La Corte Penal Internacional pide a la Fiscalía revaluar el ataque a la flotilla de Gaza de 2010
Diez personas murieron por el asalto del ejército israelí de un barco cargado con ayuda humanitaria para la franja
La Corte Penal Internacional (CPI) le ordenó este lunes a la Fiscalía que reconsidere su decisión de no investigar el ataque de Israel a la flotilla de Gaza ocurrido el 31 de mayo de 2010, en el que murieron diez ciudadanos turcos.
Una sala de apelaciones de la CPI ratificó, por decisión mayoritaria de tres votos contra dos, el llamamiento hecho anteriormente por una sala de cuestiones preliminares en la que se instaba a la Fiscalía a abrir la investigación.
Los magistrados le ordenaron a la fiscal general, Fatou Bensouda, que presente antes del 2 de diciembre un documento en el que ésta deberá revalidar el carpetazo a las pesquisas o cambiar el criterio seguido hasta ahora.
Es la tercera vez que magistrados del tribunal de La Haya le piden a la Fiscalía que revalúe la no apertura de la investigación reclamada por Comoros, cuya bandera ondeaba sobre el principal barco atacado, el Mavi Marmara.
La flotilla de Gaza, también llamada “flotilla de la libertad”, llevaba en mayo de 2010 unas 10.000 toneladas de ayuda a Palestina y estaba formada por seis barcos con 750 personas a bordo, pero Israel le prohibió adentrarse en las aguas de la Franja.
El asalto al Mavi Marmara terminó con la muerte de diez ciudadanos turcos y fue condenado por la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Europea.
“Gravedad suficiente”
El Gobierno de Israel lamentó las muertes, aunque aseguró que las intenciones de la flotilla eran “ilegales” y que sus dirigentes desoyeron las advertencias hechas de “forma pacífica” por el Ejército para que abandonaran su intención de llegar hasta Gaza.
En mayo de 2013, Comoros remitió el caso a la CPI y la Fiscalía abrió un examen preliminar en el que concluyó que había base suficiente para creer que Israel había cometido crímenes de guerra. Sin embargo, la misma Fiscalía consideró que los delitos no tenían una “gravedad suficiente” como para ser tratados en la CPI y en noviembre de 2014 cerró el examen preliminar.
El requisito de gravedad es un criterio fundamental en el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, aunque no hay establecido un número específico de víctimas o crímenes para que la corte entre a investigar.
Comoros presentó un recurso de apelación que provocó un tira y afloja entre los jueces y la Oficina de la Fiscal, pues los magistrados le pidieron a Bensouda, en julio de 2015 y en noviembre de 2018, que reconsiderase su decisión.
