El dueño del restaurante multado por dar comida a familias necesitadas: "Nos dijeron que harían lo posible por cerrarnos"

“Está siendo todo una locura”. Así describe la situación actual Javier, el dueño del restaurante que recibió 4.200 euros de multa por repartir comida a familias necesitadas en Valencia. Con esa noticia saltaba a la actualidad la Lusitana Tasca, el establecimiento del barrio del Cabanyal donde se dio la incomprensible sanción el 17 de marzo, con un estado de alarma prácticamente recién instaurado.

La denuncia de su dueño, voluntarios del barrio, así como de trabajadores sociales de la zona corrió como la pólvora por redes sociales. De hecho, este martes la sanción impuesta al local se convirtió en trending topic en España durante buena parte del día.

La transcendencia del acontecimiento ha sido tal que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado en Twitter que revisaría la sanción impuesta acorde a la solidaridad y no a los criterios que aún estaban “definiendo” las “autoridades sanitarias”. “Ese mensaje es lo único que tenemos, no se ha puesto en contacto con nosotros y estamos tratando de concretar una reunión con él”, cuenta a El HuffPost. Aunque detalla que desde la administración la denuncia sigue su curso: “Nos han dicho que lo que estábamos haciendo no era legal y que todo el procedimiento sigue en marcha”.

Esta negativa por parte de gran parte de la administración le llevó a lanzar el vídeo que se volvió viral el martes junto a las asociaciones de vecinos. “Se ha intentado por el medio más tranquilo primero, intentamos reunirnos con el ayuntamiento y al ver que no se podía lanzamos el vídeo y la nota de prensa junto con las asociaciones Espai Veïnal y Brúfol”, detalla el propietario, aunque sigue con miedo a las posibles consecuencias que pueda tener.

A pesar del desenlace de la acción, el pensamiento inicial de Javier, lejos de delinquir, recayó en la lógica y la ayuda ciudadana. Se vio con grandes cantidades de comida para las Fallas, que se celebraban en los días próximos, y obligado a cerrar por el estado de alarma en un barrio con más de 30 familia sin ningún tipo de ayuda.

“Nos vimos abocados a hacerlo porque teníamos todo el stock de Fallas y evidentemente no íbamos a tirar toda esa comida, por lógica”, cuenta. Era la primera vez que Javier como propietario del negocio se comprometía a una iniciativa así, aunque sí que conocía las acciones que llevaban a cabo las asociaciones vecinales, quienes facilitaron los voluntarios y le pusieron en contacto con las familias.

Aunque al no poder realizar esta actividad como una empresa, se cercioraron de que podían hacer repartos a las familias desfavorecidas del barrio. “El reparto a domicilio lo estábamos haciendo como una empresa, sino que nos amparamos en la licencia del BOE del 14 de marzo que permite repartir alimentos a personas vulnerables”, cuenta. “Antes de empezar hablamos con Cruz Roja por si nos podían dar un carnet o algo que nos pudiera identificar a la hora de hacerlo. Pero ellos mismos nos mandaron al BOE y que lo podíamos hacer sin problema porque lo amparaba”, añade.

El 18 de marzo decidieron empezar con esta acción colectiva, para la que primero cocinaron la comida perecerera que tenían en el local. A raíz de ahí y gracias a los voluntarios que trabajaron con ellos, hacían repartos a representantes de cada familia que acudían cada 10 minutos a recoger comida.

“No había colas de gente, eran dos familias e iba un miembro de cada familia como representante cada 10 minutos a recoger comida. Se les entregaba y se iba”, detalla.

Durante ese tiempo y con un estado de alarma recién instaurado, la Policía Nacional pasó en varias ocasiones por la zona y, lejos de sancionarles, les animó a seguir con su labor. “Mientras hacíamos el reparto se bajaron varias patrullas de Policía Nacional, algunos se bajaron del coche para comprobar que estábamos haciendo una labor sin ánimo de lucro y viendo el BOE veían correcto lo que estábamos haciendo. Alguno incluso nos hizo el gesto de ‘okey’ desde el coche como que lo estábamos haciendo bien”, recuerda.

