El dilema de Puigdemont

Una pregunta acompaña al president cesado desde el día que huyó a Bruselas el 30 de octubre: ¿cuándo regresará a casa? A las puertas ya del 21-D, las especulaciones sobre un hipotético regreso del candidato de Junts per Catalunya han sido constantes en los últimos días. La policía española ha reforzado la frontera con Francia. El gobierno español desea evitar una aparición sorpresa de Puigdemont que burle la orden de detención vigente en España.

Sus planes son, sin embargo, un misterio. Sus declaraciones al respecto, a menudo contradictorias unas con otras, apuntan hacia una estrategia improvisada, un "exilio" - como él lo define - que se hace camino al andar y que podría terminar en cualquier momento. O alargarse indefinidamente. El dilema de Puigdemont es complicado. Regresar supondría la cárcel, al menos durante lo que dure su juicio. Mantenerse en Bélgica supondría institucionalizar la figura de exiliado, con la sombra de irrelevancia y olvido al acecho y con la perspectiva de que el parlament elija un nuevo president que dinamite su etiqueta de "president legítimo".

Desde las primeras horas de su llegada a Bruselas, el expresident puso en marcha una doble estrategia que podría resumirse en "salvación e internacionalización de su situación"; tratar de evitar la justicia española y denunciar ante el mundo la persecución política que dice padecer. Ambas estrategias le han dado a Puigdemont pocos frutos y le empujan en la actualidad, a pocas horas del 21-D, a un limbo vital, judicial y político.

UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS

Lo primero que hizo Puigdemont al llegar a Bélgica fue contratar al abogado Paul Bekaert, especializado en derechos humanos y conocido por haber defendido a miembros de ETA huidos en Bélgica. Descartada la petición de asilo y tras la activación de la euro-orden por parte de la Audiencia Nacional, la estrategia de defensa del expresident se centró en tratar de evitar la extradición pleiteando en el sistema judicial belga.

Las cosas iban bien, según aseguraron fuentes del equipo jurídico del expresident a este diario el 4 de diciembre, tras la celebración de la principal vista judicial para decidir sobre la solicitud de extradición solicitada desde España. "La imparcialidad y solvencia del juez, las garantías del sistema legal belga y el alto nivel de discusión jurídica" les hacían presagiar una resolución favorable, al menos parcialmente, hacia sus pretensiones. Sólo quedaba esperar al día 14 de diciembre, fecha en la que el juez haría público su veredicto.

No contaban, sin embargo, con la decisión, 24 horas después de la vista judicial en Bruselas, del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena: anular la euro-orden y dejar en vía muerta el proceso judicial belga. El magistrado español impedía con esta decisión que el tribunal belga pudiera limitar los delitos para aprobar la extradición, lo que impediría que el expresidente fuera procesado por la totalidad de los delitos de los que está investigado y pudiera verse beneficiado en relación a los exconsellers que sí quedaron en España.

SE MUEVEN LIBREMENTE POR BÉLGICA

Desde entonces, Puigdemont y sus exconsellers se mueven libremente por Bélgica, sin la necesidad de notificar cada mañana a la policía sus movimientos. Teóricamente podrían viajar a otros países pero sus abogados se lo han desaconsejado. Si España dictara una nueva euro-orden y los fugitivos estuvieran en Francia, por ejemplo, su panorama judicial sería bastante más complicado que en Bélgica. El ordenamiento francés es más parecido al español, contiene en su código penal el delito de rebelión y el gobierno de Macron ha dado señales claras al gobierno español de su plena colaboración en esta crisis.

Si Puigdemont alarga indefinidamente su estancia en Bélgica no podría salir de las fronteras belgas sin correr el riesgo de ser detenido en otro país, hasta pasados los 20 años, plazo que fija el código penal español para que prescriban los delitos de los que se le acusa. El único requisito para poder permanecer en Bélgica sería el mismo fijado que para cualquier otro ciudadano europeo: demostrar tener suficiente capacidad económica para mantenerse.

Puigdemont dijo en su primera aparición en Bruselas que sólo regresaría a España cuando tuviera garantías de que se enfrentaría a un "proceso judicial justo". Un mes después fue un poco más lejos e insinuó que la condición para su regreso sería que se cerraran las causas judiciales que tienen en España. Hace unos días, en una entrevista publicada en La Vanguardia, ofrecía otro mensaje. "Si se respeta el resultado de las elecciones y ese resultado es que el 155 ha sido rechazado por los catalanes, no tengo más remedio que volver".

¿Reclamo electoral o sincera planificación de regresar si gana el independentismo?

El exconseller Josep Rull y candidato de Junts per Catalunya afirmó hace días que si Puigdemont "tiene un apoyo muy sólido y potente" en las elecciones del jueves "haría muy difícil que se le detuviera". Sin embargo, la apuesta política de regresar supondría con toda seguridad su ingreso en prisión. La orden de detención se mantiene en vigor en España y se da por descontado que su riesgo de fuga motivaría al juez a decretar prisión incondicional hasta el final del proceso judicial. En ese escenario, Puigdemont habría echado por tierra toda su estrategia de salvación que inició con su salida a Bélgica.

TENSIÓN ENTRE ERC Y JUNTS PER CATALUNYA

La estrategia de vincular el regreso del expresident a un resultado favorable parece haber dado sus frutos a un candidato de plasma que ha sido capaz de poner en duda la hasta hace poco segura victoria de ERC sobre la antigua CiU. Las mayoría de las encuestas acentúan la disputa de Puigdemont con ERC para volver a ser president.

La tensión entre ERC y Junts per Catalunya no es solo electoral. Lo que está en juego es la hegemonía del independentismo. Y afianzar la pretensión de que sigue siendo el presidente legítimo de la Generalitat y que debe ser restituido si los independentistas ganan las elecciones.

Puigdemont permanece libre en Bélgica mientras Oriol Junqueras, su antiguo número dos, permanece en la cárcel de Estremera. Éste le ha recordado a Puigdemont que él "no se esconde" ya que prefirió no huir porque es "consecuente" con sus actos. Puigdemont se ha defendido diciendo que se marchó a Bruselas para "garantizar la continuidad de la Presidencia de la Generalitat". La tensión es evidente y podría explotar en los días posteriores al 21-D, sobre todo si los independentistas no logran mayoría absoluta.

En clave internacional, la repercusión mediática y política de los actos de Puigdemont han ido perdiendo fuelle desde su llegada, con excepción de la macro-movilización de Bruselas del pasado 7 de diciembre. Con el asunto catalán alejado de los focos de la actualidad europea, será difícil que Puigdemont, concluida la campaña del 21-D, pueda aspirar a sacar redito a su internacionalización del procés.

UNA AGENDA PÚBLICA MÍNIMA

Puigdemont vive en Bruselas de forma discreta sin que se sepan detalles de su día a día. Tiene una agenda pública mínima, bajo condición implícita de no agitar el delicado tablero de la política belga y concediendo algunas entrevistas en cafés o bosques, con una imagen muy alejada de la institucionalidad que le gustaría transmitir como "president" legítimo. El tiempo juega en su contra y la internalización de su pretendida persecución política cada día tiene menos eco.

Desde el 1 de diciembre no ha habido en Bruselas un solo día de sol. Las temperaturas son bajas y los días grises. Preguntado por lo primero que hará el día que vuelva a Cataluña, el expresident declaró en la Vanguardia: "no sé... respirar y maravillarme de la luz y el paisaje". Su mujer y sus dos hijas permanecen en Gerona. Quizás ellas tampoco sepan la solución por la que optará el expresident ante el gran dilema vital, político y judicial al que se enfrenta.