Frente al Trump que patalea, el Biden que hace: el sprint legislativo del presidente de EEUU

Donald Trump y sus escándalos acaparan los titulares sobre Estados Unidos de estos días. Registros, leyes violadas, gritos, amenazas, mucho ruido. Pero bajo todo ese circo, va actuando paso a paso la Administración de Joe Biden, a un ritmo superior al de sus predecesores y en un momento notablemente más complejo. Heredó un país en plena pandemia, dividido hasta las raíces, y ha sumado las consecuencias de la guerra de Ucrania y, sobre todo, la inflación, pero aún así está logrando impulsar algunas leyes históricas, cosiendo mayorías que parecían imposibles y poniendo el foco en emergencias nacionales.

El presidente de EEUU ha sido criticado por su edad, por sus aparentes despistes o desbarres, pero ahí va, cumpliendo su programa y transformando el país. Ese impulso legislativo aún no ha calado en la población, según las encuestas, cuando el 8 de noviembre han de celebrarse las elecciones de mitad de mandato (midterms), y por eso ahora se va a echar a la carretera a explicar la importancia de lo hecho. Si no mantiene la actual estabilidad en el Senado y en la Cámara de Representes, el bloque de las normas por venir puede ser total y la legislatura se vería estancada.

Lo importante y lo simbólico

Sólo en su primer año, Biden ya abordó los tres retos fundamentales de su Gobierno: el coronavirus, la situación económica y la estabilidad democrática. Los números hablan: aprobó tres leyes de peso -actualmente se han elevado a seis, con un impulso importante en agosto-, cuando Trump aprobó una (para que las grandes corporaciones pagasen menos impuestos), Barack Obama dos (un plan de rescate y el Obamacare, su propuesta de atención sanitaria), y George W. Bush hizo cuatro (la Ley Patriótica tras el 11-S, una de impuestos, otra de ayudas al estudio para niños, la del aborto y la reforma del Medicare).

También gana con los decretos firmados ejerciendo su potestad ejecutiva: 77 en sus 12 primeros meses, y 19 más y en 2022, según el Registro Federal. En un año ya había superado con creces los 58 de Trump en el mismo periodo, o los 41 de Obama, o los 56 de Bush.

Números, importantes, van de la mano de contenido. A los dos meses de llegar a la Casa Blanca, Biden promulgó el Plan de Rescate Estadounidense, un amplio paquete de 1,9 billones de dólares, una de las leyes más importantes en décadas destinada a impulsar la recuperación económica provocada por el covid-19. Incluyó ayudas de estímulo de 1.400 dólares por persona para aproximadamente el 90% de los hogares estadounidenses, porque esta crisis tenía un impacto universal, también en las clases medias, y contempló una mejora federal de 300 dólares en los subsidios semanales por desempleo y una expansión del crédito tributario por hijos de hasta 3.600 dólares por niño, entre otras medidas.

Ese mismo mes, Biden también firmó dos leyes que extendían el alivio económico durante la pandemia, articulados que hay quien suma aparte y quien incluye en este paquete coronavirus. Así, amplió el Programa de Protección de Pago de Cheques, un esfuerzo “clave” del Gobierno para proporcionar ayuda a las pequeñas empresas a las que la pandemia afectó, y la Ley de Extensión de Alivio de Bancarrota, que amplió igualmente las disposiciones temporales de la norma previa de 2020.

Tardó meses, pero en noviembre pasado sacó adelante la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos, que inyectó 1,2 billones de dólares para levantar infraestructura “dura” tradicional, como la llamó el presidente. Dispone de 550.000 millones en nuevas inversiones federales para carreteras, puentes, redes de transporte público, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías fluviales por todo el país. El paquete también incluye 65.000 millones de dólares para mejorar la infraestructura de banda ancha y al menos 25.000 a la red eléctrica y los sistemas de agua. Otros 7.500 millones se destinarán a establecer una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos.

En diciembre terminó un proceso, iniciado hace un año, para evitar el cierre del gobierno federal y mantenerlo operando. Fue in extremis, tras sudar la gota gorda, pero acabó con un callejón sin salida sobre las objeciones de algunos senadores republicanos a los requisitos de Biden sobre la vacuna contra el covid-19 que amenazaban con llevarse por delante la Administración. Biden acabó firmando un proyecto de ley que aumenta el techo de la deuda nacional en 2,5 billones y lo extiende hasta 2023, dando más tranquilidad y estabilidad. Y firmó, de forma complementaria, dos disposiciones de emergencia para la financiación en julio y septiembre de este año: la Ley de Ampliación de la Financiación del Gobierno y de la Entrega de Asistencia de Emergencia, así como la Ley de Asignación Suplementaria de Seguridad de Emergencia.

Hay dos normas más que Biden sacó adelante en su primer año, de menor calado social o económico pero muy simbólicas: la Ley del Día de la Independencia Nacional Juneteenth, que establece el 19 de junio como festivo nacional para conmemorar el fin de la esclavitud en el país, y la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que prohibió las importaciones de la región china de Xinjiang, donde se persigue indiscriminadamente a esta minoría musulmana.

