Cuando la ciudadanía toma la palabra, la UE debe escuchar

Cuando los procedimientos para la deliberación y las decisiones propias de la escala gigántica de la integración europea se complican hasta el punto de oscurecer su entendimiento, suele ser el momento para el saludable ejercicio de regresar a los principios: time to be back to basics. Y no hay principio más básico que el que nos refresca la conciencia de que la UE se reclama del estado de derecho, la democracia y los derechos de la ciudadanía (arts. 1 y 2 TUE, según el Tratado de Lisboa).

Buena ocasión de recordarlo es la celebración, esta misma semana, del día internacional contra la LGTBIfobia y contra toda forma de discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, expresamente proscrita por los arts. 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que entró en vigor con el TL.

Viene esto a cuento de la complejidad con que ha venido a articularse la puesta en marcha de la Conferencia sobre el futuro de la UE (CoFEU, por sus siglas en inglés), ambiciosa iniciativa de la que puede desprenderse un reseteo del proyecto de la construcción europea. Y ello porque si hay un test o examen del que dependa el éxito o eventual irrelevancia de la CoFEU, ese es el que le impone su capacidad de conectar eficazmente con la ciudadanía europea —pese a los inmensos retos de hacerlo en tiempos de covid—, y servir como canal para la comunicación de sus preocupaciones y sus aportaciones. Dicho en otras palabras, de trascender lo que se llama “la burbuja de Bruselas” (Brussels bubble).

Los más relevantes tratadistas han prestado a este punto la atención que merece: la CoFEU ha sido diseñada para intentar, por una vez, un bottom-up excercise: una reflexión activada de abajo a arriba, desde la escala básica del patio de vecindad de la sociedad abierta hasta el directorio tripartito de las tres instituciones (Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo de la UE), en un proceso de consulta de una amplitud y envergadura sin precedentes hasta ahora.

Es cierto que la pandemia ha condicionado un retraso respecto del calendario inicialmente previsto. Pero, una vez lanzada, es obligado aparcar las tensiones suscitadas por egos y protagonismos —quién impulsaría, lideraría o presidiría el foro— y centrarse en el objeto, expuesto como está a desarrollos potencialmente alternativos. El planteamiento incoado desde el PE se abre ya paso: involucrar la participación de las asambleas o ágoras transnacionales de ciudadanía y expresión de pluralismo social, lingüístico e identitario, desembocando en un plenario para la puesta en común de las propuestas planteadas sobre las que dialogar.

Pero este punto hace inevitable la conexión de la CoFEU con la perspectiva de la reforma de la —elusiva— cuestión de una reforma institucional de la arquitectura europea, aprendiendo de experiencias anteriores (como la Convención constitucional que en 2003 presidió Giscard D’Estaing, antiguo presidente de Francia) y evitando repetir los errores ya ensayados. ¿De qué reformas hablamos? ¿En cuáles puede pensarse?

En la óptica general de los cuellos de botella del Decision-Making Process, baste empezar por acabar con la regla de la unanimidad en la política exterior, seguridad y defensa: la maduración de la UE en la arena global es un desafío inexorable. Europa no jugará en la liga de los actores globales (to be a player, not a payer) mientras su Alto Representante y jefe de la Diplomacia (en la actualidad, el High Rep Josep Borrell) se limite a declamar declaraciones tasadas por el mínimo denominador común entre 27 EE.MM.

Y en la fiscalidad y el poder impositivo: el principio democrático históricamente afirmado rezaba, como es conocido, no taxation without representation. Pero la UE —y singularmente el PE— se enfrentan como nunca al reto democrático de afirmar su reverso: no representation without taxation (lo que exige consagrar una potestad tributaria genuinamente europea —EU Tax Power— que vaya más allá de la reserva competencial del Consejo Europeo con consulta preceptiva al PE sobre los Recursos Propios de la UE).

Como otro tanto cabe esperar de un refuerzo del poder de iniciativa legislativa en el PE, actualmente encuadrada en la técnica prevista en el art. 225 TFUE (mediante los denominados informes de iniciativa que demandan la adopción de un proyecto normativo por parte de la Comisión Europea, en los denominados INI Reports, equivalentes a las proposiciones no de ley (PNL) del Derecho parlamentario español).

Como sobre el robustecimiento de la función de control parlamentario del PE sobre la Comisión Europea y el Consejo (Presidencia rotatoria) sobre asuntos europeos, en tanto las dos instituciones no se fundan a los efectos de su sometimiento a la técnica de las preguntas orales en un Question Time europeo.

Recientemente he publicado mi libro El Parlamento Europeo: una experiencia única, en que acometo en detalle un análisis comparado del parlamentarismo que se practica en el PE con el modelo dominante en los parlamentos nacionales de los EE.MM., altamente estructurado (rígido, reglamentista y grupocrático en la medida en que todos y cada uno de sus actos y procedimientos han sido sometidos al dominio de las cúpulas de los grupos parlamentarios).

Ha de notarse de inmediato que, vistos lo bastante de cerca, todos los parlamentos nacionales en los países de la UE han perdido terreno ante los Ejecutivos (Gobiernos). No en vano, la calidad distintiva de los parlamentos que merecen ese nombre reside precisamente en la vinculación del sufragio universal y directo de la ciudadanía con un mandato dirigido a la formación de Gobierno investido por aquel y responsable ante él mediante el sostenimiento de la relación de confianza, en modo que, cuando esta se rompe (denegación de una cuestión de confianza o aprobación de un voto de censura), cae el Gobierno y recomienza la aventura democrática.

En todos los parlamentos nacionales de los EE.MM. es un hecho indiscutible que, a partir de la misma investidura, cada Gobierno desplaza al respectivo parlamento en la potestad legislativa (haciendo prevalecer sus proyectos de ley y sus decretos leyes), en la función presupuestaria (elaborando el presupuesto y vetando toda enmienda que implique aumento del gasto) y hasta en la de control (la mayoría parlamentaria refuerza con su apoyo al Gobierno, en lugar de controlarlo).

Ello no empece, sin embargo, al interés de reforzar el mandato representativo que se incorpora al voto de la ciudadanía, con la carga de razón que da la deliberación. El voto y legitimación directa de la ciudadanía es, así, la diferencia del PE con las restantes Instituciones de la UE: la palabra decisiva de la ciudadanía en el voto es la que determina que el PE sea la única institución directamente dimanante del sufragio universal y motor de legitimación del proceso europeo. Es también esa palabra de la ciudadanía la que decide cuál será en cada legislatura la correlación de fuerzas, con plena carga de futuro (así, en el techo de gasto, el MFF y el presupuesto anual de la UE).

Pero, como se sabe, la democracia no se agota en el ejercicio del voto. Cuando la ciudadanía tiene turno de palabra, cada espacio político que se reclame democrático tiene el deber de escuchar. Esa obligación política acaba de activarse ahora en un procedimiento inédito para repensar Europa y marcar la diferencia en la CoFEU. La ciudadanía tiene turno de palabra sobre el futuro de la UE. Es momento de escuchar.