De la inviolabilidad real a la razón de Estado

Después de una ya larga y regalada estancia en Abu Dabi, que según su propia carta pretendía ser una suerte de cordón sanitario frente al juicio mediático, el rey emérito ha procedido por medio de su abogado Sánchez Junco a la regularización extraordinaria de los generosos regalos de al menos un millón de euros recibidos por él y su familia con cargo a la cuenta del empresario Sanginés Krausse, y que en su momento el emérito no había considerado necesario declarar a Hacienda.

Todo ello, en medio de los rumores que apuntan a que el rey emérito don Juan Carlos estaría preparando hace tiempo el terreno para regresar a España por Navidad, poco menos que limpio de polvo y paja.

Sin embargo, la regularización ante la Agencia Tributaria supone el reconocimiento de hecho de un delito de fraude fiscal de 678.393,72 euros por parte del anterior jefe del Estado, una cantidad que se correspondería con los impuestos y recargos, que éste dejó de pagar durante algunos meses de 2016 y los ejercicios de 2017 y 2018 por las cantidades recibidas del mencionado empresario mexicano.

Un sobresueldo irregular, en forma de dinero de tarjeta, a cargo de la cuenta del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que fuera ayudante de campo del rey durante un tiempo y luego administrador de esos fondos, a modo de testaferro. Otro fondo opaco que con toda naturalidad servía para sufragar todo tipo de gastos familiares a sumar a la asignación oficial (al parecer totalmente insuficiente para tan regias necesidades) que consignan anualmente los presupuestos Generales del Estado

Cabe preguntarse pues por cuáles han sido las contrapartidas que conllevarían unos regalos tan espléndidos donados por el mencionado empresario mexicano o si por el contrario estaríamos de nuevo ante la figura de otro intermediario o testaferro, este de mayor nivel, de uno más de los fondos opacos provenientes de los rentables negocios y el consiguiente patrimonio acumulado en el reinado de don Juan Carlos.

Porque previamente hemos conocido también un regalo de un volumen mucho mayor del rey Abdalá de Arabia Saudí, que luego había sido transformado en una donación a la muy amiga e intermediaria Corina Larsen, también con los habituales testaferros de por medio. Aunque este asunto de las comisiones del AVE a la Meca pueda haber quedado convenientemente cubierto por el periodo de inviolabilidad real. Una inviolabilidad que en un futuro ideal debería restringirse únicamente a los actos vinculados al cargo y no a cualquier posible responsabilidad civil o penal.

Por otro lado, hace un mes la fiscalía comunicó que se acababan de iniciar una nueva investigación a raíz de una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre movimientos multimillonarios en la Isla de Jersey, que apuntarían a don Juan Carlos de Borbón. Algo que ha sido desmentido por el entorno del rey emérito recientemente.

En el momento de la salida voluntaria de España del rey emérito, su abogado, como aclaración a la carta a la Casa Real en que éste comunicaba dicha decisión, y ante la inquietud creada tanto en España como en Suiza, donde había investigaciones abiertas por el fiscal del cantón de Ginebra, hizo pública la disposición en todo caso de don Juan Carlos a presentarse ante la justicia en el momento que esto le fuese requerido.

Está claro que ponerse a disposición de la justicia era entonces algo obligado, aunque sólo fuera para acallar los rumores sobre el carácter de su salida a un destino entonces desconocido, pero también ocultaba que el objetivo de la estrategia en marcha pudiera ser que la actuación de la justicia ni siquiera tuviese lugar.

En efecto, a pesar del conocimiento público y del escándalo consiguiente por los posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, ni la Agencia Tributaria ni la fiscalía anticorrupción tuvieron a bien comunicarle formalmente al rey emérito la apertura de la investigación o del procesamiento respectivo, y no fue  precisamente por garantizar su derecho a la presunción de inocencia, sino probablemente para poner coto a las consecuencias de su más que probable culpabilidad.

