El Consejo de Europa pide a España reforzar la lucha contra violencia machista
El Grupo Grevio se centra en esta exigencia como “asunto prioritario que requiere medidas adicionales para cumplir totalmente con el Convenio de Estambul”.
“Reforzar las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a las mujeres”. Es la petición que se desprende del primer informe sobre España del Grupo de expertos en lucha contra la violencia hacia las mujeres y violencia doméstica (Grevio), del Consejo de Europa.
El estudio, elaborado a partir de la visita del Grupo durante los meses de septiembre y octubre de 2019, se centra en esta exigencia como “asunto prioritario que requiere medidas adicionales para cumplir totalmente con el Convenio de Estambul”, del que forma parte España.
Según el informe, las mujeres en el país están expuestas a una discriminación múltiple que debe frenarse con “integración de su perspectiva en las políticas, concienciando sobre sus derechos y los servicios de apoyo existentes, y facilitando el acceso a los mismos”.
Grevio recomienda reforzar la formación y mejorar la dotación de servicios de apoyo, en especial la vivienda, en todas las comunidades autónomas, así como garantizar una adecuada asignación de recursos y sistemas de financiación que permitan participar a las ONG de mujeres.
Diferencias regionales en la aplicación del Convenio de Estambul
El estudio evidencia diferencias regionales a la hora de aplicar el Convenio de Estambul y critica que “escasas CCAA ofrecen servicios especializados para las víctimas de agresión sexual y violación”.
En este sentido, solicita reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso y violencia sexual, y garantizar la seguridad de las víctimas, poniendo especial atención a las mujeres inmigrantes dada su vulnerabilidad. Insta de este modo a la revisión de los criterios de valoración para la concesión de residencias temporales.
Grevio destaca la “sólida agenda política” en España para prevenir y combatir este tipo de violencia y “su papel pionero en el desarrollo del marco legal progresista en relación con la violencia en la pareja, y considera “ejemplar” la aprobación de la Ley 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género.
