El derecho a morir dignamente sin tener que hacerlo en la clandestinidad
En la mañana del 2 de abril, apenas 12 días después de que el pleno del Congreso dinamitara su última esperanza rechazando la ley de eutanasia, José Antonio Arrabal –58 años, enfermo de ELA– puso fin a su vida. Tuvo que hacerlo en completa soledad; clandestinamente. Sin renunciar, eso sí, ni a su libertad ni a facilitar el camino a otras personas en su misma situación. Consciente de que la vida que le aguardaba no sería pacífica, decidió procurarse una muerte en paz. Las imágenes de sus últimos minutos, que recorren noticieros y redes sociales, han logrado hacer de sus palabras finales un sereno pero contundente alegato contra la sinrazón de nuestras leyes.
José Antonio formaba parte de esa inmensa mayoría de españoles y españolas (el 84% en la última encuesta de Metroscopia) que reclamamos el derecho a la propia muerte cuando la vida que resta no merece ya ser vivida. Sin excluir ninguna adscripción política o religiosa, la sociedad española –el pueblo soberano– ha manifestado reiteradamente su convicción de que la vida es un derecho que el Estado debe proteger, garantizando su dignidad, pero no una obligación que deba imponerse.
Paradójicamente, por incómoda que resulte para algunos la realidad, José Antonio fue obligado a morir anticipadamente, en soledad, y arriesgándose a empeorar su situación. Y no sólo porque el Código Penal castigue con penas de cárcel a cualquiera que le hubiese facilitado una muerte indolora, rápida, segura y acompañada. Sobre todo, y lamentablemente, porque quienes debieran representar la soberanía popular en el Parlamento siguen cerrando ojos y oídos a las demandas de la sociedad y, peor aún, empeñados en imponerles peajes de sufrimiento a golpe de Código Penal.
Es difícil imaginar la clase de sentimientos que puedan provocar en sus señorías las palabras de José Antonio: "Habría aguantado más tiempo. Pero quiero poder decidir el final. Y la situación actual no me lo garantiza". No querríamos tener que renunciar a la esperanza de que a la mayoría de quienes se abstuvieron en la tarde del 21 de marzo, incluso a alguno o alguna de quienes lo hicieron en contra, tales palabras puedan descubrirles una realidad insospechada: la negativa a regular la eutanasia y el suicidio asistido no impide la muerte de quien no quiere una vida indigna. Muy al contrario, le obligan a anticiparla por la amenaza de cárcel para quien lo ayude si llegara a perder completamente la movilidad.
Peor aún, le obliga además a intentarlo en condiciones de inseguridad. Ninguna de las personas que se ven obligadas a recurrir al mercado negro de Internet puede tener seguridad de que ese jarabe que le llega clandestinamente no le dejará vivo y en peores circunstancias aún. La única alternativa es una muerte violenta y cruel, impropia de una sociedad que se reclama avanzada; o la humillación y la indignidad de ser obligado a malvivir hasta el último segundo por los prejuicios de unos y la cobardía de otros.
Para cualquiera que entienda la democracia como respeto a la libertad y la pluralidad, sin dogmas sustentados en creencias sólo respetables en la medida que no traten de imponerse al conjunto, resulta tan indignante como incompresible que en los 20 años transcurridos desde la muerte de Ramón Sampedro, nuestros sucesivos representantes electos no hayan reunido el coraje suficiente para corregir el error que en su día supuso la redacción del artículo 143.4 del Código Penal. En concreto, es por completo inexplicable que un partido como el PSOE, que cuenta en su haber con el reconocimiento de la mayoría de derechos de libertad de los que disfrutamos, el pasado 21 de marzo en la sede de la soberanía popular, no tuviera reparo en asumir como propios los argumentos de la derecha más reaccionaria para negarse a la tramitación, discusión y eventual mejora de la ley de eutanasia propuesta por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Más incomprensible aún si tenemos en cuenta que tan sólo unos días después de la bochornosa intervención en el parlamento, en el punto 264 de la ponencia marco aprobada para su 39º congreso, tras congratularnos con la noticia de que "la sociedad española empieza a estar ya preparada para afrontar un tema sumamente complejo: la eutanasia", leemos el compromiso de "legislar para el fin de la vida" garantizando "siempre la voluntad de la persona a la vez que el mejor modo de tránsito". Una cuestión –se dice– que "exige el mayor acuerdo parlamentario que podamos conseguir". ¡Lástima de oportunidad perdida!
Ojalá no fueran necesarias más muertes en directo para sacudir las conciencias de nuestros representantes en el legislativo. Ojalá que a la hora de votar la próxima vez, nuestros diputados y diputadas sean capaces de escuchar la voz de José Antonio y comprendan que podría ser el caso de un familiar cercano: su padre, su hermano, su hijo, o el suyo propio, el que estaban resolviendo con su voto. Ténganlo en cuenta; la sociedad es suficientemente madura y no perdonará siempre que se le considere menor de edad.
