El bloque conservador del CGPJ exige un pleno urgente para adelantarse a la nueva ley del Gobierno

Las enmiendas introducidas este viernes por PSOE y Unidas Podemos (UP) para cambiar el proceso de elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando no se haga en plazo ha ahondado las divisiones ya existentes en los sectores conservador y progresista de ambas instituciones, por cuanto los primeros ―mayoritarios― lo ven como una forma de presión y los segundos como una solución al bloqueo actual.

Los socios de Gobierno proponen pasar de una mayoría de tres quintos a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades hasta penales.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el bloque conservador del CGPJ cree que se trata de una “injerencia demoledora”, un “chantaje” y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

Desde el ala conservadora llaman la atención sobre el hecho de que la reforma contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, propongan y voten solo a uno, lo que ―según explican― garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque, en el caso de los progresistas: Bandrés.

La negociaciones en el seno del CGPJ llegaron a punto muerto la semana pasada después de que los vocales progresistas ratificaran la candidatura de Bandrés y ofrecieran a los conservadores aceptar también sin objeciones al candidato que seleccionaran. Pero los conservadores rechazaron ese sistema insistiendo en que ambos aspirantes deben elegirse conjuntamente.

El problema de fondo es que los vocales conservadores no aceptan a Bandrés, aunque formalmente no han hecho tacha alguna. Según las fuentes consultadas, el bloque conservador maneja seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

No obstante, las fuentes aseguran que en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en el primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.

Así las cosas, el bloque conservador del CGPJ se ha reunido este mismo viernes y ocho de sus diez vocales han acordado solicitar al presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del TC antes de que la citada reforma quede aprobada.

Sin embargo, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y UP es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo “vergonzoso” sería que “nadie hiciera nada” para intentar remover los obstáculos que impiden el normal funcionamiento de las instituciones.

Además, desde el sector progresista se entiende que “lo razonable” ahora mismo sería incluso esperar a que la referida reforma sea una realidad para celebrar cualquier votación en el CGPJ sobre los dos candidatos al TC.

En este contexto, ambos bloques están pendientes de Mozo, ya que es quien debe convocar el Pleno extraordinario en un plazo de tres días a contar desde el lunes. Esto supondría adelantar el calendario fijado porque estaba previsto que en el Pleno ordinario del 22 de diciembre se votara por primera vez los dos candidatos al TC.

Según las citadas fuentes, los vocales progresistas amenazan con votar en blanco en ese Pleno extraordinario para esperar a las nuevas normas, lo que significaría exceder también el Pleno ordinario, dado que el Congreso podría aprobar la reforma la próxima semana pero el Senado necesitaría hasta final de mes.

Para los vocales progresistas, si el bloque conservador no tenía ninguna “prisa” para cumplir con esta obligación constitucional, ahora no hay motivo para acelerar, y menos cuando se prevé que diputados y senadores cambien las reglas de votación.

División en el TC

Por otro lado, las enmiendas presentadas proponen que, pasados los 9 años y 3 meses del mandato de los cuatro magistrados del TC propuestos por el CGPJ (dos) y por el Gobierno (dos), se pueda renovar a los dos candidatos que haya propuestos aunque falten los otros dos, y eso sin que sea necesario el ‘placet’ del Pleno del Constitucional.

Con estos cambios, el Gobierno sortea todos los escollos para poder nombrar a sus dos candidatos al TC ―el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa Laura Díez― sin esperar a que el Consejo cumpla su parte y sin arriesgarse a que la actual mayoría conservadora del Constitucional frene su desembarco en la corte de garantías sin los dos del CGPJ.

En el bloque conservador del TC consideran igualmente que esta reforma supone “forzar” y genera “distorsiones” en el funcionamiento habitual. “Es poner en peligro las instituciones”, resumen las fuentes consultadas.

Asimismo, subrayan que, aunque con estas enmiendas se podrían reformar las leyes que rigen el CGPJ y el TC, la Constitución sigue estableciendo que la renovación debe producirse por tercios, por lo que advierten de que, si son recurridas, habría que valorar su encaje en la Carta Magna.

En sentido opuesto, el ala progresista del TC ve con buenos ojos la reforma propuesta. En su opinión, el Parlamento está, precisamente, para ofrecer soluciones a lo que estiman que ya era un “doble boicot” ―de las mayorías conservadoras en CGPJ y Constitucional― para bloquear indefinidamente la renovación del TC.

El sector progresista de la corte de garantías recalca además que la renovación por tercios sigue siendo la normal general. A este respecto estiman que la reforma aborda un escenario excepcional, de modo que, si uno de los órganos que tienen que nombrar se retrasa más de tres meses, el otro pueda proceder y un órgano no bloquee a otro.

A ello anudan que el ‘placet’ del Pleno del TC se pensó hace 40 años, cuando todavía no se había desarrollado la doctrina sobre los derechos constitucionales, argumentando que actualmente ese visto bueno carece de sentido porque también votan los magistrados que deben ser sustituidos por los nuevos, lo que genera un conflicto de interés.