Derechos de las mujeres: el camino que nos queda

Cada 8 de marzo celebramos el Día de las mujeres, y si echamos la vista atrás no nos faltan motivos. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres ha avanzado mucho en la España de la democracia: en el acceso a la educación, en el desarrollo laboral y profesional, en las libertades públicas y los derechos de la vida privada, en servicios y en presencia social y política de las mujeres. Una vez más, democracia e igualdad han ido de la mano y se han hecho posibles y reales recíprocamente.

Muchas mujeres están haciendo realidad este cambio. Con esfuerzo y tenacidad han demostrado sus capacidades y con su éxito en los más diversos ámbitos han enriquecido nuestra sociedad, nos han enriquecido a todos y se han convertido en referentes diarios, más o menos públicos para las mujeres que las hemos seguido, haciendo normal lo que era excepcional.

Pero ese cambio no lo estamos consiguiendo las mujeres solas. Cada una de nosotras ha podido partir del trabajo y el avance logrado por quienes nos precedieron. Cada una de nosotras hemos podido recurrir a la ayuda de nuestras compañeras, al apoyo formidable de las reivindicaciones y del movimiento feminista.

Cada una de nosotras, también, ha contado con las garantías de las instituciones públicas, de las leyes y de su aplicación por los tribunales; de los crecientes servicios públicos que generan las condiciones necesarias para la igualdad; de las normas y la intervención pública para impulsar los cambios sociales, corregir las discriminaciones y hacer posible la transformación de nuestra sociedad. Cambio social e intervención pública son dos caras de la misma moneda, dos dinámicas que se alimentan recíprocamente para hacer efectiva la igualdad reconocida por la Constitución.

Este camino está siendo posible, a pesar de todos los obstáculos y resistencias que hemos encontrado, gracias al consenso social en torno a ese objetivo. Un consenso plasmado en la Constitución, pero mantenido, reforzado y revivido cada día gracias al esfuerzo de concienciación y convicción de muchas mujeres y hombres que lo han asumido como valor fundamental de nuestra sociedad.

Celebremos pues el avance en igualdad, y hagámoslo del mejor modo posible: reforzando su condición de valor compartido y fundamental y continuando su progreso. Porque queda mucho por hacer. La igualdad no es solo un derecho, es también un objetivo permanente que exige actuar para avanzar en su efectividad.

De poco sirve el progreso realizado a quien vive aún la discriminación en ámbitos especialmente desprotegidos: las mujeres que unen a esa condición la de otras causas de discriminación y vulneración de sus derechos como la pobreza, la precariedad laboral o la discriminación racial. La discriminación de las mujeres se oculta hoy y se refuerza tras todos estos muros para vulnerar o suprimir los derechos, como persona y como ciudadana, de sus víctimas. De modo más trágico y sangrante cuando la discriminación toma la forma de violencia machista.

Y aún con todo lo avanzado, las crisis nos muestran la fragilidad de lo conseguido y la pervivencia de los riesgos de vuelta atrás. En crisis las mujeres pierden antes sus empleos, asumen de nuevo casi en solitario las exigencias de cuidado familiar, pierden los servicios que hacían posible su dedicación y desarrollo profesional, sufren con mayor intensidad y menor protección discriminaciones y violencia, renuncian antes a sus sueños y objetivos y, con ellos, al crecimiento de nuestra entera sociedad.

El consenso social y político sobre el que se construye la igualdad efectiva se agrieta. Los avances mucho más difusos en conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar, base de la posibilidad de acceder a los derechos de las mujeres y ejercerlos, se frenan o decaen. Así como resurgen las voces que ponen en cuestión el objetivo de avance o, al menos, sus instrumentos y su importancia.

Frente a estas amenazas, para afrontar estos retos, la receta es la misma que nos ha traído hasta aquí. Celebrar el 8 de marzo sirve para recordarla. En primer lugar, cumplir y garantizar el cumplimiento de las leyes en todos sus ámbitos, también en aquellos de más difícil acceso o de mayor dificultad. Frente a quienes creen que todo está hecho o que todo cambiará por sí solo, necesitamos hacer real la obligación constitucional de intervenir desde las instituciones públicas para avanzar en igualdad e impulsar el cambio social.

Y, desde luego, reforzar el consenso social y la convicción compartida y efectiva del valor de la igualdad en nuestra sociedad actual y en la del futuro. Para ello nuestra arma fundamental es la educación de nuestros jóvenes y de nuestras niñas y niños en igualdad, esto es, en el profundo respeto mutuo que implica, la atención que exige y la riqueza que nos aporta.

También en las crisis, también en las dificultades, recordemos que, como afirmaba hace 90 años Clara Campoamor al defender el sufragio de la mujer, “yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer”, de modo que cada discriminación, cada negación de un derecho de las mujeres es la vulneración de nuestros derechos de ciudadanía, los de todos y todas; y cada ejercicio de esos derechos revierte también en el progreso de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.