El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Memoria Democrática

“Si no curas la herida, duele, supura, no guarda paz”, canta Rozalén. Desde hoy, una nueva norma camina hacia el Congreso buscando justamente limpiar, suturar y cicatrizar la vieja herida del olvido de la Guerra Civil y la dictadura posterior, reconocer a quien sufrió y sufre por ello, rescatar los huesos que maldescansan en cunetas y fosas comunes o sancionar a quien ensalza el fascismo. La Ley de Memoria Democrática ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

El articulado viene a cubrir lagunas de la ley de 2007, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, y acerca a España a las democracias más sanas, las que han sabido emprender el camino de la verdad, la justicia y la reparación, como defiende el Ministerio de la Presidencia, su impulsor, primero con la exvicepresidenta Carmen Calvo y ahora con el nuevo titular, Félix Bolaños.

Entre las medidas concretas, el texto legislativo obliga al Estado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, crea un Banco Nacional de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos, prevé la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas y contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Fundación Francisco Franco. Por vez primera, se condena y repudia el golpe de Estado del 36 y los 40 años posteriores de dictadura.

La filosofía: democracia y víctimas, por delante

Bolaños ha explicado que sus objetivos fundamentales son dos: “la recuperación, salvaguarda y difusión de valores democráticos y los derechos fundamentales”, y el “reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio del 36 y la dictadura”. “Es la primera ley en la que se repudia expresamente el golpe y la dictadura, el periodo más negro de la historia”, sostiene.

Tres son los ejes del articulado: el primero es poner a las víctimas “en el centro de la acción política del Gobierno”, ya que se declaran injustas las violaciones de derechos humanos e ilegítimos aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias, “que se declaran nulas”. La idea es ayudar a aquellas familias que buscan, unas queriendo sólo saber dónde están los suyos, otros anhelando darles una sepultura digna.

El ministro ha confirmado que se instauran dos días de recuerdo que abundan en este reconocimiento a las víctimas: el 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, la postguerra y la dictadura, y el 8 mayo, el de las personas exiliadas.

El segundo eje es “poner en valor el papel de las mujeres como protagonistas políticas de la recuperación de la democracia para nuestro país”, españolas que sufrieron “la misma represión pero agravadas, por ser hijas, esposas, madres...”. “Queremos que la ley sea para ellas un homenaje”, defiende.

Y el tercer eje es dar importancia al movimiento memorialista, que es el verdadero rescatador de esta materia, mucho antes que los partidos políticos, y que ahora ve que el grueso de sus reclamaciones y necesidades son atendidas.

Toda la ley, dice Bolaños, viene inspirada por los principios de “verdad, justicia, reparación y deber de memoria para no repetir los hechos que ocurrieron”. Son las que reclama Naciones Unidad y las que ya marcan las políticas de memoria en países que son referente en la materia, de Alemania a Chile, pasando por Argentina.

El régimen ahora será “asimilable” al de países que han pasado por algo parecido, y España será un país “más digno” y “más humanitario” por el trato a las víctima. “Una ley que nos hace mejores”, resume. Ahora, la ley debe comenzar su andadura en el Congreso de los Diputados, posiblemente en septiembre.

Retoques de última hora

El proyecto que este martes avala el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

Siguiendo esa sugerencia, la ley permitirá extinguir las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan “con menosprecio a las víctimas” del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. El anteproyecto ya establecía como “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

En el proyecto que el Gobierno enviará ahora Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo “que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”.

Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedaría extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria. La fundación, este mismo martes, ha emitido un comunicado en el que arremete contra esta “inconstitucional” norma y el “aquelarre antifranquista” que la promueve, y se compromete a seguir defendiendo la “verdad histórica” y el legado de Franco.

El proyecto también condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura y declarará nulos los juicios represivos del franquismo, un punto en el que también el CGPJ sugirió limitar la nulidad “a la existencia de un contenido específico de condena o sanción”.

