El Congreso acepta el suplicatorio del Supremo para procesar penalmente a Alberto Casero
El Alto Tribunal actuará contra Casero al apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación.
El Congreso de los Diputados ha aceptado este jueves el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para procesar penalmente al diputado Alberto Casero (PP) al apreciar indicios racionales de prevaricación y malversación en unos contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
Tras la petición del Alto Tribunal, el suplicatorio ha sido votado a puerta cerrada y aceptado por unanimidad, con 340 votos, según han indicado a EFE fuentes parlamentarias.
También la Comisión del Estatuto del Congreso aprobó el dictamen en el que aceptaba la petición del Alto Tribunal por unanimidad.
El suplicatorio a la Cámara Baja es un trámite necesario para continuar con el procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) a Casero, que al implicar una inculpación formal requiere la autorización del Congreso.
El Tribunal Supremo actuará penalmente contra Casero al apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación en contratos en marzo de 2017 y diciembre de 2018 en los que se habría incumplido “todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”.
El perjuicio indiciario al Ayuntamiento de Trujillo “superaría los 50.000 euros” en pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados.
Admitió “irregularidades administrativas”
El 20 de junio, el diputado popular admitió “irregularidades administrativas” en las adjudicaciones de cinco contratos públicos cuando era alcalde pero que ni mucho menos incurrió en una prevaricación o malversación de caudales públicos.
El PP mantiene un expediente abierto contra su diputado y aplicará a futuro los estatutos de la formación, que prevén que el expediente pase a ser disciplinario cuando se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral y que este resuelva en el momento en el que se dicte la sentencia, no firme, o el auto de sobreseimiento.
Además, los estatutos contemplan la suspensión “provisional de afiliación” acordada de forma “automática” por el Comité Nacional de Derechos y Garantías “cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”.
Casero, que en la anterior dirección del PP era secretario de Organización, fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral, aunque mantiene recurrida esta votación ante el Constitucional.
