El despido de empleados públicos que no votaron en la Constituyente en Venezuela
Comenzaron las razzias en contra de los empleados públicos que no votaron en las elecciones de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Norma Torres, dirigente del sindicato de la empresa de electricidad estatal, CORPOELEC, declaró en una rueda de prensa que 15 supervisores de turno fueron despedidos por no asistir a las elecciones y por no demandar a sus subalternos que participaran en la votación.
Otras denuncias reflejan persecución y despidos en el SENIAT, organismo recaudador de los impuestos, Metro de Caracas, Petróleos de Venezuela y Ministerio de la Vivienda. Juan Gómez, sindicalista de la Corporación Venezolana de Guayana, informó que solo 200 de 2.500 trabajadores de la CVG votaron el 30 de julio. Gómez comentó a los medios que la directiva está molesta y tomará represalias en contra de los gerentes que no asistieron a votar.
En el siguiente vídeo se puede escuchar cómo un sindicalista a favor del Gobierno de Maduro amenazó a los trabajadores de Petróleos de Venezuela con ser despedidos en caso de no acudir a las elecciones a la Asamblea Constituyente.
Entre aplausos y arengas se escucha una voz fuerte que dice: "Aquel trabajador petrolero que no vaya a votar en las elecciones del 30 de julio, dése por botado, ya no venga, tenga o no tenga el carnet de la patria".
El carnet de la patria es otro instrumento utilizado por el Estado para coaccionar a los ciudadanos. A los portadores del carnet se les recompensa con los programas de subsidio, por ejemplo, con las cajas de comida importada conocida como CLAPS.
El código de barra del carnet de la patria era escaneado después de la votación del 30 de julio. De esta manera, el Estado venezolano conoce quiénes votaron y quiénes se abstuvieron en la elección.
Mácela Máspero, coordinadora de la Unión Sindical y Gremial, ha llevado ante la OIT los casos de los funcionarios públicos despedidos por no acceder a las presiones del Estado venezolano.
Máspero, en su momento apoyó el programa de gobierno del presidente Chávez, el llamado control obrero: "Nosotros fuimos promotores de las expropiaciones y de las nacionalizaciones, que fracasaron por la corrupción, por la intervención de los militares y por la burocracia", me comentó en una entrevista que publiqué en el 2016.
La participación de militares activos y retirados en la administración pública y en las directivas de las empresas del Estado ha sido investigada por el exdiputado y exgobernador del partido MAS, Carlos Tablante. En su libro El gran saqueo. Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2015), Tablante estimó la participación de los militares en un 25% como ministros y viceministros, 15% como alcaldes, 16% como embajadores y 34% en otros organismos.
La práctica de hostigamiento a empleados públicos en Venezuela es de vieja data. Las listas negras comenzaron en el año 2004 cuando la oposición venezolana recabó firmas para dar inicio al proceso del referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. La presidenta del Centro Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la misma que hoy rige el organismo electoral, entregó los datos de los firmantes al presidente Hugo Chávez, quien a su vez se los suministró al diputado Luis Tascón.
La lista Tascón se convirtió en una forma de intimidación hacia los trabajadores de la administración pública venezolana. Unos 2 millones y medio de empleados, según el Instituto Venezolano de Estadística. Algunos fueron despedidos de sus cargos, como lo ha denunciado la ONG, Ciudadanía Activa. Cualquier persona que quisiera trabajar o ser contratada por la Administración pública debía pasar por el filtro de la lista Tascón.
Las leyes venezolanas protegen a los empleados públicos. No es causa de despido simpatizar con un partido político diferente al partido del Gobierno. La propaganda y coacción pública por parte de funcionarios en el puesto de trabajo están prohibidas por las leyes venezolanas.
Y sin embargo, el Gobierno de Maduro recurre a estos mecanismos represivos para obligar a los ciudadanos a convalidar su iniciativa a una Asamblea Constituyente.