El problema vino de la mano de un policía local que, a pie, se acercó al local cuando ya habían acabado el reparto. “Nos dijo que eso no podía ser, que iba a avisar a su superior para que fuera. A los pocos minutos se persona el superior con dos personas más y fueron bastante avasalladores, no nos dejaron hablar ni expresarnos. Lo del BOE que a él no le importaba, comentarios muy feos como que harían todo lo posible por cerrarnos o amenazándonos con frases como ’cuando abráis nos volveremos a ver las caras”, detalla.

Javier recuerda con especial indignación los comentarios que le profirieron a una de las voluntarias del local. “Ella intentó hacerles entrar en razón explicándoles lo que estábamos haciendo y la mandó a callar diciéndole que se dejara de hacer la buena samaritana”, señala.

Insiste en que estas voluntarias acabaron sancionadas cuando se debería haber sancionado al local, en caso de cualquier infracción. “Le cogieron los datos y le preguntamos si la iban a denunciar y nos dijo que no, que solo ‘si volvía a delinquir’. Al mes, las primeras denuncias que llegaron fueron las de las voluntarias, con 600 euros cada una”, indica.

Además señala que las sanciones de las voluntarias se tramitaron mediante Delegación del Gobierno y no por el ayuntamiento, como sucede con la del local. “Llegaron además con el plazo de recursos agotado, por lo que una de estas personas se vio obligada a tener que pagar la denuncia por miedo a que sea peor”, señala.

Además de esto, la pesadilla para Lusitana Tasca no ha hecho más que empezar. Hacer pública la denuncia e incluso abrir tras el estado de alarma le ha seguido trayendo problemas con la Policía Local. “Justo el día que abrí volvieron dos policías locales y me pusieron otra sanción, no ha llegado todavía. La he aceptado. La amenaza se está haciendo real y el miedo que teníamos de publicar todo esto era que cuando se supiese iba a ser peor todavía porque la policía va a venir a reventarnos”.

La situación del barrio del Cabanyal ya era crítica antes de la crisis del coronavirus. Según cuenta Javier, en esta zona de Valencia hay 30 familias desfavorecidas que no tienen ningún tipo de ayuda más allá de la que reciben por parte de Espai Veïnal o Brúfol.

“Hay un alto porcentaje en exclusión social porque no se les da cabida para mejorar y se ven abocados a vivir así, de unas formas que son infrahumanas”, explica. Esta situación no ha cambiado ni con el ingreso mínimo vital. “Cuando se anuncia una medida de ayuda social se piensa que se están dando a todo el mundo y eso no es así. Solo a quien cumple los requisitos”, señala.

Más allá de comida, Javier indica que tras el cierre de su restaurante repartieron comida donada por los vecinos y comida no perecerera, para lo que también recibieron ayuda económica de vecinos para comprar. “Entonces nos escribían voluntarios para avisarnos y nosotros, con el establecimiento en todo momento cerrado, les dábamos las bolsas con comida por debajo de la persianas y ellos hacían el reparto”, indica.

Por otro lado, la situación de la hostelería durante la crisis del coronavirus no está siendo nada alentadora. Para Javier, la sanción ha sido la puntilla que faltaba tras verse obligado a cerrar tres días en semana para evitar pérdidas.

“Somos unos de los afectados por esta crisis y las ayudas a hosteleros tampoco están llegando. En el caso de compañeros con restaurantes aquí en Valencia no nos ha llegado ninguna ayuda a las PYMES. Ni de la Generalitat, ni del ayuntamiento ni del Estado”, explica.

“Preferimos cerrar unos días y no consumir lo que se pueda ahorrar esos días apagarlo todo y reducir contratos porque si no llegamos a un mínimo, son pérdidas”, añade.