El gas, pieza clave en el tablero de las relaciones con Rusia
Con la excusa de reducir la dependencia energética, la Unión Europea está optando por megaproyectos gasísticos en lugar de apostar por una transición sostenible
El pulso entre Rusia y la Unión Europea está atravesada por un tema clave: la seguridad energética y, en concreto, por el gas. Durante los inviernos de 2006 y 2009, el conflicto desatado entre Ucrania y Rusia provocó el corte de todos los gasoductos que cruzan el territorio ucraniano por parte de Gazprom, compañía rusa, controlada mayoritariamente por el estado ruso. Tanto es así que en abril de 2014 fue el propio Putin quien amenazó a la UE con cortar el suministro. No hay que olvidar que aproximadamente un 30% de las importaciones de gas a Europa provienen de Rusia y un 50% de éstas pasan por Ucrania. Como es lógico, la seguridad energética se sitúa en el punto de mira de la política europea desde entonces.
La preocupación europea se ha ido reflejando en los diferentes paquetes energéticos y cobra su mayor expresión en la 'Unión de la Energía'. Bajo el mantra "segura, sostenible, asequible y competitiva", la Unión de la Energía se ha centrado en dos principios: diversificación e interconexión. Se quiere romper el vínculo de dependencia con Rusia y, con ese pretexto, se quiere promover la construcción de megainfraestructuras gasísticas para que los Estados miembro estén perfectamente interconectados, a pesar de que estudios alternativos como el del think-tank E3G demuestran que la UE ya es lo suficientemente resiliente a cortes del suministro de gas con las inversiones hechas hasta la fecha.
Es vital recordar que las importaciones desde Rusia no empezaron hasta bien entrada la década de los 70. La red de gasoductos rusos fusionó las relaciones gasísticas de Europa Central y del Este con las zonas de extracción de Siberia y facilitó el aumento de la dependencia del gas ruso. Desde entonces, las importaciones no han dejado de crecer.
En esta última década ha habido grandes cambios en el tablero geopolítico, sin embargo, las relaciones gasísticas entre la UE y Rusia siguen ejerciendo una fuerte influencia en el mapa mundial. El estallido de la guerra de Ucrania y la alta dependencia del gas ruso son factores que han servido de justificación para la orientación política energética de la UE. Se cuestiona la dependencia, pero no el gas en sí.
En lugar de orientar las políticas hacia la soberanía energética y las fuentes renovables, así como hacia la reducción de la demanda (por cada incremento del 1% de la eficiencia energética, las importaciones de gas bajan un 4%), la UE apuesta fuertemente por el gas natural que, lejos de ser una energía limpia y beneficiosa para el medioambiente, es igual de nocivo, o peor, que otros combustibles fósiles. Aunque durante la combustión emite menos CO2 que el carbón, durante todo el proceso se libera metano, componente principal del gas fósil y que tiene un poder de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en la atmósfera.
La UE busca nuevos suministradores en nombre de la seguridad energética y proyecta gasoductos como el Corredor Sur del Gas (CSG), que conecta Azerbaiyán e Italia, a pesar de las constantes vulneraciones a los derechos humanos que tienen lugar en Azerbaiyán. A su vez, intensifica relaciones con otros territorios estratégicos como el norte de África, Argelia, EE.UU y Canadá, o con nuevos exportadores como Angola, Líbano, Israel, etc. Y, por su parte, la Federación Rusa intenta redirigir sus negocios. En 2014, Gazprom firmó un contrato de 30 años con China National Petroleum Corporation (CNPC) para la construcción del megagasoducto Power of Siberia.
¿Cómo se financia este camino hacia una teórica seguridad del suministro? Siempre existe una fórmula que apela al 'interés común', a la reactivación de la economía y a la generación de empleo. En este caso, los Proyectos de Interés Común (PCI) juegan este papel con exquisita eficacia. Los PCI pueden recibir fondos públicos a través de diferentes agentes, entre ellos, el Mecanismo Conectar Europa o el Banco Europeo de Inversiones, además de disponer de facilidades para acelerar el proceso administrativo que autoriza su construcción. En la tercera lista elaborada por la Comisión Europea, se han presentado 53 proyectos de gas frente a un total de 173; sin embargo, son clústers de otros individuales, por lo que la cifra real es 104 proyectos gasísticos. El engranaje es perfecto: fondos europeos al servicio de grandes megaproyectos con los argumentos de la seguridad energética como excusa y el cumplimiento de los acuerdos de París por bandera.
En cambio, surgen fuertes incoherencias que nos hacen plantearnos este discurso desde una perspectiva crítica. En plena estrategia de la Unión Energética de búsqueda de nuevos países suministradores, Alemania proyecta el gasoducto Nord Stream 2, que prevé doblar el gasoducto ya existente de conexión directa con Rusia, financiado por Gazprom y apoyado por corporaciones germanas.
Son varias las lecturas de este polémico hecho. Una de ellas, la apuesta nacional alemana por 'su' transición energética a pesar de las tensiones con la Comisión Europea. La segunda es la evidente capacidad del poder corporativo para hacer y deshacer por encima de los objetivos comunes -el antiguo canciller alemán, Gerhard Schröder, es presidente del consejo de administración de Gazprom-. La tercera, aunque no por ello menos importante, hace referencia a cuestiones geoestratégicas, como es la creciente preocupación de Europa del Este por una posible alianza germano-rusa, mientras Polonia intenta deshacerse de su independencia con Rusia.
En la punta del iceberg del desarrollo del gas se entrelazan la geopolítica y los intereses económico-financieros bien representados por el poder corporativo. A pesar de que en la actualidad, la Unión Europea tiene una alta dependencia de las importaciones de gas que provienen de Rusia, existe un tablero de juego en el que se prioriza la acumulación del capital por encima de la biodiversidad, los derechos humanos y la justicia climática. Una verdadera apuesta por la reducción de la demanda y la transición a energías renovables, en clave de soberanía, permitirían esbozar un escenario energético democrático.