Por otra parte, la Ley de Memoria Histórica no contemplaba el castigo con multa de los incumplimientos de la norma, algo que sí incluye la nueva legislación, con un régimen sancionador que fija multas que van desde los 200 euros hasta los 150.000, en el caso de las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.

Una vez que se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria Democrática tiene previsto dar las pautas para transformar el enclave en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a los dos bandos de la contienda y permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz, dirigida por benedictinos.

Dentro de este proyecto de “reasignificar” el Valle, el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejará de estar en un “lugar preponderante” de este mausoleo, anuncia Bolaños, quien añade que ahora tendrán que ponerse en contacto con la familia del político para proceder a su traslado. Según el censo del Ministerio de Justicia, hay 33.833 personas enterradas en las siete capillas y criptas de la Basílica de la Santa Cruz, más de 12.000 de ellas sin identificar. Son combatientes nacionales y republicanos, llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de toda España para rellenar -en muchos casos sin permiso ni información a las familias- el faraónico monumento ordenado levantar a mayor gloria del régimen.

Justo el nuevo ministro se hizo popular, desde su papel de cerebro gris en La Moncloa, porque tuvo un papel destacado en el proceso de exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, ejerciendo de interlocutor con su familia.

Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, será Patrimonio Nacional quien tome las riendas de todo el Valle. Hasta ahora, Patrimonio daba subvenciones a los religiosos por gestionar el recinto que ascendían hasta los 340.000 euros anuales.

Por otro lado, también se impulsarán las exhumaciones de restos de las víctimas y se habilitará un banco de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos. Se calcula que hay más de 2.000 fosas comunes, en las que se encuentran unas 130.000 personas. Hasta ahora, han sido las familias y las asociaciones memorialistas las que han llevado sobre sus hombros una causa que es de todos, haciendo frente a un coste económico importante y a una maraña burocrática importante para los permisos.

Además, se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados “lugares de memoria democrática”.

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

Se incluyen, asimismo, previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.

Concretamente, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.

Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Eso sí, dice el ministro, la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales (sobre todo la Ley de Amnistía de 1977, tan polémica).

Bolaños, aunque no ha hablado de plazos, confía en que ahora, en el trámite parlamentario, haya un debate sereno que permita sacar adelante la norma. Los partidos que apoyan al Gobierno de PSOE-UP en el Congreso, de izquierdas y nacionalistas, ya han anunciado que facilitarán la tramitación en el hemiciclo, pero pretenden mejorar el articulado, porque es “poco ambicioso”.

El titular de Presidencia ha asegurado que el Ejecutivo buscará la “unanimidad”, aunque el PP haya dicho ya que derogará la norma y planteará una “de concordia” o pese a la enmienda a la totalidad anunciada por Vox aún sin conocer el texto. Bolaños entiende que “nadie” puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas.

Principales medidas de la Ley de Memoria Democrática

- Condena y repudia el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista

- Se declaran injustas las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura y se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias: se declaran nulas las sentencias

- Se establece el 31 de octubre como Día de las Víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura y el 8 de mayo como Día de las personas exiliadas

- El Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas con un plan cuatrienal

- Se crea un Banco Nacional de ADN

- Se facilita el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta

- Se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática

- Se hará una auditoría e inventario de incautación de bienes de represaliados por parte del régimen franquista

- Se incluirá la memoria democrática en el contenido curricular en la educación en bachillerato, la ESO y la formación profesional

- Se resignificará el Valle de los Caídos: no podrá haber cuerpo de ninguno de los protagonistas en ningún lugar preponderantes

- Se creará un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca

- Se retirarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios

- Se extinguirán fundaciones que hagan apología del franquismo o inciten al odio

- No podrá ser de utilidad pública ninguna asociación que haga apología del franquismo

- Se crean dos nuevos supuestos de nacionalidad

- Se establecerán un Consejo Interterritorial y un Consejo de la Memoria

- Se extingue la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos