Derechos humanos: todos los motivos por los que Qatar no se merece un premio como un Mundial

Este domingo empieza el Mundial de Fútbol de Qatar, una maquinaria deportiva y comercial que, hasta el 2 de diciembre, tendrá en vilo al mundo. Un chute de inversiones, patrocinios y visitas que cualquier país ansía y que sirve para enseñar al planeta el mejor rostro de una nación. La competición hace brillar a quien puede brillar y Qatar, el país más rico del mundo, tiene muchos dones, pero también una carencia profunda que ni todos los fastos pueden ocultar: sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Motivos suficientes para no tener un premio gordo como el que le ha regalado la FIFA.

En Qatar se somete a las mujeres, se persigue a los homosexuales y a la prensa libre, se explota a los trabajadores, que en los escalafones más bajos de los empleos y los salarios son migrantes, como los 6.500 que han muerto levantando los estadios en los que ahora todo será emoción. Y todo eso no ha impedido ni la elección del escenario y el desarrollo posterior de la apuesta deportiva y el engranaje que conlleva. Hay debate sobre qué cantante se arriesgará a cantar en las ceremonias de Doha, pero no parece haberlo sobre si las estrellas rojas o albicelestes tienen o no que estar sobre el terreno de juego. ha ganado el negocio.

Los destellos de la enorme tramoya que es un mundial no dejan, a veces, ver lo que hay detrás. Por eso, activistas locales, organizaciones de derechos humanos internacionales y hasta la ONU están recordando con informes y comparecencias que no todo es fiesta. Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, argumenta la necesidad de contar porque de ello depende la movilización, para hoy y para mañana.

“El legado de la Copa Mundial de 2022 dependerá de si Qatar remedia con la FIFA las muertes y otros abusos que sufrieron los trabajadores migrantes que construyeron el torneo, aplica las recientes reformas laborales y protege los derechos humanos para todos en Qatar, no sólo para los aficionados y futbolistas visitantes”, indica. Se espera que más de 1,2 millones de visitantes internacionales acudan a Qatar para ver el torneo entre los 32 equipos clasificados, junto con muchos dirigentes gubernamentales y del fútbol mundial. “Es el momento de saber”, remata.

Desde la elección

Empieza por recordar que ya la elección de Qatar vino marcada por el escándalo. La FIFA concedió al país del Golfo la organización del Mundial en 2010, “sin la debida diligencia en materia de derechos humanos y sin establecer condiciones sobre la protección de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir la enorme infraestructura”. Es algo esencial, a ojos de la asociación, como también lo eran “las preocupaciones sobre los derechos humanos de los periodistas, la discriminación sistémica a la que se enfrentan las mujeres, el colectivo LGBT y otras personas en Qatar”.

Es habitual que se haga un examen de todas esas materias antes de poner en manos de un país cualquier evento, pero en este caso pesó más el enorme peso económico de Qatar, su papel como dinamizador de eventos deportivos, exitosos todos, desde la década de los 90 del pasado siglo, del motor al tenis pasando por el balonmano. Pero tampoco es nuevo que el premio de un Mundial vaya a parar a un país que derrapa en democracia o actúa de forma inadecuada: en Sudáfrica, sede de 2010, se echó de sus casas a miles de personas no especialmente pudientes para levantar sobre sus terrenos los estadios y con Rusia, anfitriona de 2018, nadie se quedó de que cuatro años antes se hubiera anexionado Crimea, legítimo suelo ucraniano.

En 2017, la FIFA adoptó una Política de Derechos Humanos, con la que se comprometía a tomar “medidas para promover la protección de los derechos humanos”. Al año siguiente mejoró su legislación laboral y en los últimos años h levantado tímidamente vetos sobre la mujer.  En octubre de 2019, un estudio de la ONU elogió las medidas adoptadas por el comité organizador del torneo. Y, sin embargo, son insuficientes y tampoco se han implementado al 100%.

