Críticas al Gobierno por "discriminar" al 'Open Arms'
Las 87 personas que llegarán mañana a Algeciras no recibirán "ningún estatus especial" ni permiso de estancia, como sí paso con los rescatados por el 'Aquarius'.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "discriminar" y "vetar" a los 87 pasajeros del Open Arms que mañana jueves 9 de agosto desembarcarán en el puerto de Algeciras (Cádiz) tras ser rescatados en aguas del Mediterráneo.
Fuentes gubernamentales aseguraron a Europa Press que los migrantes no recibirán "ningún estatus especial" ni permiso de estancia en España, al contrario que los 629 inmigrantes y refugiados del Aquarius que desembarcaron el pasado 17 de junio en el puerto de Valencia, a los que se les concedió un permiso de entrada extraordinaria a España por motivos humanitarios de 45 días. Por su parte, los 60 migrantes que llegaron al puerto de Barcelona el 4 de julio tras ser rescatados por el Open Arms recibieron un permiso humanitario especial de 30 días.
Desde Red de Inmigración han destacado el "cambio de rumbo" del Ejecutivo, al que ha acusado de "vetar" que las personas integrantes del buque Open Arms que desembarcará en Algeciras puedan tener los mismos permisos que tuvieron cuando el mismo barco desembarcó en Barcelona.
"Agradecemos que España siga siendo puerto seguro y que sea un muro eficaz ante el populismo de Salvini y Le Pen, pero reclamamos que no provoque una evidente discriminación entre casos que son idénticos", ha afirmado el presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Méndez.
A su juicio, "España puede y debe hacer lo que estaba haciendo: dando una lección de humanidad, guste o no al conservador Ministro del Interior" que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La red solicitará ante el Congreso de los Diputados a través de los grupos parlamentarios que mediante una Proposición no de Ley se inste al Gobierno a elaborar, en colaboración con las organizaciones sociales, sociedad civil y organizaciones implicadas en la acogida, un protocolo de trabajo conjunto en estos casos propio del país que amplíe el mandato europeo.
