Adiós virus, hola denuncias: las demandas que afrontan los gobiernos europeos por la pandemia

El miércoles fue el turno del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el viernes, el del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Ambos prestaron declaración en el marco de una investigación judicial sobre la gestión de la crisis del coronavirus, pero cada uno lo hizo desde una posición distinta y por un motivo también algo distinto. 

Franco declaró como imputado por prevaricación por haber autorizado la manifestación del 8 de marzo en Madrid; Conte fue citado en calidad de “persona informada de los hechos” para tratar de esclarecer por qué no se declaró como ‘zona roja’ los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, en Lombardía, a finales de febrero, cuando se cerraron otros municipios italianos igualmente castigados por el virus.

A medida que Europa va dejando atrás lo peor de la pandemia y recupera poco a poco su ‘normalidad’, los juzgados retoman su actividad con el trabajo atrasado más todos los casos añadidos a raíz del coronavirus.

En España, la jueza Carmen Rodríguez-Medel archivó provisionalmente el ya conocido como caso 8M la semana pasada, al no encontrar indicios de delitos tras escuchar la declaración de Franco.

No obstante, puede que las investigaciones no queden ahí. Además de que la archivación de la causa puede ser recurrida, más de 60 procedimientos aguardan en las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

El peligro de “judicializar la política”

Muchas de las querellas, presentadas por distintos colectivos, particulares, asociaciones como Hazte Oír y Abogados Cristianos e incluso partidos políticos como Vox, piden responsabilizar al presidente del Gobierno y a sus ministros de las más de 27.000 muertes por covid-19 que ha habido en España. 

Otras denuncias van dirigidas contra decisiones que afectan a colectivos como sanitarios o policías para denunciar la falta de material de protección individual. De hecho, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal.

Hasta cierto punto, este “aluvión” de denuncias cabía dentro de lo esperable, ya que “hay asuntos donde puede quedar la duda de si hubo alguna negligencia por parte de las autoridades sanitarias e incluso de las autoridades políticas”, reconoce Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Sin embargo, matiza el jurista, “otra cosa distinta es querer ventilar los conflictos políticos en sede judicial; eso sería judicializar la política”.

“En casos como este hay una legítima lucha política, pero creo que lo razonable es que se dé en las comisiones de investigación de los Parlamentos”, opina González Vega. “Aquí la pregunta es: ‘¿Las autoridades sanitarias no adoptaron las medidas adecuadas y con ello se produjo el contagio de una parte de la población?’. Eso puede tener responsabilidades políticas, pero me parece muy difícil que se encuentren responsabilidades penales”, prosigue el portavoz de JJpD.

“En las demandas que se dirigen contra el Gobierno por el ámbito penal, no valen las presunciones, hay que acreditar realmente que una acción o una omisión ha causado la muerte de un individuo, y esa acción hay que imputársela a una persona física; no vale imputar la muerte de 27.000 personas ‘con carácter general’ y decir con eso que el Gobierno es responsable”, explica. “No se trata de hablar en términos generales, sino de hacer el examen individualizado de cada muerte, y de ver si efectivamente se tomaron medidas o no en cada caso”, insiste el magistrado, que se inclina a pensar que el Tribunal Supremo probablemente archivará las denuncias contra el Gobierno “viendo lo que ha hecho la jueza de instrucción” en el caso 8M.

Los familiares se reúnen en torno a Facebook

Todavía se desconoce si algún ministro español acabará sentado en los banquillos de los tribunales, pero en cualquier caso no serían los primeros de Europa en hacerlo. De vuelta a Italia, la Fiscalía de Bérgamo ya ha tomado declaración, además de al primer ministro Conte, a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, al titular de Sanidad, Roberto Speranza, al gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y a su asesor en esta crisis, Giulio Gallera. Eso sí, como testigos.

Al margen de esta investigación, en Italia los familiares de víctimas de covid-19 presentaron la semana pasada 50 denuncias particulares ante la Fiscalía de Bérgamo. Los familiares se organizaron durante la pandemia en redes sociales y crearon el grupo de Facebook Noi Denunceremo (Nosotros denunciaremos), con más de 58.000 miembros.

Curiosamente, sus denuncias no están dirigidas contra ninguna persona o institución en concreto, aunque los familiares consideran que mucha gente murió por la negligencia e incompetencia de las autoridades. “Nosotros no señalamos con el dedo a nadie, será la Fiscalía la que tendrá que depurar responsabilidades”, explicó el presidente y fundador de la asociación, Luca Fusco, al diario italiano La Reppublica.

Quienes no se sentarán en los banquillos (al menos, no de momento) son los ministros de Emmanuel Macron. En Francia, La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar en respuesta a más de 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la posible mala gestión de las autoridades en la pandemia.

Las quejas atribuyen a la Administración posibles delitos como homicidio involuntario, denegación de auxilio o poner en peligro vidas, pero no afectan a los ministros del Gobierno galo, que sólo pueden rendir cuentas ante un tribunal especial ajeno a la justicia ordinaria.

Por el momento, tres de las denuncias, relativas a residencias de ancianos, han sido remitidas a la Policía para que abran investigaciones separadas. Las autoridades estiman que casi la mitad de los más de 29.000 muertos por covid-10 en Francia eran residentes de estos centros o de instituciones similares.

La “inmunidad de grupo” que nunca llegó a Reino Unido

En Reino Unido, el país de Europa más castigado por el coronavirus con más de 41.000 muertes, los familiares de las víctimas también se han organizado a través de un grupo privado de Facebook que ya reúne a más de 900 personas.

El caso británico es particular ya que el primer ministro, Boris Johnson, se negó inicialmente a confinar a la gente con la intención de lograr la inmunidad de grupo, que se conseguiría cuando se contagiara aproximadamente el 70% de la población. La realidad epidémica desmontó en pocos días esta estrategia, y el 23 de marzo Johnson decretó el confinamiento. Las familias de las víctimas creen, sin embargo, que el Gobierno actuó tarde y que debe asumir responsabilidades por ello.

Mientras tanto, el grupo de familiares está buscando asesoramiento para saber a qué procedimientos legales pueden atenerse, y animan a las demás personas que estén en su situación a unirse a esta iniciativa.  

“Creemos que llegará un momento en el que podamos llevar al Gobierno ante la justicia. Este grupo es una forma de conectar a las familias afectadas por los fallos de este Gobierno para que, juntos, podamos responsabilizarlo de las pérdidas de nuestros seres queridos”, escribe en Facebook el fundador del grupo, Matt Fowler, cuyo padre, de 56 años, murió a mediados de abril por el coronavirus.

“Es normal que la gente esté indignada y piense que esto puede llevarse por la vía penal, pero creo que muchas de estas demandas acabarán archivadas”, sostiene, por su parte, Ignacio González Vega. ”Con todos los respetos, creo que se está jugando mucho con las expectativas de los ciudadanos”.