Pero es que, derechos aparte, la selección de Qatar fue extraña hasta en lo formal. Se impuso a Japón, Corea, Australia y hasta EEUU y fue elegida como sede a la vez que la competición de 2018, Rusia, lo que no suele hacerse, dos por una. Pasó fases con informes poco favorables, se hablaba de un destino de “alto riesgo”. “Medio” le dieron a Rusia, de hecho. Raro. Tanto que Washington, indignado por perder, reclamó una investigación del proceso hasta al FBI. Salieron a flote sobornos, mordidas, regalos mareantes... influencias que, decía EEUU, habían inclinado la balanza. Las pruebas llevaron a detenciones -en hoteles de lujo, además- de la cúpula de la FIFA por corrupción.

Apurados por los arrestos, en la FIFA tuvieron que hacer una investigación interna, Michel Platini y Joseph Blatter acabaron procesados y, al fin, absueltos de fraude fiscal por la justicia de Suiza, pero ya para siempre fuera del fútbol. La fiscalía recurrió el veredicto, por lo que el caso sigue vivo. El Qatargate sigue asombrando por la contundencia de sus revelaciones: 3,6 millones de euros en sobornos, presiones diplomáticas para que Francia ganase influencia en la zona, viajes, cenas, dinero por todos lados.

Los trabajadores, sangre en las gradas

La FIFA debería haber reconocido, a juicio de Worden, que al carecer Qatar de la infraestructura necesaria para la Copa, se necesitarían millones de trabajadores migrantes para levantarla y darle servicio. Migrantes, sí, porque es un país pequeño, que no llega a los tres millones de habitantes, y en el que los trabajos físicos como el de la construcción los acometen extranjeros. Llegan sobre todo de otros países más pobres de Oriente Medio o de Asia Central, Bangladesh, India y Nepal especialmente.

El plan era edificar ocho estadios, ampliar un aeropuerto, crear un nuevo metro, construir múltiples hoteles y otras infraestructuras clave, como carreteras y zonas de esparcimiento, con un costo estimado de 220.000 millones de dólares. Las principales reformas laborales introducidas por las autoridades qataríes llegaron demasiado tarde o se aplicaron de forma demasiado débil para que muchos trabajadores se beneficiaran.

“La FIFA es responsable no sólo de los trabajadores de los estadios, una minoría del total de la mano de obra inmigrante cuyos empleadores tienen que cumplir normas más estrictas en cuanto a las condiciones laborales, sino también de los trabajadores que construyen y prestan servicios en los proyectos de preparación y realización del torneo, incluyendo el transporte y el alojamiento, la seguridad, la limpieza y el paisajismo”, detalla HRW.

Amnistía Internacional, otra de las organizaciones más batalladoras a la hora de exponer esta cara oculta del Mundial, detalla que muchos de los contratados para levantar todo esto “han sido explotados y otros, sometidos a trabajo forzado”, dicen sus reiterados informes. “No pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios. Mientras, la FIFA, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener ingentes beneficios económicos de la celebración del torneo”, denuncia.

Muchos migrantes buscaron trabajo en Qatar para huir de la pobreza y el paro pero, para conseguir empleo debían antes pagar elevadas comisiones por culpa del sistema implantado, llamado kafala (patrocinio), “otorga a los ciudadanos privados y las empresas de Qatar, de los demás estados del Golfo y otros países como Jordania o Líbano un control casi total sobre el empleo y el estatus migratorio de sus trabajadores”, explica el tanque de pensamiento Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores). El sistema surgió ante la creciente demanda de mano de obra barata en las economías de la zona y la desesperación de muchos inmigrantes, en busca de trabajo y la oportunidad de enviar dinero a sus familias.

El CFR señala que, debido a que el sistema cae bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y no del de Empleo, “los trabajadores no tienen protección bajo la ley laboral del país anfitrión”, y “esto los deja vulnerables a la explotación y les niega derechos tales como la capacidad de participar en un proceso de disputa laboral o unirse a un sindicato”. Además, debido a que las visas de empleo y residencia de los trabajadores están vinculadas a la tarea y sólo los patrocinadores pueden renovarlas o cancelarlas, “el sistema otorga a los ciudadanos privados, en lugar del estado, el control sobre el estado legal de los trabajadores, creando un desequilibrio de poder que los patrocinadores pueden explotar”.

