El cambio de la Universidad en el momento Pandemónium

En la universidad estamos viviendo tiempos de cambio. O al menos de posibles cambios, con una propuesta de reforma de ley que ha pasado recientemente por la mesa del Consejo de ministros. Un sinfín de reuniones de representantes de los estamentos universitarios se van a celebrar en los próximos meses para debatir un nuevo proyecto que sustituya a la ley que puso en marcha el Gobierno en el año 2000.

Quizás a la hora de explicar lo que pasa en la universidad hoy sería justo precisar que, aunque simbólicamente, el plan Bolonia sigue siendo el adversario. Lo que en verdad está en cuestión es un modelo de enseñanza y de democracia que se tambalea al paso de la ominosa pandemia que no cesa y los cambios cada vez más importantes que provoca en el sistema universitario.

¿Hemos recuperado, en fin, algo de normalidad, incluso a pesar del momento pandemónium? ¿Se puede esperar algo de una derecha clientelar, que ha hecho todo lo posible por socavar la enseñanza pública y lleva a cabo al calor del plan Bolonia un plan sin escrúpulos de creación y gran proliferación de universidades privadas? Como muestra de que estamos en una deriva peligrosa, valga la foto de estos días de comienzo del curso todavía con muchas de las clases en las facultades impartidas de manera telemática, con el consiguiente deterioro de la docencia y la tajada resultante que sacan de todo eso las universidades privadas. Ya se sabe que cuanto peor sea la educación pública, más posibilidades de intervención y expansión tendrá la privada, y más grande se hará la diferencia entre los pobres y los ricos.

En este contexto, el anteproyecto de reforma de ley que ha aprobado recientemente el Consejo de ministros, puede contribuir a dar una cierta verosimilitud a la maquinaria universitaria. No está mal, tras un tiempo en el que esa propia maquinaria y su capacidad de reforma estaban en cuestión. Con las exigencias de las agencias de evaluación (ANECA, fundamentalmente) sobre promociones del profesorado basadas exclusivamente en publicaciones en revistas científicas que, con excepciones, casi nadie lee, por ejemplo los profesores universitarios han dejado de escribir libros (que las agencias no valoran); y es una pena, pues los libros representan una gran atalaya desde la que la propia universidad podría analizar y explicar lo que acontece en el mundo.

Por ello, uno de los interrogantes del nuevo curso universitario que iniciamos será comprobar si nos encontramos ante un verdadero impulso reformista o solo ante unos signos más del deterioro que provocó esa ola de enseñanza a distancia que llegó con la pandemia. Por ahora, el solo anuncio de la reforma es una señal que apunta al optimismo y a la certeza de que este sería el único camino viable para lograr una salida a la crisis en la que la universidad está sumida desde hace ya demasiados años. Muchos abogamos porque la reforma no acabe siendo, en suma, un nuevo espectáculo de impotencia y frustración.

En una democracia como la española, debido al peso del sector servicios, el sistema educativo en general, y el universitario en particular, mantienen engrasado el ascensor social y constituyen una herramienta fundamental de cohesión. Según los estudios más fiables, más de un millón y medio de jóvenes en nuestro país están matriculados en alguna de nuestras 83 universidades (50 públicas y 33 privadas). Sin embargo, como cualquier otra herramienta de la política social, el sistema universitario no solo produce beneficios en forma de médicos, filólogos y matemáticos, sino también importantes costes.

Por eso no hablaremos ahora de cuándo se jodió la universidad, ni de quienes fueron los responsables, porque de momento ese asunto no es lo más urgente. Ni tampoco de los mecanismos de elección de los rectores. Ni siquiera de la célebre endogamia. Lo fundamental es otra cosa que salta a la vista: si aspiramos a reformar la universidad, si queremos una universidad de primera, es preciso asignarle recursos suficientes para la tarea. Necesitamos, más pronto que tarde, una nueva financiación.

Y es aquí que el sistema vive, o mejor, malvive, en un déficit permanente de recursos. Y por eso esta ley debe abordar ese problema de manera prioritaria. Más aún si se aborda un asunto clave como éste y un plan de recuperación apoyado en los fondos europeos Next Generation. Que no nos pase desapercibido que tan solo las empresas españolas, ávidas de subvenciones públicas, no tienen capacidad para invertir con provecho ese torrente de dinero. ¿Pueden los fondos de reconstrucción europeos marcar un punto de inflexión? Con la pandemia han venido también unos fondos europeos que deberían servir para realizar las grandes reformas que se necesitan en el ámbito económico, social y también en el ámbito universitario. La gestión de Next Generation EU es una gran oportunidad para impulsar la gran transformación estructural de nuestro frágil modelo productivo, con una excesiva dependencia de la hostelería y la industria del sol y playa.

Sin embargo, el proyecto de ley fija en este apartado una parte estructural que se ocupa solamente de los salarios y los servicios ordinarios, mientras deja fuera de lo que debe hacer estructuralmente la universidad en cuanto a la investigación y a la docencia, o sea, a sus dos grandes pilares. Sin comentarios.

¿Es posible que nuestras universidades se reinventen para ser unos centros más innovadores y, además, de mayor calidad docente? No sería la primera vez.

En los comienzos de la transición, la ley de reforma universitaria (LRU) transformó la universidad por completo. Mediante convocatorias de proyectos que financiaron a los cientos de grupos de investigación que surgieron de los departamentos, se consiguió modernizar de una manera radical la mayoría de nuestras universidades. De una universidad atrasada se pasó a la innovación y a la vanguardia de la investigación. Ese cambio fue posible gracias a una situación y un ambiente de ilusión y colaboración entre muchos jóvenes que comenzaban a preparar sus tesis y profesores que compartían una actitud transformadora.

Hoy, los grupos de investigación de las universidades languidecen en muchas de las comunidades autónomas debido a la falta de convocatorias abiertas para la financiación de sus proyectos de investigación, mientras se financia un año tras otro a los mismos investigadores galácticos sin que se les pida una apropiada y auténtica rendición de resultados.

Antes de que sea una realidad esa universidad irrelevante y sin papel alguno como actriz de la sociedad actual, todavía queda tiempo para aprender de las lecciones del pasado y tomar las decisiones y resoluciones necesarias.