Democracia política vs. democracia deliberativa
El término político ha encallado en lo indiscutible, en la autonomía de criterio de quien ostenta un poder electoral.
¿Nos encontramos con una sociedad víctima de su complejidad?, ¿somos una democracia amenazada por procesos funcionales, muy técnicos y especializados, casi automáticos, ante los que la decisión colectiva debe ceder frente a lo que Habermas denominaba la espiral tecnocrática? ¿Nos regula un criterio técnico inmarcesible? Sorprendentemente la respuesta es no.
Nos encontramos, más bien, con un panorama de extraordinaria politización de todos los órdenes fundamentales de nuestra comunidad: bancarios, judiciales y por supuesto de salud, especialmente visibles en este último, debido a la obviedad de la presente pandemia, circunstancia que nos ha enfrentado a un cúmulo de decisiones transcendentales, pero esencialmente políticas, desnudas de un fundamento técnico explícito, accesible por el ciudadano y objeto de cualquier posible examen y discusión pública.
Aquello cuya fundamentación nos es desconocida, es aquello frente a lo que no se puede discutir y por tanto lejos del núcleo de lo democrático.
El término político ha encallado en lo indiscutible, en la autonomía de criterio de quien ostenta un poder electoral. Y ahí encontramos una de las mayores paradojas del sistema: tenemos una democracia política, aceptemos el término al menos para estos párrafos, sujeta exclusivamente a una fundamentación y control electoral (no faltan transcendentales decisiones judiciales que demuestran la sensibilización electoral del Poder Judicial).
No tenemos una democracia deliberativa cuya capacidad de regulación está vinculada al ofrecimiento de explicaciones, que rinde cuentas en cada decisión, que ofrece un análisis cuantitativo del riesgo antes de cada decisión y permite canalizar y captar las mejores opciones técnicas.
Esta carencia es sorprendente cuando de una decisión pública se deriva una transacción entre bienes colectivos diferentes, lo aclaro: En el caso de la Covid-19 una decisión pública puede facilitar el movimiento económico y, sin embargo, aumentar el riesgo de contagio. Nos encontramos pues con una decisión que viene a producir una transacción entre salud y las importantes consecuencias económicas que tiene la inmovilización del factor trabajo. Sin embargo, esta crisis nos encontramos con la supremacía absoluta de lo político, reducido a un pensamiento esencialmente desiderativo e invocando valores abstractos, es decir: nos encontramos en substancia con opiniones políticas basando decisiones fundamentales públicas.
Esta no es una paradoja, en absoluto; los que se encuentran afectados por ella la comprenden e identifican con un grave caso de corrupción del sistema porque, ciertamente, es mucho más difícil evaluar las consecuencias reales de los actos de gobierno y dificulta hasta el extremo mantener una atención rigurosa sobre los mismos. Nos dirán que hablamos de una democracia de segunda generación, que llegarán futuros mejores momentos hasta que podamos ponernos en camino de emprender el camino de las reformas. Sin embargo, podemos comprobar que es precisamente lo peor lo que va sucediendo, que nuestro sistema judicial en bloque, y todos los reguladores y controladores autónomos, en apariencia, del sistema financiero son incapaces de dar una consecuencia legal, en lugar de un carpetazo político, al “engaño” (según el Tribunal Supremo y miles de sentencias en el orden jurisdiccional civil, yo mismo intervine en alguna de las mismas) de la que fue, según la Fiscalía anticorrupción resultó “una de las mayores estafas conocidas en España por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía” que supuso el colapso financiero de Bankia, la ultra politizada Bankia.
Descomponer el problema en un elemento político y un elemento técnico ayudará a identificar y marginar el papel hasta ahora sustantivo de los grupos de interés y de las meras luchas electoralistas. Los desafíos inéditos y del mayor impacto que afrontamos ahora merecen políticas que respondan al juicio de expertos, públicos, conocidos, contrastables, debatibles y no a evaluaciones de riesgos hechas por grupos políticos. Es hora de una democracia deliberativa.