En la mayoría de las situaciones, los trabajadores necesitan el permiso de su patrocinador para transferir fondos, terminar el empleo y entrar o salir del país anfitrión. Salir del lugar de trabajo sin permiso es un delito que termina con el estatus de trabajador de migrante. Incluso puede ser encarcelado o deportado. Activistas locales han informado a entidades como Business & Human Rights Resource Centre que incluso se han dado estos castigos en personas que estaban tratando de escapar de una situación de abuso.

“Los trabajadores tienen pocos recursos frente a la explotación, y muchos expertos argumentan que el sistema facilita la esclavitud moderna”, define el CFR, con sede en Nueva York. Así se explica, por ejemplo, que algunos de los hombres que trabajan en las obras del estadio Jalifa tuvieran miedo de aventurarse más allá de la zona de obras o del campamento donde vivían los trabajadores y pasaran sus horas de ocio en plena reclusión.

El patrocinador cubre los gastos de viaje y proporciona alojamiento, a menudo en dormitorios sin rozas comunes, compartidos con otros trabajadores; en el caso de Qatar, Amnistía ha publicado fotos que muestran unas terribles condiciones de vida: hacinamiento, falta de higiene y de seguridad son habituales. “Vimos a hombres durmiendo en literas en habitaciones para ocho o más personas”, resumen. El derecho qatarí y las Normas para la Protección de los Trabajadores permiten como máximo cuatro camas por habitación y prohíben el uso compartido de camas y el uso de literas. Mejoras que se habían introducido en lo formal, pero no en la práctica. No se conocen sanciones a los empleadores por mantener este trato a sus obreros.

Y luego están las condiciones económicas en sí: los agentes de contratación han estado haciendo estos años “falsas promesas respecto al salario que recibirán los trabajadores”, y sobre la clase de empleo ofertado. “Los 300 dólares al mes que a un hombre de Nepal le habían prometido que iba a cobrar resultaron ser sólo 190 una vez que empezó a trabajar en Qatar”, detallan. Cuando los trabajadores explican a la empresa que les habían prometido un salario superior, ésta se limita a hacer oídos sordos. Mushfiqur, jardinero de la Aspire Zone -la zona de ocio que rodea el estadio Jalifa- cuenta a AI: “El gerente sólo dijo: ‘Me da igual lo que te hayan dicho en Bangladesh. Cobrarás este sueldo y nada más. Si sigues protestando les diré que cancelen tu visado y te manden de vuelta a casa’”.

Hablamos de trabajadores que, además, habían tenido que pagar ya de 500 a 4.300 dólares estadounidenses a contratistas sin escrúpulos en sus países de origen, que se endeudaron para llegar a Qatar y que, por tanto, arrastraban una deuda doble, fuera y dentro, con la que no se podían permitir variaciones en el salario o retrasos en los pagos, igualmente verificados. Les iba literalmente la vida en ello.

“Si los trabajadores se quejan de las condiciones o piden ayuda, normalmente son intimidados y amenazados por sus empleadores”, incide Amnistía. A algunos hasta les retenían el pasaporte para que no tuvieran tentaciones de escapar. Así, un día tras otro.

HRW se queja de que, a pesar de las repetidas advertencias de los propios trabajadores y de numerosos grupos de la sociedad civil, “la FIFA no impuso condiciones estrictas para proteger a los empleados y se convirtió en un facilitador complaciente de los abusos generalizados que sufrieron los trabajadores, incluidas tarifas de contratación ilegales, robo de salarios, lesiones y muertes”. Sobre este último extremo, se calcula que al menos mil personas han muerto trabajando en las instalaciones del Mundial. Son datos de asociaciones que han tratado de peinar el terreno. No obstante, hay un informe elaborado de forma independiente por el diario británico The Guardian que eleva la cifra a 6.500 personas. Se publicó en febrero del año pasado. Su sangre empapa las gradas de los llamados “estadios de la vergüenza”. El Gobierno admite apenas 39 casos.

