La cuenta andorrana vinculada supuestamente a Juan Carlos I llegó a tener 10 millones
Según 'El Confidencial', el fondo estuvo controlado por Josep Cusí, el armador del Bribón con el que el monarca compitió en regatas.
La supuesta cuenta de Andorra vinculada a Juan Carlos I llegó a tener 10 millones de euros, según El Confidencial. Y el fondo estuvo controlado por un nuevo presunto testaferro, íntimo amigo del rey emérito, el armador Josep Cusí.
Cusí también pagó 269.000 dólares (221.000 euros al cambio actual) del viaje en 2004 de luna de miel de los reyes Felipe y Letizia. Fue en ese año cuando la cuenta en el banco Andbank descubierta por el fiscal suizo que investiga la fortuna de Juan Carlos I, Yves Bertossa, comenzó a operar.
Durante los primeros cuatro años, el saldo medio de la cuenta osciló en torno a los siete millones de euros. Aunque en ese lapso se registraron ingresos que llevaron a la cartilla a registrar picos picos de hasta 10 millones, según explican las fuentes consultadas por el El Confidencial.
Una cuenta que acerca al rey emérito al banquillo
Esta supuesta cuenta demostraría que la última regularización ante el fisco de Juan Carlos I no fue veraz, según explicó a este diario el economista y exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo. En caso de que la Agencia compruebe que la última declaración del rey emérito no fue completa, el anterior jefe del Estado incurriría en un presunto delito fiscal que le acercaría, irremediablemente, al banquillo.
Lo cierto es que si se confirma que el monarca usó la sociedad panameña Stream S.A., controlada por terceros, para ocultar presuntamente un depósito en Andbank operativo hasta 2016, Juan Carlos I perdería el halo de protección que buscó con la regularización de más de cuatro millones de euros que presentó en febrero por “incremento injustificado de patrimonio”.
Esta supuesta nueva cuenta puede complicar la situación judicial de Juan Carlos I. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres investigaciones relativas al patrimonio oculto del exjefe del Estado. Por eso el monarca, para eludir responsabilidad penal alguna, presentó dos regularizaciones por las que ha pagado más de cinco millones de euros.
El problema es que ambas regularizaciones están relacionadas únicamente con el dinero que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y con los vuelos privados que le costeó la Fundación Zagatka, que gestiona su primo y supuesto testaferro, Álvaro de Orleans. Según El Confidencial, no consta que Juan Carlos I haya comunicado a la Agencia Tributaria información alguna sobre fondos en bancos de Andorra.
El rey emérito, no obstante, tiene a la Agencia Tributaria muy encima, porque también está investigando sobre la procedencia de los 4,4 millones de euros que Juan Carlos I abonó en la última regularización y que atribuyó a un despliegue de solidaridad de amigos y empresarios españoles con el que regó las arcas públicas en concepto de cuotas impagadas por el IRPF durante varios ejercicios.
Una gran amistad
Juan Carlos I y Josep Cusí tienen una relación labrada durante más cuatro décadas. Ambos han sido fotografiados juntos en decenas ocasiones, conectados por la pasión del rey emérito por la vela. No obstante, Cusí financió la compra de las diferentes embarcaciones Bribón que utilizó Juan Carlos I para participar en regatas todo tipo.
La primera fue en 1976. Y la última, botada en 2015, fue con la que Juan Carlos I se proclamó campeón del mundo apenas dos años después en Vancouver. Según El Confidencial, a partir de 2016, tras el cierre de la cuenta de Andorra ese mismo año, el rol de mecenas del último Bribón fue asumido por otro personaje próximo a Zarzuela: el banquero venezolano José Álvarez Stelling.
La clave del asunto de la cuenta andorrana sigue siendo el origen temporal del dinero, por la inviolabilidad de la que se benefició Juan Carlos I hasta 2014 por su condición de jefe del Estado. Pero supuestamente la cuenta se cerró en 2016 tras la aplicación de un acuerdo internacional impulsado por la OCDE y suscrito por Andorra que instó a las autoridades del Principado a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran activos en su territorio.
El lapso para que un delito fiscal prescriba es de 5 años —10 a partir de la última reforma del código penal—, pero el mínimo son 5. Y el plazo para la prescripción del ejercicio fiscal de 2015, el primero en que Juan Carlos I ya no estaba protegido, empieza a contar en junio de 2016, por lo que ese ejercicio no prescribe hasta este mes de junio.
