Condenan a 12 años de cárcel a un hostelero por explotación de trabajadores mexicanos y abusos sexuales a empleadas
El restaurador vasco introdujo ilegalmente a tres extranjeros para trabajar en un local de Irún.
Un restaurador vasco ha sido condenado a penas que suman doce años y nueve meses de cárcel por introducir ilegalmente en España a tres trabajadores mexicanos para explotarlos laboralmente en su local de Irún (Gipuzkoa), donde además abusó sexualmente de otras dos empleadas.
Durante el juicio por estos hechos, celebrado en un juzgado de San Sebastián, el inculpado llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular por el que se conformó con la pena propuesta como responsable de tres delitos de ayuda a la entrada y tránsito de ciudadanos extranjeros en España, de un delito de tráfico ilegal de mano de obra y de otros tres de explotación laboral.
El cocinero reconoció otros dos delitos de abusos y uno más de acoso sexual. No obstante, en todos estos casos le fueron suspendidas las condenas de cárcel, puesto que ninguna de ellas es individualmente superior a los dos años de prisión. La sentencia recoge un episodio de abusos sexuales sufridos por una mujer que había sido contratada para limpiar el restaurante, a la que el acusado “tocó en alguna ocasión los glúteos” con ánimo “de satisfacer sus deseos sexuales”, “llegando en alguna ocasión a intentar subirle la falda”.
Horario de martes a domingo y sobras del restaurante
La sentencia aclara que las víctimas trabajaban “sin formalizar contrato” laboral, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y en “gravosas condiciones”, con “extensos horarios de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.30 horas” y con una “baja retribución económica”.
La resolución aclara que a los perjudicados tampoco se les proporcionaba sustento “suficiente”, ya que solo se les ofrecía la “comida sobrante del restaurante”, “prevaliéndose el acusado de la situación de necesidad en la que se encontraban por la dependencia económica y personal” que sufrían, entre otras causas, por “temor a perder el trabajo por su condición de extranjeros no comunitarios”.
El procesado deberá indemnizar en conjunto a sus cinco víctimas con 5.620 euros, además de abonar distintas multas y comprometerse a no volver a delinquir en los dos próximos años, así como a realizar distintos trabajos en beneficio de la comunidad.