimas total, porque si no parece que vamos por año natural y eso está bien en las universidades con cursos lectivos pero con las víctimas de la violencia de género no puede plantearse así para que nos dé una idea exacta de la dimensión del problema", ha puntualizado.