La razón para tal dilación estaría en que a pesar de que el artículo 305.4 del Código Penal considera fraude a Hacienda cuando el importe exceda de 120.000 euros, castigado con una pena de prisión de uno a cinco años, éste establece una excepción: “salvo que hubiere regularizado su situación tributaria”. Y especifica que se entiende regularizada cuando se haya procedido al “completo reconocimiento y pago de la deuda” antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones, de que la fiscalía, la Abogacía del Estado o el representante de la Administración “interponga querella o denuncia” o de que el ministerio fiscal o el juez “realicen actuaciones” que le permitan conocer la iniciación de diligencias.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción abrió hace más de un año las diligencias de investigación, referidas a los gastos que Juan Carlos I y otros miembros de su familia (entre los que no estarían los actuales reyes de España). Más tarde, la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de esta investigación en el mes de noviembre, traspasando las mencionadas diligencias a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que Juan Carlos de Borbón goza de aforamiento desde su abdicación en junio de 2014.

Pero, a pesar de ello, ni la Agencia Tributaria ha notificado el inicio de actuaciones ni tampoco fiscalía ha dado a conocer formalmente al rey emérito el inicio de tales diligencias. En consecuencia, han dado un tiempo más que prudencial al enfriamiento del enfado real por la ingratitud sufrida, a la reflexión pausada y sobre todo a la regularización que, aunque tardía, ahora conocemos y que en principio no traería aparejada ninguna responsabilidad adicional en el ámbito penal. Como se trataba de demostrar.

Por eso en el comunicado del abogado del rey emérito se asegura que la regularización de su cliente se realizó “sin requerimiento previo”, confirmando por tanto que a pesar del público conocimiento, ni la fiscalía ni la Agencia Tributaria le habían enviado notificación formal alguna.

Esta incomprensible, negligente y, por qué no decirlo, sospechosa ausencia de notificación formal por uno y otro lado ha facilitado que el rey emérito haya podido saldar esta deuda con el fisco, acogiéndose a la posibilidad que da el artículo 305.4 del Código Penal de no ser perseguido por delito fiscal, siempre y cuando ésta suponga una “regularización veraz y completa”.

Así, la regularización que se acaba de conocer le permitiría, además de eludir el delito fiscal en el ámbito penal, evitarse también una posible imputación por blanqueo de capitales en otras investigaciones aún abiertas, ya que para que exista este delito han de poder vincularse otros fondos encontrados como los de las Islas de Jersey con un ilícito previo.

Pero a pesar de esta fina estrategia de blanqueamiento real, no todo ha quedado regularizado, ya que si en la investigación del origen de la cantidad aportada a Hacienda para la regularización o en el resto de los fondos opacos investigados se descubre que Juan Carlos de Borbón ha cometido otros delitos fiscales, ésta regularización no le permitiría evitar una posible responsabilidad penal. La estrategia real ha ganado solo la primera batalla.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar y han ido desde la disculpa por parte de la derecha como actividades personales, a la crítica por corrupción de Podemos y a la posición ecléctica del presidente del Gobierno, que condena al pecador pero no al pecado, es decir que considera que defrauda la persona, pero esto no afecta a la institución, sin tener en cuenta que en una monarquía democrática la legitimidad de origen va íntimamente unida al ejercicio ejemplar en la jefatura del Estado.

Ha sido un director de un medio de comunicación de tirada nacional que se ha remontado al inicio de la Transición poco menos que para acusar a los ponentes y a la Constitución de no haber contemplado un patrimonio y una financiación suficiente para el rey, en la línea de otras grandes casas reales europeas, el que sin quererlo ha dado con el quid de la cuestión, ya que si el rey lo hubiera planteado, con toda seguridad que entonces nadie se habría podido negar.

El hecho de haber preferido mantener el patrimonio real en secreto y una subvención presupuestaria como la actual, demostraría que el patrimonio era ya lo suficientemente abultado para preferirlo a su regularización. En definitiva, después del último intento fracasado de borbonear en el 23-F, y su salida más que airosa, casi heroica, parece que la actividad del rey Juan Carlos como primer embajador de España se hubiera convertido en una fuente tan abundante como  irregular y opaca de ingresos. Unos fondos que hoy emergen día tras día  como consecuencia de las medidas adoptadas en el marco de la UE frente a los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales.

En este sentido, el precedente del caso Nóos habría puesto en evidencia tan solo un primer reflejo en miniatura de las actividades ilícitas de otros miembros de la familia real, utilizando las relaciones de la Casa Rreal como fondo de comercio.

Continuará.