Entre los decretos, que también son acción legislativa, destacan los impulsados para revertir la era Trump

La revolución de agosto

Ha sido ahora, coincidiendo con la nueva tormenta de Trump y los registros del FBI cuando el presidente demócrata ha dado el mayor impulso a su legislación. El primer día en el Despacho Oval ya se quitó 17 medidas que no le gustaban, revirtiendo lo hecho por su antecesor, y luego abordó los nuevos requisitos de vacunación contra el covid-19, la mejora de procesos burocráticos obsoletos y el control de armas, con la primera legislación en el país desde Bill Clinton. Ahora Biden ha hecho un sprint legislativo, el más importante de la legislatura en número y trascendencia.

Lo más importante ha sido la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, un “hito”, como la llaman sus compañeros de partido, “una de las leyes más significativas de nuestra historia”, en palabras del presidente. En 15 días se desbloqueó con una negociación digna de House of cards. Contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde y reducir las emisiones y supondrá la mayor inversión pública contra la crisis climática en la historia del país. Sus partidarios estiman que servirá para reducir en un 40 % las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005.

Mete mano también a los más poderosos, con un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares -que ha indignado a los republicanos y con el que se espera recaudar 700.000 millones de dólares-, mientras que se reforzará la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evadir el pago de impuestos. Hoy se dejan de cobrar unos 160.000 millones, según cálculos del Ejecutivo. Y no se olvida de la sanidad: prevé reducir el gasto en sanidad de los ciudadanos, que pagan entre dos y tres veces más que los ciudadanos de otros países por los medicamentos recetados.

Todo esto le ha valido el calificativo de “socialista” y hasta de “comunista” por parte de sus detractores. La bandera del demonio rojo rescatada en tiempos de elecciones.

También en agosto ha aprobado la ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores o Ley Chip, que contemplan una inversión total de 280.000 millones de dólares para recuperar la competitividad internacional en el sector. 52.700 de esos millones están dirigidos a fomentar la construcción y ampliación de fábricas nacionales de semiconductores con subsidios y créditos adicionales. Se calcula que sólo fabricando nuevas factorías y oficinas para el sector se pueden crear un millón de puestos de trabajo en seis años. La diana es China, de la que depende el mundo por la enorme producción de estos chips, más aún en tiempos de choque con Pekín por Taiwán, uno de los mayores productores del mundo, que podría verse bloqueado.

Completa Biden su podio legislativo con una norma de enorme importancia para él, la que mejora la cobertura sanitaria de los veteranos de guerra de EEUU. Culmina con este texto una batalla de años para garantizar el tratamiento de enfermedades crónicas que los veteranos han atribuido a los pozos de combustión, que se utilizaron para eliminar productos químicos, neumáticos, plásticos, equipos médicos y desechos humanos en bases militares estadounidenses. Las estimaciones de las tropas afectadas ascienden a 3,5 millones.

Es especial para Biden porque su hijo mayor, Beau, murió en 2015 de cáncer, años después de servir en Irak. El coste de su tratamiento fue muy elevado y ni siquiera su poderosa familia hubiera podido hacerle frente sin hipotecarse. Para evitar que vendieran su casa, fue Obama -con quien Biden fue vicepresidente- el que ayudó económicamente a los Biden. “Te lo debemos”, dijo el ahora presidente. “Eres la columna vertebral. Eres el acero. Eres el tendón. Eres la fibra misma que hace de este país lo que es”, enfatizó, hablando de Beau y, por extensión, de todos los uniformados veteranos.

El reto de convertir leyes en votos

Ahora mismo Biden tiene por delante el reto de informar a la ciudadanía de estas normas, que todas tienen sus plazos y sus tiempos de aplicación. Su meta es informar al país de lo hecho y prometer que se hará otro tanto. Las elecciones de mitad de mandato están a la vuelta del otoño y hoy los datos para los demócratas no son buenos, pero los analistas locales entienden que una buena pedagogía, sumada a los problemas de Trump -siempre que no pueda darle la vuelta como a un calcetín haciéndose el mártir-, puede hacer que los demócratas mejoren sus datos.

Según Fivethirtyeight, el portal que recopila todas las encuestas de la prensa, los centros demoscópicos y las universidades de EEUU, ahora mismo la previsión es un práctico empate técnico en la Cámara Baja (que se renueva por completo) y una victoria republicana en el Senado (que se renueva en parte). No son unas elecciones presidenciales, es habitual que se acabe castigando al partido en el Gobierno federal, una manera de meter presión o de pedirle más al presidente, y de ello depende que Biden tenga colchón para sacar adelante sus propuestas o que no le salgan las cuentas y el mandato, legislativamente hablando, llegue casi a su fin.

Ahora, tras meses de popularidad hundida, Biden se está recuperando. La media de los sondeos recientes indica que el 42,4% de los ciudadanos aprueba su gestión, cuando en el pasado invierno no pasaba del 30%. Tras su victoria electoral en noviembre de 2020, su pico de popularidad había llegado al 60%. No obstante, siguen siendo más los norteamericanos que aún desaprueban su gestión, 53,4%, un dato que tiene mucho que ver con el descontento por la subida de precios.

En un mes, Biden ha recortado el número de críticos en cinco puntos, lo que no está nada mal. Si esa mejora es sostenida y las leyes calan, ¿podría haber sorpresa en noviembre? Los ciudadanos lo dirán.