“De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que la FIFA adoptó en sus Estatutos en 2016 y su Política de Derechos Humanos, adoptada en 2017”, se debería haber velado por que esto no ocurriese, dice HRW. “La FIFA también cuenta con amplios recursos para remediarlo, ya que se espera que la Copa del Mundo de 2022 genere más de 6.000 millones de dólares en ingresos”, recuerda. Por ahora, no se ha avanzado nada en compensaciones económicas por el robo de salarios o las lesiones a los trabajadores que quedaron vivos o a las familias de los fallecidos.

Las autoridades continúan sin investigar siquiera estas muertes, a pesar de que muchos de ellos han fallecido de forma repentina, y las atribuyen directamente a “causas naturales”. No hay autopsia. Por eso reconocen apenas el 6,5% de los casos que denunció el Guardian.

Ellas, de segunda

Human Rights Watch o Amnistía han documentado desde tiempo atrás que las leyes, reglamentos y prácticas qataríes imponen “normas de tutela masculina discriminatorias”, que “niegan a las mujeres el derecho a tomar decisiones clave sobre sus” vidas. Tienen dinero, sí, sus vidas son relativamente acomodadas o estables, pero ¿dónde están sus derechos?

Las mujeres de Qatar están absolutamente en un segundo plano, porque como ciudadanas de segunda son tratadas. El país trata de lucir la imagen sonriente y pulcra de sus azafatas de Qatar Airways o de esas diseñadoras que le dan un toque moderno y colorido a los velos, pero la realidad es que se las tapa y se las cohibe.

Informes como el demoledor Everything I have to do is tied to a man, publicado en 2021 por HRW, explican que las mujeres necesitan obtener el permiso de sus tutores masculinos (los miembros masculinos de la familia, esto es, su padre o marido, quizá un hermano dado el caso) para casarse, estudiar en el extranjero (incluso si ha pasado un proceso de selección del Gobierno para becas) o en la universidad, trabajar en la mayoría de empleos públicos, viajar al extranjero hasta ciertas edades y recibir determinados cuidados de salud reproductiva. Hasta tienen vetado coger un taxi solas sin él.

El código penal de Qatar penaliza todas las formas de sexo fuera del matrimonio, con penas de hasta siete años de prisión. Si las mujeres son musulmanas, también pueden ser condenadas a latigazos o a lapidación. Las qataríes han sido procesadas de forma “desproporcionada”, añade HRW, porque el embarazo sirve como prueba del supuesto delito y denunciar una violación puede considerarse una confesión. La policía no suele tener en cuenta a las mujeres que denuncian este tipo de violencia, sino que cree en los hombres que afirman que fue el sexo fue consentido. Cualquier indicio de que la mujer conocía al hombre ha sido suficiente para procesar a la mujer, es un proceso diario.

También se exige a las mujeres que muestren un certificado de matrimonio para acceder a determinadas formas de atención a la salud sexual y reproductiva, incluidos los controles de infecciones de transmisión sexual y la profilaxis posterior a la exposición al VIH. Carecen, igualmente, de acceso a la anticoncepción de emergencia.

Obtener el divorcio es muy complicado para ellas, mientras que ellos, los hombres, pueden casarse hasta con cuatro mujeres y divorciarse fácilmente si lo desean. Si hay hijos, la custodia de ellos es compartida hasta los 13 años, si es hombre, y 15 si es mujer, pero luego ya la tutela es completa del padre, por lo que todas las decisiones sobre ellos deben ser tomadas por él. Y una vez casada, la mujer debe obedecer a su marido y puede perder el apoyo financiero de él si decide trabajar, viajar o se niega a tener relaciones sexuales sin una razón “legítima”.

Huelga decir que todas las mujeres deben utilizar al menos el hiyab, un velo que les cubre la cabeza y el pecho en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. Es aún más común la shayla o la abaya. En este país, se cumple con esa visión de obligatoriedad y con la excusa de que es para proteger a las mujeres de la lascivia de los hombres.

