Si Trump controla el voto por correo, controla la democracia
El presidente ha iniciado una guerra política y legal contra el voto por correo, con el objetivo de sacar ventaja en las elecciones. El motivo: el voto por correo es mayoritariamente demócrata.
El presidente Donald Trump sorprendió incluso a los más acostumbrados a sus artimañas cuando admitió en la televisión nacional el jueves por la mañana que no iba a aumentar la financiación al Servicio Postal de Estados Unidos porque solo facilitaría el voto por correo.
“Ahora necesitan ese dinero para que funcione el servicio y puedan transportar millones de votos, pero si no llega ni el dinero ni los votos, será inviable que la votación se haga por correo”, explicó.
Horas después, el vicepresidente anunció sin dar explicaciones que iban a retirar las máquinas que clasifican los sobres (incluidos los votos), lo que aumentó las alarmas de que Trump está debilitando deliberadamente el Servicio Postal para impedir el voto por correo.
Pero desmantelar el Servicio Postal poco a poco es solo una de las artimañas a las que está recurriendo el presidente para frenar o detener el voto por correo. Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC) ya han iniciado litigios para evitar que los votantes ejerzan su derecho a votar por correo. En Pennsylvania, están tratando de bloquear la implantación de buzones para papeletas. En California, el RNC trató de prohibir a todo el mundo la posibilidad de votar por correo. La campaña de Trump, por otro lado, está luchando contra una nueva ley de Nevada por la que todos los ciudadanos con derecho a voto recibirían en su casa las papeletas y los sobres necesarios para votar por correo.
Según informa el medio Politico, la Administración Trump está valorando posibles medidas ejecutivas para poner trabas al voto por correo y perjudicar al Partido Demócrata. Estas medidas podrían incluir órdenes directas al Servicio Postal para no transportar los votos o incluso ordenar la nulidad de los votos por correo en el recuento, pese a que el presidente no cuenta con la autoridad legal para llevar a cabo ninguna de estas dos medidas.
El plan es sencillo: Trump espera ganar las elecciones con una ligera ventaja sobre Biden, pero con millones de votos por correo aún por contar. A partir de entonces, luchará con uñas y dientes para anular esos votos, que lleva tiempo tachando de “fraudulentos”.
En las últimas elecciones en Estados Unidos se ha hablado mucho del blue shift (giro azul) en referencia al color asociado a los demócratas, pero se espera que este año esté más presente que nunca. Este giro azul es el nombre que Ned Foley, profesor de Ley Electoral en la Universidad Estatal de Ohio, le dio en 2014 a una creciente tendencia por la cual los votos escrutados los días posteriores a las elecciones favorecen de forma muy mayoritaria al Partido Demócrata.
Estos votos legales proceden tanto de votos provisionales (emitidos por votantes cuya legalidad todavía está pendiente de verificación) como de votos por correo, cuyo uso ha crecido en muchos estados durante los últimos años.
Por ejemplo, en 2016 Hillary Clinton tenía el día de las elecciones 236.000 votos más que Trump en el cómputo global, pero tras el recuento final acabó con casi 3 millones de votos de ventaja. No obstante, este giro azul no fue suficientemente pronunciado en los estados de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin y perdió las elecciones.
En 2018, la candidata republicana por Arizona Martha McSally terminó el día de las elecciones 15.000 votos por delante de la demócrata Kyrsten Sinema, pero, tras el recuento posterior de votos pendientes, Sinema ganó por casi 56.000.
Numerosas candidaturas locales en 2018 terminaron del mismo modo en California: los demócratas Katie Porter, Gil Cisneros, Josh Harder y Harley Rouda, entre otros, remontaron gracias al recuento de votos pendientes.
En todos esos casos, Trump denunció sin pruebas que los demócratas habían ganado cometiendo fraude.
“Corrupción electoral. ¿Deberíamos repetir las elecciones? ¡Debemos proteger nuestra democracia!”, tuiteó Trump tras remontar Sinema contra McSally.
Rick Pildes, catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York, escribió en un artículo para Lawfare que “el coronavirus significaría un aumento enorme en la magnitud de este giro azul”, ya que casi todos los estados están dispuestos a permitir el voto generalizado por correo en respuesta a la pandemia. Ya se pudo constatar un aumento radical de votos por correo en las primarias de primavera y verano y se espera que en las elecciones de noviembre siga creciendo.
Los sondeos ya muestran que los votantes demócratas recurrirán masivamente al voto por correo. Una encuesta realizada en julio por el Washington Post mostró que el 51% de los demócratas planeaban votar por correo, frente al 20% de los republicanos. Una encuesta de la Universidad Marquette arrojó resultados similares entre los votantes de Wisconsin, uno de los considerados “estados veleta”.
Esto implica que Trump podría sacar decenas de millones de votos de ventaja el día de las elecciones, con los votos provisionales y por correo todavía pendientes de escrutinio.
“La posición que ha adoptado Trump está claramente condicionada por quiénes cree que le van a votar y cómo”, explica Sean Morales-Doyle, subdirector de derechos electorales del instituto independiente Brennan Center for Justice.
Trump no puede agitar una varita mágica e impedir que los votos por correo y los votos pendientes sean contabilizados. Probablemente necesitaría iniciar acciones legales en todos y cada uno de los estados donde quisiera impugnar los resultados y su demanda tendría que fundamentarse en alguna ley estatal que presuntamente hubiera sido violada. Aunque no sería el primer litigio electoral entre estos dos partidos, lo que no tendría precedentes es la escala nacional en la que lucharían por declarar la nulidad o la legalidad de ciertos votos.
Pero, por si acaso, Trump ya está tratando de dinamitar el voto por correo.
