Diáspora afgana y desacuerdo de la UE

Parece que a la UE los acontecimientos y procesos globales más destacados le pillan con el pie cambiado. Así nos ocurre en este momento con la diáspora afgana, que empezó en el aeropuerto de Kabul pero, como es lógico y previsible, continuará hasta las fronteras de la Unión; una huida despavorida de la guerra y del integrismo en la búsqueda de unas más que justificadas mejores condiciones de vida.

Somos una inmensa maquinaria de producir miles de reuniones, documentos, recomendaciones, dictámenes e, incluso, de constituir sesudos grupos de expertos capaces de elaborar “Libros Blancos” y “Libros Verdes”, pero siempre cuando llegan los momentos fundamentales -incluso en relación con el tema en cuestión-, de forma irremediable, cual pesadilla recurrente, volvemos a sentir la insoportable levedad del “no ser” y, en consecuencia, del “no estar”.

Sirva como ejemplo lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir y sufrir con la inmigración afgana. Desde 2015 contamos en la UE con una Agenda Europea de Migración que fue una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Incluso, después de la diáspora siria -el mayor conflicto y drama humanitario desde la II Guerra Mundial-, constituimos un Grupo de Expertos sobre Inmigración y Acción Exterior -en el que pude participar durante más de un año- en donde de forma urgente recomendábamos, tanto a los Estados como a las instituciones de la Unión, la necesidad imperiosa de establecer una política común -subrayo lo de ”común”- de inmigración, asilo y refugio, que supiera combinar instrumentos de las políticas domésticas de los Estados miembros, con los propios de las comunitarias e, inclusive, vincular a ellas la Acción Exterior. 

Al calor del drama humanitario vivido y teniendo en consideración las recomendaciones adoptadas por el Experts Group -también los trabajos posteriores movidos en los lobbys y think thanks más influyentes sobre la cuestión-, se logró colocar el establecimiento de una Política Común de Inmigración, Asilo y Refugio como principal punto de la Agenda de la Unión Europea dentro del Libro Blanco para el futuro de Europa, publicado en 2017 por la Comisión Europea. En él, se establecían los distintos escenarios previsibles dentro y fuera de la UE, así como las líneas de acción recomendables en el horizonte de 2025.

Aún con todo, que ha sido mucho, volvemos a encontrarnos con lo de siempre: un problema humanitario grave que debemos afrontar, con una desunión que no responde tanto a diferentes y encontradas posiciones políticas, sino más bien a disímiles modelos -difícilmente conciliables- de los distintos gobiernos, sobre inmigración, fronteras e incluso, me atrevería a decir, respecto a la propia Unión Europea y su objetivo final.  Con una oposición a la llegada de esta población, que es pasto de un discurso populista y electoralista desde diferentes posiciones ideológicas y gobiernos: desde el más racista y xenófobo de Hungría y Polonia; hasta el más centrista y liberal -pero igual de reaccionario- eslovaco y holandés; pasando incluso, por el socialdemócrata danés; por no citar, al centrista y verde, gobierno austriaco. Todas estas posiciones, frente a las más decididas y voluntariosas en el ejercicio de la solidaridad como son las de España, Portugal, Italia y, en menor medida, Francia. Y todo ello, a mitad de elecciones en Alemania y sin tener ya a Merkel, capaz de sentar doctrina humanitaria en la protección de los derechos fundamentales por encima de intereses de cualquier tipo, con la palabra y, sobre todo, con el ejemplo.

Es importante volver a insistir en que la Unión Europea durante los últimos años ha cometido el error, desde una política más reactiva que preventiva, de abordar los desafíos de los desplazados, refugiados y la migración a través de acuerdos sobre mínimos, tanto en el número de contingentes de acogida -terrible palabra para calificar a seres humanos-, como de gestión transfronteriza, combinando instrumentos policiales, administrativos, de desarrollo y de ayuda humanitaria. Y esto sería, en el mejor de los casos, el acuerdo coyuntural que podemos esperar después de muchas negociaciones y Consejos, como respuesta de la Unión a la previsible llegada de los refugiados afganos. 

En el peor de los casos, lo que es más previsible, es que también se maneje la posibilidad de que sea un tercer Estado, Turquía principalmente, pero también  Pakistán e incluso, también de forma indirecta, como medidas de acercamiento a Irán, los que hagan de muro de contención de la llegada de refugiados afganos. Ya nos hemos olvidado de la responsabilidad que tienen muchos de los gobiernos europeos dentro y fuera de la Unión en el conflicto afgano desde que en 2001 participamos en dicha intervención militar y hemos intervenido durante 20 años en la mentira -ahora ya se puede decir, al menos por parte de EEUU- de estar construyendo un estado laico y democrático.

Los distintos informes jurídicos internacionales sobre la dudosa legalidad de estos acuerdos con terceros Estados - el suscrito con Turquía en 2016 con el caso sirio o el que se pudiera suscribir para la cuestión afgana- dejan claro la gran contradicción existente entre una Unión Europea que afirma en su Tratado ser un espacio de solidaridad interior y exterior, pero con estos Acuerdos, agrava el drama humanitario de estas poblaciones vulnerables y demuestra una clara inclinación hacia la construcción de una “Europa Fortaleza”, fruto en gran parte de la deriva autoritaria de algunos gobiernos comunitarios.

Los acuerdos con “terceros” Estados para una gestión adecuada tanto en la recepción, como en el tránsito o incluso en el retorno de la población desplazada no debe suponer una renuncia a la directa responsabilidad que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen con dicha población, con el trato humanitario que requieren y con la protección plena de los derechos fundamentales que les asisten. Esta es una responsabilidad que, en ningún caso, por la vía del Acuerdo actual que pueda ampliarse para incorporar a los refugiados afganos, puede delegarse. La “diplomacia de chequera”, el “subarriendo de la crisis” o el “pacto de la vergüenza” que señalan otros  cuando valoran la búsqueda por parte de la UE de Estados aliados para que hagan el trabajo menos grato en la gestión de las diáspora afgana o de los previsibles incrementos de la población desplazada, ponen en evidencia lo que parece necesario en este momento y una vez más: una respuesta desde una política integral comunitaria en coherencia con la Agenda Europa de Migración, atendiendo de forma especial aquellas poblaciones que, como la afgana, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En conclusión, la UE debe dar solución de forma conjunta y acorde a su política de derechos a la cuestión de los refugiados y de la población desplazada afgana, asumiendo la cuota parte que le corresponde a cada Estado en esa responsabilidad, sea o no sea afectado directo por esta cuestión. Para ello, parece imprescindible que la política de migración y de desplazamiento de la Unión permanezca al margen de la demagogia electoralista de algunas opciones políticas nacionales para ser, de forma progresiva y coordinada, una de las políticas supranacionales de la Unión, tanto en los criterios de admisión y tránsito, como en la gestión de fronteras. Todos los líderes europeos deben estar a la altura de los principios que han guiado a este continente; la división de la Unión daña y socava la dignidad de los más vulnerables y de todos los seres humanos.

Gustavo Palomares Lerma es catedrático europeo Jean Monnet y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; formó parte del Grupo de Expertos sobre Emigración, Asilo y Refugio de la UE y del CESEDEM; también es miembro de la plataforma MoMentuM.