El 7 de noviembre, el Comité Supremo para la Organización y el Legado, organismo organizador de la Copa Mundial en Qatar, dijo a Human Rights Watch que proporcionará refugios y clínicas de apoyo psicológico, médico, forense y jurídico para las víctimas de abusos durante la Copa Mundial. El 9 de noviembre, la FIFA añadió a esta organización que “confía en que las mujeres tendrán pleno acceso a la atención médica, incluida cualquier atención relacionada con un posible embarazo, independientemente de las circunstancias y sin que se hagan preguntas sobre el estado civil”. Confiar no da garantías de cumplimiento.

La asociación también dijo que “la FIFA ha recibido la garantía de que las mujeres que denuncien una violación u otras formas de abuso no se enfrentarán a ninguna pregunta o acusación sobre posibles relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas y no deben temer repercusiones de ningún tipo por este motivo”.

¿LGTBqué?

La lista de declaraciones homófobas de los dirigentes qataríes es larga de reproducir. Digamos que en estos años han recurrido a términos como pecado o anormalidad, también al manido de enfermedad. Khalid Salman, embajador del Mundial y exfutbolista él mismo, afirmó por ejemplo que “la homosexualidad es un daño en la mente”.

Qatar es uno de los 70 países del mundo que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. En su código penal, castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con hasta 7 años de prisión (artículo 285). También establece penas de entre uno y tres años (artículo 296) para cualquier varón que “instigue” o “incite” a otro varón a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Se impone una pena de hasta 10 años (artículo 288) a quien mantenga relaciones sexuales consentidas, lo que podría aplicarse a las relaciones consentidas entre mujeres, hombres o parejas heterosexuales del mismo sexo.

En octubre, Human Rights Watch publicó las conclusiones de una investigación según la cual las fuerzas del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar -dependiente del Ministerio del Interior-, habían detenido arbitrariamente a seis personas LGBT( qataríes y las habían sometido a malos tratos, incluidas fuertes golpes y acoso sexual, durante su detención. Como requisito para su puesta en libertad, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres transgénero detenidas asistieran a sesiones de terapia de conversión en un centro de “atención sanitaria del comportamiento” patrocinado por el Gobierno. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace 32 años.

Las personas LGBTI entrevistadas por los especialistas de HRW afirmaron que los malos tratos se produjeron en septiembre, incluso cuando el gobierno fue objeto de un intenso escrutinio antes de la Copa Mundial por su trato a las personas LGBTI.

En esta pelea, los homosexuales qataríes -que los hay, aunque su estado diga que no- se sienten bastante solos, como las mujeres, porque ha habido pocos pronunciamientos a su favor por parte de los jugadores o selecciones que van a jugar el torneo. Ha habido pasos simbólicos, como los de equipos como los de Bélgica, Alemania o Inglaterra, enviando una carta pidiendo que es les defienda y respete, y otros han usado en las fases previas brazaletes con los colores de la bandera LGTBI y el mensaje “One love”; la bandera multicolor está vetada en los estadios en el Mundial, aunque ya hay quien está buscando cómo trolear a las autoridades. La asociación Professional Footballers Australia (PFA) lanzó un comunicado en el que 16 jugadores pedían a Qatar que reconozca las relaciones entre personas del mismo sexo y mejore los derechos de los trabajadores migrantes. La respuesta: “ningún país es perfecto”.

Durante las semanas que dure el Mundial, los aficionados tendrán que evitar muestras de afecto en público y deberán mantener una vestimenta recatada. Ni hombres ni mujeres podrán exponer ciertas partes de su cuerpo. Las minifaldas, vestidos cortos, ropa sin mangas, bikinis, pantalones cortos o rotos estarán prohibidos. Hasta esa libertad está coartada y se deja que pase.

La prensa, sumisa

Pasa lo mismo con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Qatar ocupa el puesto 119 de 180 en la clasificación mundial que hace cada año la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF). El código penal qatarí tipifica como delito criticar al emir, insultar la bandera de Qatar, difamar la religión, incluida la blasfemia, e incitar “al derrocamiento del régimen”. La ley de delitos cibernéticos de Qatar de 2014 establece hasta 3 años de prisión y una multa de 500.000 riales qataríes (137.000 euros) para quien sea condenado por difundir “noticias falsas” no definidas en Internet o por publicar contenidos en línea que “violen los valores o principios sociales” o “insulten o calumnien a otros”. Algunos periodistas internacionales han sido detenidos mientras trabajaban en Qatar, obligados a confesar supuestamente, y su trabajo ha sido destruido.