El gobernador demócrata de Nevada, Steve Sisolak, aprobó el 3 de agosto el envío de papeletas a todas las personas con derecho a voto. Trump calificó el movimiento de “golpe ilegal nocturno” en un tuit. Al día siguiente, Trump denunció la nueva ley con intención de derogarla. La demanda se basaba en que el envío de papeletas de voto por correo haría “inevitable” el fraude electoral. También intentó derogar disposiciones como la que permite aceptar votos con matasellos dudosos recibidos hasta tres días después de las elecciones, algo que ya existía desde hace años, aunque Trump se empeñe en decir que son leyes nuevas para sacarlo de la Casa Blanca. La propia Secretaria de Estado de Nevada, Barbara Cegavske, ha solicitado al juez que desestime la demanda electoral presentada por Trump pese a que ella misma pertenece al Partido Republicano.
Trump y el RNC están en guerra contra todos los condados de Pennsylvania que siguen permitiendo el voto por correo. Los buzones para papeletas son exactamente lo que parecen: buzones sellados y protegidos donde los votantes pueden depositar su voto. Esos votos, posteriormente, son recogidos por las autoridades electorales pertinentes y se procede a su escrutinio. En las elecciones de 2018, estos buzones fueron la opción escogida por el 16% de los votantes, sobre todo en Oregón y Utah, donde solo se pudo votar por correo. El juez que supervisa el caso ordenó el pasado martes a Trump que aportara pruebas de que el voto por correo facilita el fraude, ya que, hasta el momento, no ha aportado ni una sola.
En California, el RNC tuvo que retirar su demanda contra el gobernador demócrata Gavin Newsom por su orden ejecutiva de enviar papeletas a todo el electorado, dado que el Legislativo había aprobado un proyecto de ley que Newsom solo implementó.
Pero todo esto no es más que un pequeño anticipo de la guerra legal que probablemente estallará el día de las elecciones y durante los días y semanas siguientes. El precedente de 2018 en el Senado de Arizona podría ser un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurrirá a nivel nacional. En este estado, las organizaciones republicanas llevaron a juicio a los registradores de votos de los condados por ponerse en contacto con personas que habían votado por correo el día de las elecciones para darles una oportunidad de corregir su voto.
En Arizona está permitido corregir determinados errores en el voto, pero no todas las oficinas de los condados lo permiten una vez depositado. Esta demanda buscaba obligar a todos los condados del estado a adoptar una política uniforme, aunque no especificaba cuál. Al final se alcanzó un acuerdo y todos los registradores de votos quedaron obligados a enmendar los posibles errores en los votos.
Es esperable que Trump utilice unas tácticas similares si quiere anular los votos por correo. Probablemente, también tratará de descontar votos en contra, uno a uno, revisando cualquier mínimo error que pueda haber en cada papeleta e impidiendo su corrección.
“Probablemente veremos más demandas de este tipo basadas en las deficiencias técnicas del voto por correo”, sostiene Sophia Lin Lakin, subdirectora del grupo de derechos civiles ACLU Voting Rights Project. “Argumentarán cosas como que han puesto la fecha de firma del documento donde debería ir la fecha de nacimiento, o que se les ha olvidado tachar determinada casilla”.
Esta clase de disputas son comunes en los recuentos y se acentúan cuando el resultado es muy parejo. El ejemplo más famoso se dio en el infame recuento de las elecciones presidenciales del año 2000, concretamente en el estado de Florida. En aquella ocasión, una papeleta mal diseñada indujo a miles de confusiones a la hora de perforar la casilla correcta y el candidato de George W. Bush ganó el estado tras impugnar dichos votos, que le habrían dado la victoria a su adversario.
Si Trump cuenta con una buena base legal para impugnar el voto por correo dependerá de cada estado y de sus leyes electorales específicas. Los tribunales probablemente fallarán a favor del voto por correo si lo ha aprobado el Senado del estado y lo ha implementado el gobernador, pero si el voto por correo se ha basado en órdenes ejecutivas de emergencia por la pandemia, es probable que el juicio esté más disputado y afronte un mayor escrutinio. También se está vigilando con lupa toda modifcación judicial previa diseñada para favorecer el voto por correo. Gracias a la mayoría republicana en el Tribunal Supremo, ya han logrado tumbar dos iniciativas de jueces federales.
Por otro lado, los demócratas llevarán a juicio a los republicanos por toda manipulación que pueda sufrir el Servicio Postal para poner trabas al voto por correo.
El sistema estadounidense va a verse sometido al ataque legal de Donald Trump. De hecho, el Servicio Postal no da abasto ante la cantidad sin precedentes de papeletas de voto por correo que tiene que manejar. Miles de papeletas han sido eliminadas este mismo año a causa de retrasos en el envío u otros problemas. En Michigan, 10.000 votos emitidos antes del día de las elecciones no fueron contabilizados porque llegaron un día tarde. Lo mismo sucedió con 7700 votos en las elecciones para el Senado en 2018 en Florida, cuando el demócrata Bill Nelson fracasó en su intento de que contabilizaran esos votos.
Si las elecciones presidenciales de 2020 hacen estallar una guerra legal de este estilo, no se decidirá en tribunales menores. Y la última vez que un juicio por el resultado de las elecciones presidenciales llegó al Tribunal Supremo, falló a favor del candidato republicano 5 votos a 2 por contar con más jueces republicanos entre los siete jueces electos. No se puede descartar que en 2020 pase lo mismo, ya que vuelve a haber cinco jueces republicanos entre los siete, incluidos dos designados directamente por Donald Trump. Y a Trump le gusta llamarlos “mis jueces”. El tiempo dirá si ese apelativo les hace justicia.
Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.