El Congreso habilitará enero para acelerar la reforma que renovará el Constitucional
Se hará mediante proposición de ley para acortar tiempos y sin necesidad de incorporar informes de órganos consultivos
Tras el guantazo a mano abierta del Tribunal Constitucional, el Gobierno planea ahora reformar la ley del Poder Judicial y el propio TC a través de una proposición de ley en el Congreso que el PSOE impulsará junto a otros grupos.
Dicha proposición de ley contendrá las dos enmiendas que este lunes frenó el Constitucional al admitir el recurso del PP. Con ellas, el Gobierno busca eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional y modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.
La proposición de ley es la vía que el Gobierno ha encontrado para superar el bloqueo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo con el PP, que dura ya cuatro años y que desde el pasado verano se extiende al Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría conservadora.
Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana - se habla de este mismo jueves, día de la Lotería de Navidad - aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios.
En lo que todos sí parecen estar unidos es que la ley se tramite por vía de urgencia. En este sentido, el objetivo es habilitar el Congreso durante el mes de enero ―en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria― para sacarla adelante lo antes posible.
Sin informes preceptivos
Con el procedimiento de urgencia también se permite sortear los informes de órganos como el propio Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Algo que sí es preceptivo cuando se trata de un proyecto de Ley; es decir, que emana directamente del Gobierno.
Lo normal es que a esta proposición de ley se sumen el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Es decir, PSOE, Unidas Podemos más ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País y Bildu.
