El conflicto no puede silenciar el debate

Prólogo. Me preocupan las consideraciones que se están vertiendo a la opinión pública acerca de la situación del rey abdicado Juan Carlos por parte de personas a las que se les supone influencia social, como es el caso de mi compañero de partido Alfonso Guerra, al que he escuchado en la radio dando su apoyo al emérito a través de un manifiesto. Y lo digo porque estas voces cualificadas repiten continuamente algunos mantras, más bien eslóganes, sobre los que creo, sin pretender ser incorrecta ni transgresora, conviene hacer alguna puntualización. No nos consideren con despreocupación por nuestro país.

Primero. La estabilidad de nuestra democracia. Si nuestra democracia es tan estable, el debate monarquía o república debería ser tomado con más normalidad, con naturalidad y no ser utilizado para acusar a nadie de intentar atacar a la Constitución, independientemente de sus intenciones. Que yo sepa, siempre hemos apoyado el uso de mecanismos democráticos para defender las ideas. O, al menos, eso le hemos dicho al nacionalismo ideológico.

Segundo. La Constitución. Norma de normas. Lo que la sustenta, y es realmente relevante, es que nace de un consenso social en un momento determinado y se conserva o se mantiene por posteriores generaciones, con modificaciones o sin ellas. La propia Constitución establece mecanismos para modificarla, lo cual supone que sus redactores ya asumieron la necesidad de que generaciones venideras la pudiesen adaptar.

Descalificar las propuestas de modificación de la Constitución, acusándolas de ser un ataque a la misma o a la propia democracia, significa desprestigiar a la propia Constitución y a la democracia, a la libertad de opinión y a los mecanismos democráticos por los cuales se canalizan los debates ideológicos.

Descalificar las propuestas de modificación de la Constitución por la dificultad de congregar actualmente la mayoría suficiente para que se hagan realidad, significa minusvalorar el derecho que tenemos toda la ciudadanía a expresar nuestras ideas políticas y a utilizar los mecanismos democráticos para intentar que sean mayoritarias. Significa también minusvalorar, incluso hurtar, el derecho que tenemos las generaciones que no votamos la Constitución, y también el derecho de quienes la votaron, para adaptarla a las nuevas realidades si es que así se considerara por esa mayoría cualificada.

Tercero. La Transición. Hay que mostrar agradecimiento a la generación de españoles y españolas que trajeron la democracia a España. Pero de ahí a señalar o hacer intocable la figura de Juan Carlos por su papel en la Transición me resulta excesivo. Y lo aclaro, en primer lugar, porque no nos hizo ningún favor. Simplemente recuperamos lo que nos arrebató la dictadura, lo que ya era nuestro, la libertad. Y en segundo, porque, sin poner en duda sus ideales democráticos, quizá no tuvo más remedio que actuar así, intuyó que era la forma de salvar la institución de la monarquía y, de paso, su propio reinado; no obstante, de haberse mantenido como régimen totalitario hubiera terminado por caer a costa de un mayor sufrimiento de las españolas y los españoles.

Ahondando un poco, la forma en que se desarrolló la Transición a la democracia, sin ruptura jurídica con el anterior régimen, impidió una regeneración más profunda de nuestra sociedad, con revisión completa de las actividades de la dictadura de Franco. Esto ha traído como consecuencia que haya aún miles de compatriotas enterrados en cunetas o fosas, que una élite social connivente con los desmanes de la dictadura siga ocupando importantes espacios de poder en nuestra democracia, o que haya opciones políticas que hagan gala de su “no” condena a la dictadura o de su defensa a los protagonistas de aquélla.

Además, en nuestro sistema político es compatible y sano tanto agradecer al rey abdicado Juan Carlos sus esfuerzos por traer la democracia en el pasado, como juzgar sus actuaciones presentes, siempre bajo la premisa del principio de presunción de inocencia. Teniendo en cuenta además que sus actuaciones, con o sin consecuencias legales, podrían ser reprobables desde un punto de vista moral, ético o político. Esto, no solo no socava la democracia y la Constitución, sino que las fortaleces.

Y digo esto último a cuenta de un eslogan muy repetido últimamente, que “la monarquía parlamentaria ha traído el periodo de más prosperidad de la historia reciente de España”. Bueno. La monarquía parlamentaria también ha traído muchos comportamientos reprobables, de los cuales algunos miembros de la propia familia real han sido protagonistas. Y es que la naturaleza humana, en este caso su parte más oscura, no entiende de linajes, ideologías o condición.

Ese eslogan me hace reflexionar sobre si los millones y millones de españoles y españolas que con su esfuerzo, inteligencia y trabajo han levantado el país, no tienen nada que ver con esta etapa de prosperidad.

Asimismo, me hace reflexionar sobre aquella parte de prosperidad que, al parecer, la monarquía parlamentaria no ha sido capaz de traer. El colapso económico que  provocó la crisis económica y financiera de 2008, consecuencia de la avaricia del mercado y de políticas que se arrodillaron ante la especulación, y rematado por el parón provocado por la pandemia de la covid-19, han roto las débiles costuras que cosían la prosperidad de nuestro país, poniendo en evidencia, como el niño que señala al rey desnudo, nuestras debilidades: precariedad laboral y salarial, brecha de género, economía especulativa y con bajo valor añadido, privatización o abandono de servicios públicos, olvido de la innovación e investigación, rupturas en la redistribución de la riqueza, sistema fiscal injusto e ineficaz…..

¿Prosperidad? Sí. Pero los ricos son más ricos, los pobres más pobres, la clase media en vías de extinción y los ascensores sociales averiados. Al menos, por nuestra conciencia, juzguemos de igual forma al débil y al poderoso.

Epílogo. Entre la gente que tiene que salir al mundo, todos los días, a averiguar cómo se llega a fin de mes, este debate de monarquía y república se vive con una actitud menos trágica, pues lo verdaderamente trascendente es que, independientemente de su realidad formal, nuestra democracia esté dirigida por políticos competentes y comprometidos con la libertad, la igualdad de oportunidades, la justicia social y el progreso, que pongan las necesidades de los ciudadanos en el centro de la política, y que trabajen para que nadie se quede atrás.