El asesinato de la periodista que ha puesto en jaque al gobierno de Malta
El caso ha llegado al Parlamento Europeo, que debate ahora una resolución para que se haga respetar el Estado de derecho en el país.
El 16 de octubre de 2017 una bomba extremadamente potente hizo estallar un Peugeot 108 a escasos metros de unos chalés rodeados de olivos. La zona era conocida por ser un remanso de paz y tranquilidad, pero aquel día fue el escenario de un crimen atroz aún sin resolver. En el vehículo estaba la periodista Daphne Caruana Galizia, que, a sus 53 años, era una estrella en su país, Malta. Cuando la asesinaron estaba investigando una trama en la que estaba envuelto el rico empresario Yorgen Fenech, y que salpicaba a varios miembros del Gobierno a través de supuestos sobornos. Además, había participado en la investigación que implicaba al Gobierno maltese en los llamados Papeles de Panamá. Su trabajo y búsqueda de la verdad la habían puesto en el punto de mira: trataron de amordazarla con amenazas de muerte que, finalmente, cumplieron aquel día.
Nada más conocerse el asesinato, su familia, encabezada por su hijo, tuvo claro quiénes estaban detrás del crimen: “Mi madre ha sido asesinada porque se interponía entre el Estado de derecho y quienes quieren violarlo, como muchos otros fuertes periodistas”. Sentenció entonces Matthew Caruana Galizia apuntando directamente al Gobierno de Joseph Muscat y a otras autoridades del crimen: “Sois cómplices”. Hoy, dos años después de su asesinato, sus acusaciones han empezado a cobrar forma. El caso sobre el asesinato de la periodista, en el que aparecen citados nombres de altos responsables como un exministro y el ex jefe de gabinete de Muscat, ha obligado al primer ministro, en el poder desde 2013, a anunciar su dimisión para el próximo 12 de enero. Y todavía hay más: no sólo Malta está implicada en la búsqueda de los responsables, el asesinato de Caruana ha llegando hasta las altas esferas europeas.
“Cada día que permanece en su cargo es (...) una ofensa a la memoria de Daphne Caruana, y una bofetada en la cara de miles de malteses que están pidiendo justicia y verdad”, ha sentenciado este martes el eurodiputado del Partido Popular (PP) español Esteban González Pons durante un debate sobre el asunto en el PE. Es la misma postura que ha compartido la eurodiputada de Renovar Europa Sophie in ’t Veld, que ha encabezado a principios de este mes la misión de la Eurocámara al país isleño y tras este viaje advirtió de su preocupación por “serias deficiencias y amenazas al Estado de derecho”.
“Lo que vimos no nos tranquilizó. Me preocupa la falta de sentido de urgencia que observo en el Consejo y en cierta medida también en la Comisión. Estamos hablando de delincuentes dispuestos a matar. No les va a impresionar una respuesta diplomática”, ha advertido la diputada holandesa.
Sin embargo, la división sobre cómo hacer frente al crimen más allá de Malta, se ha evidenciado de la mano de la eurodiputada socialdemócrata maltesa Miriam Dalli, que considera que “sería contraproductivo que la Eurocámara emitiera juicios precipitados que pudieran perjudicar las investigaciones”.
Ahora, la Eurocámara debe votar el miércoles una resolución que pide a la Comisión “usar todas las herramientas y procedimientos a su disposición” para el respeto del Estado de derecho en Malta, según una versión provisional.
Pero al margen de la búsqueda de apoyos internacionales, la familia Caruana Galizia criticabaa través de un comunicado que el primer ministro no haya dimitido de forma inmediata “a pesar de la implicación de Keith Schembri, su mano derecha y jefe de Gabinete hasta hace unos días, en el asesinato de su principal crítica”. Y añaden: “Muscat ha aplazado su dimisión en un intento de seguir protegiéndose a sí mismo y a Schembri. No hay otra explicación”. Incluso han iniciado un procedimiento judicial para tratar de evitar que Muscat pueda seguir influyendo en el caso e impedir “que se pierdan pruebas”, según ha explicado Matthew Caruana Galizia al diario El País.“Por ejemplo, él y Schembri usaban un servidor de correo electrónico distinto del de las cuentas oficiales, y pueden destruirlo u ocultarlo”. Siguen esperando “una investigación realmente independiente”.