“Qatar, la FIFA y los patrocinadores aún tienen la oportunidad de salvar el legado del torneo remediando a los abusos contra los derechos de los migrantes asociados a la Copa del Mundo y adoptando reformas para mejorar la protección de las mujeres, las personas LGBTI y los migrantes, no solo durante la Copa del Mundo, sino también después”, afirma Worden, de HRW. “Los periodistas pueden ayudar a garantizar que estas cuestiones cruciales sean puestas en evidencia”.

RSF añade que se están añadiendo restricciones incluso en pleno escaparate del Mundial. Así, la nueva acreditación de prensa que Qatar está otorgando a los periodistas “es muy restrictiva” e “indica que quiere desalentar o incluso impedir que los medios de comunicación extranjeros cubran cualquier cosa que no sea el fútbol”. Mientras tanto, los medios de comunicación cataríes, financiados por el Gobierno, denuncian sistemáticamente cualquier crítica de la prensa a Qatar “como parte de una conspiración para manchar la reputación del emirato antes de la Copa del Mundo”, indica en un comunicado.

Esta misma semana se ha sabido, de acuerdo con The Sunday Times y la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ), que Qatar es sospechoso de haber contratado hackers para intervenir las cuentas de correo electrónico privadas de tres periodistas que escribieron artículos críticos.

El cambio y las consecuencias

En el CEERI, el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, han analizado todas estas violaciones de derechos humanos y constatan que, en todo proceso de cambio, hay fases que hay que pasar y llevan su tiempo. Desde la aparición de las normas, su adaptación y la internalización por parte de las instituciones de lo que se modifica. Qatar insiste en que está virando, pero va lento. El director de seguridad del Mundial, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, expresó abiertamente en abril que “no se pueden cambiar las leyes ni la religión por 28 días”, tiempo que durará el campeonato mundial de fútbol. Pero es que los cambios, si se respetara el derecho internacional, debieron llegar hace mucho. En eso hay consenso entre las asociaciones. Antes de que se le diera la organización del evento.

“Bajo un terreno conservador y tradicionalista -como lo es Qatar-, esta discusión se torna potencialmente inasequible”, asegura el documento. Poco optimista ante lo que puede cambiar una vez que pasen los goles. Qatar es un país rico en petróleo y en gas, que es cierto que desde 2017 sufre el aislamiento de sus vecinos, pero que sigue siendo enormemente influyente. El Mundial lo constata. ¿Si no se le ha forzado ahora a cambiar, por qué debería hacerse más adelante?

Y luego está la presión persona, una a una, de los individuos. Hay quien se pregunta si todas estas informaciones negativas pueden llevar a que los ciudadanos cambien en su actitud ante Qatar y se planteen boicots, ahora en lo deportivo y más adelanta en lo cultural o diplomático. La socióloga sevillana Marisa Ramírez “quiere” tener esperanza, pero explica que es complicado que eso pase. “Es tan grande la avalancha de informaciones de propaganda o sencillamente blancas, deportivas, festivas, alegres, que tapan el intento de algunos medios de contar también la cara oculta de la competición. Ya ha pasado en otros eventos, como por ejemplo la competición de Eurovisión que se celebró en Israel. Son eventos tan viscerales, tan pasionales, que incluso personas muy concienciadas encenderán la televisión o la radio para saber qué hace La Roja”, sostiene.

A su entender, “hay que mantener esa labor de pedagogía, porque sólo desde el conocimiento viene la indignación y, luego, el cambio, pero sin pensar que será determinante para que Qatar fracase y no tenga más  acontecimientos de este tipo, eso no va a suceder o no de inmediato”.

Las asociaciones, organismos y ONG de derechos humanos están locas para que esto rebote. O sea, para que el mundo sepa. Porque saber es actuar, como dice Ramírez.