De Suiza al Supremo, las investigaciones judiciales en torno a Juan Carlos I
El país helvético ha remitido a España parte de su proceso y el Ministerio Público ya está analizando los documentos, a la espera de recibir más
El rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto, cuando comunicó a su hijo Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.
De momento, el Ministerio Público está estudiando la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la investigación que mantienen allí abierta por el supuesto cobro de comisiones y que afectaría a Juan Carlos I, y está a la espera de recibir más información.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press han explicado que el hecho de que don Juan Carlos haya decidido fijar su residencia fuera de España no tiene por qué perjudicar en principio a la investigación, que continúa centrada en el examen de la documentación suiza.
En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el Rey emérito está aforado desde su abdicación. El fiscal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, no ha dado ningún paso concreto de momento, por lo que Don Juan Carlos no está investigado formalmente.
A partir de junio de 2014
Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
Así, de momento, las autoridades suizas han remitido parte de sus pesquisas y es lo que el fiscal Campos está estudiando. A través de su abogado, el Rey emérito ha remitido un comunicado en el que asegura estar a disposición de Fiscalía “para cualquier trámite o actuación que considere oportuna”.
El anuncio de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España es el colofón de toda una serie de decisiones que han ido adoptando tanto él mismo como la Casa Real a medida que sus finanzas se han ido poniendo bajo sospecha, sobre todo tras la apertura de la investigación en Suiza y la publicación sobre estas pesquisas en medios españoles, suizos y británicos.
El primer paso tuvo lugar hace algo más de un año con la decisión de Don Juan Carlos de dejar de desarrollar actividades institucionales y apartarse de la vida pública. Meses después, el pasado 15 de marzo -el mismo día que entró en vigor el estado de alarma por la pandemia de coronavirus-, la Casa Real anunció que Felipe VI había renunciado a la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder” y le retiró la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de Zarzuela.
La pista de Panamá
Esta decisión de la Casa Real se produjo a raíz de las informaciones publicadas por varios medios respecto a que Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones llamadas Zagatka y Lucum. En el caso de Zagatka, Zarzuela explicó que el Rey lo desconocía, pero que en tal caso renunciaba a ella; mientras que en el de Lucum, revelaba que tuvo conocimiento un año antes por un despacho de abogados, el que representa a la examiga de su padre Corinna Larsen, de casada zu Sayn-Wittgenstein.
Esta última fundación está investigada en Suiza por recibir una supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros y, según el diario británico ‘The Telegraph’, el actual monarca figura como segundo beneficiario.
La Fiscalía suiza llegó hasta la fundación tras un registro en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canonica que reveló la existencia de una cuenta en Ginebra vinculada a Lucum desde la que se habrían transferido esos 65 millones a otra cuenta cuya titular es Corinna Larsen. El fiscal Yves Bertossa mantiene imputados en esa causa tanto a Larsen como a Fasana y Canonica.
La empresaria alemana admitió esa transferencia, pero siempre ha defendido que fue una donación de Don Juan Carlos en el año 2012 como “regalo no solicitado” para ella y su hijo por el “cariño” que les tenía, por lo que la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.
Al mismo tiempo que se desarrollaban las pesquisas en Suiza, la Fiscalía Anticorrupción española abrió sus propias diligencias secretas en el marco de esas posibles comisiones, desveladas a raíz de unas grabaciones encontradas al comisario José Manuel Villarejo sobre una conversación que mantuvo con Corinna Larsen.
En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.
En aquel momento, la investigación estaba en manos de la Audiencia Nacional, que las archivó argumentando que el Rey emérito era inviolable en el momento de los hechos, si bien Anticorrupción abrió sus propias pesquisas secretas sobre el origen de esas posibles mordidas y así se mantuvieron casi dos años. El avance de la investigación suiza, que salpica a Juan Carlos I, llevó a la Fiscalía General del Estado a designar el pasado mes de junio al fiscal Juan Ignacio Campos como el encargado de la investigación y a reclamar a Anticorrupción todo lo indagado hasta ese momento.
La documentación que falta
De momento, las autoridades suizas han remitido parte de su investigación, que al estar en francés se ha encargado su traducción. El fiscal Campos está pendiente de recibir el resto, según fuentes jurídicas.
Tal y como publicó El País, Corinna Larsen reconoció en su declaración ante el fiscal Bertossa, en diciembre de 2018, que Don Juan Carlos le transfirió 64,8 millones de euros en 2012 “no para deshacerse del dinero”, sino “por gratitud y por amor”, para garantizar “su futuro y el de sus hijos”.
En esa comparecencia, la empresaria alemana afirmó que “en ningún momento” el Rey emérito “dijo que quisiera deshacerse de ese dinero” y que ella no sabía si él había declarado los fondos a la Hacienda Pública española.
Sobre el origen del dinero, explicó que no preguntó en ese momento pero que más adelante, en conversación con el banco suizo Gonet o con el abogado Dante Canonica, le explicaron que procedía de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí en favor de Don Juan Carlos. Según dijo, no supo la razón de la donación, pero aseguró que se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Próximo.
Sobre la creación de la fundación Lucum fue preguntado Canónica por el fiscal suizo, según publicó El Español. El abogado declaró, en agosto de 2018, que Don Juan Carlos les pidió a él y a Fasana en su despacho de Zarzuela que le crearan “una estructura” en el país helvético para guardar allí una “importante donación” que iba a recibir del rey saudí.
Según Canonica, este encuentro tuvo lugar a finales de 2007 o principios de 2008 y entonces el Rey emérito dijo que desconcía cuánto dinero iba a recibir. Fue tras abrir la cuenta en Suiza a nombre de la fundación y una vez se recibieron los fondos cuando supieron la cantidad.
Sobre la fundación Zagatka, la empresaria dijo al fiscal suizo que el Rey emérito le había comentado que le pertenecía. Según Canonica, el primer beneficiario de esta fundación es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I.
